Sanidad da un mes a las comunidades del PP para que remitan los datos sobre los cribados antes de ir a los tribunales

El Ministerio de Sanidad ha hecho un requerimiento oficial a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que entreguen los datos de los programas de cribados del cáncer de mama, cérvix y colorrectal. Ya hubo una petición cuando estalló el escándalo en Andalucía, donde más de 2.300 mujeres no recibieron resultados de sus pruebas dudosas. Ahora, Sanidad da un plazo de un mes para recibir los datos antes de poner el caso en manos de la Justicia, según ha anunciado este martes la ministra Mónica García tras el Consejo de Ministros.

García ya había anunciado “acciones legales” en caso de no recibir los datos de los cribados, después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular (11 de las 17) anunciaran que se negaban a facilitar las estadísticas. Según García, el resto de las autonomías o los han remitido o han mostrado su disposición a hacerlo.

Fuentes del PP denuncian que es el Gobierno el que está incumpliendo su obligación a la hora de poner en marcha la aplicación necesaria para que se vuelquen los datos requeridos. “Los gobiernos autonómicos del Partido Popular remitirán en los próximos días aquellos indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que no son otros que la cobertura, la participación y la tasa de detección de los cribados”, señalan estas fuentes.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, critica que la ministra está en una “huida hacia adelante”. Un portavoz de su departamento apunta que “no existe un sistema fiable, legal, autorizado y vigente” que permita enviar los datos. El sistema de información no está desarrollado. “¿Dónde le damos los datos al ministerio, dónde se los volcamos?“, se pregunta.

García, sin embargo, ha requerido los datos “de inmediato”. Se ampara en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tal y como hizo con el registro de objetores de conciencia en las tres autonomías que todavía no lo habían creado: Aragón, Baleares y Madrid. Las dos primeras ya iniciaron los trámites, pero Madrid todavía no.

Sanidad invoca su derecho a pedir los datos basándose en las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud —Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011—, que atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en materia de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública.

En ellas se recoge la responsabilidad del Gobierno central de garantizar que los sistemas de información sean homogéneos, oportunos y útiles para la toma de decisiones. García esgrime, además, que la Ley General de Salud Pública establece que las comunidades autónomas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos de vigilancia y proporcionar la información solicitada por las autoridades sanitarias, con la desagregación y periodicidad necesarias.

En la carta que Sanidad ha enviado a las comunidades les solicita los indicadores de los cribados “en aras de la lealtad institucional y de la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Salud”.

“En el caso de no tener disponibilidad de todos los indicadores, que se remitan los resultados de aquellos que estén disponibles con la información existente hasta este momento, o aquellos que se utilizan para la evaluación de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en tu comunidad autónoma”, continúa la misiva.

La carta hace referencia al Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, un protocolo que el ministerio y las propias comunidades acordaron en abril para centralizar todos los datos de los cribados.

Los consejeros populares se quejan de que el sistema informático que da soporte a ese protocolo todavía no existe, por lo que no es posible facilitar los datos de forma reglada y homogénea. Por este motivo, los responsables de sanidad del PP abandonaron el pasado 24 de octubre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebraba en Zaragoza.

Confrontación con las comunidades

En su día, comunicaron por carta al ministerio que no iban a enviar esos datos con distintos motivos. Mientras la Comunidad Valenciana argumentaba que no existe un requisito legal para ello, La Rioja esgrimía la inexistencia de la plataforma informática, y Madrid que Sanidad usaría esa información en contra del Gobierno de Ayuso.

La ministra los calificó de “cafres” por “boicotear la transparencia y la información que deben dar a la ciudadanía”. Los consejeros acusaron a García de haber “transformado el Consejo Interterritorial en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento”.

El documento de consenso, en cualquier caso, no está destinado a conocer cómo se notifican las pruebas a los pacientes ―su creación es de antes del escándalo andaluz―, sino a tener una imagen nacional de los resultados de los cribados: cuántas personas se someten a ellos, cuántos cánceres se detectan, en qué momento.

García ha pedido a las comunidades populares transparencia y las ha acusado de “deslealtad” por no remitir los datos. “No son de los Gobiernos. No son del señor Moreno Bonilla, de la señora Ayuso o del señor Mañueco. Pertenecen a los ciudadanos y ciudadanas”, ha dicho.

La ministra cree que los consejeros están “encubriendo” a la Junta de Andalucía por su gestión en los cribados de mama, o encubriéndose “a ellos mismos”. “Esto pone en riesgo la confianza en el sistema sanitario. Si ocultan algo, no lo vamos a permitir. Las mamografías son sagradas”, ha zanjado.

El Partido Popular se defiende: “Los gobiernos del PP vuelven a demostrar su transparencia y disposición a colaborar. Nunca se han negado a facilitar los datos sobre los cribados, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales no oficiales”.