Las condiciones laborales de 700.000 sanitarios, encalladas en una negociación sin acercamientos, con huelgas y movilizaciones

Después de tres años de negociaciones en torno al nuevo estatuto marco para los sanitarios, la ley que rige las líneas fundamentales de las condiciones de trabajo de 700.000 empleados públicos, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos parecen cada vez más alejados. El borrador, un extenso documento que, entre otras muchas medidas, reduce las guardias médicas y modifica las categorías profesionales, ha sido rechazado con movilizaciones del sector (una multitudinaria tuvo lugar este pasado miércoles frente a la sede del ministerio) y dos huelgas específicas de médicos: la segunda, este viernes.

Es posible que algunas consultas se vean afectadas, pero los procesos urgentes están garantizados gracias a los servicios mínimos. En la última huelga, del pasado junio, el seguimiento fue dispar y su incidencia varió mucho en función de territorios, incluso de centros dentro de las mismas ciudades. Al no ser obligatorio notificar qué profesionales irán al paro, es imposible saber a qué ciudadanos puede afectar.

Más allá de la huelga, el descontento es generalizado entre los representantes de los trabajadores, pero existen varias sensibilidades. Por un lado, la de los principales sindicatos médicos, y por otro, el resto de los trabajadores del sistema: enfermeras, auxiliares, celadores, incluso médicos no asociados a los sindicatos específicos de la profesión.

Todos coinciden en reivindicar jornadas de 35 horas, mejoras salariales, posibilidad de jubilación parcial y anticipada, y medidas de conciliación, entre otras. Los médicos, además, quieren un estatuto propio que regule lo que consideran que son condiciones específicas, dada su mayor formación y responsabilidad en el sistema.

Sanidad se ha negado reiteradamente a esto. La última vez, en una reunión con el comité de huelga, esta semana. “El ministerio considera esta propuesta inaceptable, ya que supondría romper el marco común que garantiza la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y abrir una vía de segregación para un solo colectivo, en perjuicio del resto de profesionales sanitarios y de la propia organización del sistema”, señala el departamento de Mónica García en un comunicado.

Defiende que el borrador actual ya incorpora mejoras dirigidas específicamente al colectivo médico: un capítulo específico dedicado a los facultativos, Ofertas Públicas de Empleo (OPE) cada dos años para acabar con la temporalidad, facilidad de movilidad geográfica con concursos abiertos y permanentes cada año...

El ministerio propone sustituir una norma de 2003 que todas las partes consideran desfasada por otra con mejoras en las condiciones que a los sindicatos les parecen insuficientes, poco realistas o ambas cosas.

“Las reuniones con el ministerio son decepcionantes”, se queja Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha convocado la huelga del viernes junto al Sindicato Médico Andaluz. “No aborda el principal talón de Aquiles del sistema, que es la falta de médicos. Hagamos estatuto médico propio para captar y fidelizar profesionales, incentivador, que no nos discrimine, que permita conciliar”, añade.

Las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que se manifestaron el miércoles frente al ministerio, se quejan de la “falta de respeto” de la ministra al personal de la sanidad, en palabras de Fernando Hontangas, presidente del sector de Sanidad de CSIF. “Pretenden dar carpetazo [al texto] sin incluir las cuestiones esenciales: retribuciones justas, jornadas de 35 horas, realistas y saludables, derecho a la jubilación anticipada”, añade.

En la última reunión, celebrada este jueves, Sanidad se comprometió a celebrar reuniones monográficas sobre estos temas.

Jornadas de trabajo

El texto incluye una remodelación de las jornadas y las guardias, que son una de las medidas estrella de Sanidad. Ahora son de 24 horas, algo que Sanidad quiere limitar a un máximo de 17, con un tope de 45 horas de trabajo semanales para los profesionales que las hacen. Es insuficiente para los sindicatos, que piden que el máximo sea de 35 en todas las comunidades autónomas.

También quieren que las horas de las guardias sean reconocidas como horas extra, lo que supondría una mayor remuneración y su conteo en la cotización, lo que les facilitaría, por ejemplo, una jubilación anticipada. Sanidad considera que en la función pública no existen las horas extraordinarias y por ello las guardias son un tipo de jornada diferente de la ordinaria.

Además, el ministerio replica que el establecimiento de retribuciones complementarias es competencia autonómica. “Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias”, explicó en una nota de prensa la semana pasada.

Categorías profesionales

El estatuto incluye una modificación de las categorías profesionales que se corresponde con la nueva estructura de grados universitarios. Está previsto que los facultativos especialistas sean nivel 8, las enfermeras especialistas nivel 7, y así sucesivamente.

Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de enfermería Satse, cree que la nueva clasificación se puede quedar en un cambio de nomenclatura si no hay modificaciones retributivas. “Queremos saber a qué se refieren. No que marquen unas cantidades, sino de qué estamos hablando con esas categorías”, sostiene.

Esto abre uno de los grandes melones del estatuto: la contratación del personal sanitario es competencia de las comunidades autónomas, y son ellas las que deben fijar salarios. Ante las peticiones de mejoras retributivas de los sindicatos, Sanidad encargó un informe a la Dirección General de Ordenación Profesional, que concluye que no es competencia del Estatuto Marco, una ley nacional que tendrá que ser aprobada en última instancia en el Congreso de los Diputados.

Competencias

La ministra dijo el miércoles en rueda de prensa que el texto “no va a contener cosas que no puede contener”. Puso el ejemplo de las retribuciones y las jubilaciones. “Pertenecen a otros textos legales y nosotros no podemos invadir las competencias. El estatuto regula las condiciones básicas en las que tienen que trabajar nuestros profesionales, les otorga derechos y deberes que tienen que ser comunes a todos los profesionales sanitarios”, dijo.

Ante este argumento, Villaseñor se queja de que ellos no negocian con Sanidad, sino con todo un Gobierno: “Es obligación del ministerio hacer las gestiones con otros departamentos y con las comunidades autónomas para llegar a consensos”.

El jueves, en la primera reunión que sentó a Sanidad, a los sindicatos y a las comunidades autónomas, los representantes de los trabajadores se quejaron de que no acudieran los ministerios de Hacienda ni de Función Pública. También criticaron que los responsables autonómicos “hayan trasladado su interés de que la norma se vacíe de contenido” con el argumento de una presunta invasión de competencias.

No se guardará “en un cajón”

Pese a las discrepancias, muchas de las cuales parecen irresolubles, la ministra ha dejado claro esta semana que el texto va a continuar su tramitación: “No lo vamos a meter en un cajón, no vamos a tirar por tierra un trabajo de tres años y 60 sesiones que han llevado a mejoras muy sustanciales en las condiciones laborales de nuestros profesionales”.

García siguió abierta al diálogo, pero dejó entrever que, con o sin acuerdo, seguirá su curso: “Tiene que llegar al Consejo de Ministros y tiene que pasar a la siguiente fase, que es la de la audiencia pública y la de la presentación de las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. No vamos a frenarlo”.

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, rechazan esta posibilidad: “Es necesario seguir trabajando en el estatuto marco, en el marco del ámbito de negociación, para evitar que el Gobierno apruebe en solitario una ley perjudicial, cicatera e injusta”.