El Papa expulsa en Perú a otros dos dirigentes del Sodalicio por pederastia y abuso de poder

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Papa continúa la limpieza a fondo que ha emprendido en el Sodalicio de Vida Cristiana, el poderoso grupo religioso ultraconservador de Perú, con rasgos de secta, en el que han surgido decenas de denuncias de abusos sexuales y de poder. Oficialmente, la organización admite 67 víctimas, aunque se estima que son al menos un centenar. Este lunes, la nunciatura vaticana en el país latinoamericano ha anunciado la expulsión de la organización de otros dos altos cargos, que se une a la del fundador, Luis Figari, en agosto, y de otros diez miembros de la cúpula, el pasado mes de septiembre. Esta vez se trata de José Andrés Ambrozic Velezmoro, que fue vicario general de la agrupación, y el sacerdote Luis Antonio Ferroggiaro Dentone, que fue superior de comunidad. En la nota también se incluye a otro miembro, Ricardo Trenneman Young, que ya estaba entre los expulsados de septiembre, pero es ahora cuando se ha hecho efectivo el decreto y se incluyen nuevas acusaciones. Los tres están acusados de abuso sexual, ”en algún caso” también de menores, y abuso de poder. Antiguos miembros del Sodalicio confirman que existen acusaciones de pederastia contra los tres.

“Para adoptar tal decisión se ha considerado el escándalo por el número y la gravedad de los abusos denunciados”, explica el documento, que llega tras la investigación abierta por el Papa y el envío a Perú de dos de sus hombres de confianza este verano, el español Jordi Bertomeu y el arzobispo maltés Charles J. Scicluna. El cardenal electo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima ha manifestado en un artículo en EL PAÍS que, en su opinión, el Sodalicio debería ser suprimido.

“Se trata de abusos del cargo y de la autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de bienes eclesiásticos, así como de abuso sexual, en algún caso incluso de menores”, prosigue el texto. El Papa y los obispos peruanos, concluye, “piden perdón a las víctimas”, y también ruegan al Sodalicio que “sin más dilación, inicie un camino de justicia y reparación”. Sin embargo, es precisamente esta última frase la que las víctimas de estos abusos ponen más en duda.

Martin Scheuch, de 61 años, una de las víctimas que ha encabezado estos años las denuncias y las investigaciones del Sodalicio, está indignado. Pasó 30 años en esta agrupación, de 1978 a 2008, y la conoce a fondo. En conversación telefónica, asegura que tanto la organización como el Vaticano han desoído su denuncia contra uno de sus sacerdotes más poderosos, Jaime Baertl, que ha dirigido el imperio económico creado en torno a este grupo. Él y muchas otras víctimas aún esperan ser indemnizados, mientras el Sodalicio atesora un inmenso patrimonio oculto y, advierte, puede llegar a desentenderse de las compensaciones porque, oficialmente, no posee nada.

“La ingeniería financiera diseñada por Baertl, con sus contactos en el mundo de la política peruana y vaticana, logró ocultar sus ganancias fraudulentas al fisco peruano y, ahora, a las víctimas del Sodalicio”, explica Scheuch. “Si preguntas por una reparación económica, te dirán que no tienen absolutamente nada. Y técnicamente es cierto: como ente jurídico no posee nada. Poseen un imperio económico que ahora pretenden ocultar a la Fiscalía del Crimen Organizado que los investiga en el Perú”.

El Sodalicio ha podido construir en los últimos 24 años un imperio empresarial bajo el amparo del concordato entre Perú y la Santa Sede, que fue firmado en 1980 el último día de la dictadura del general Morales Bermúdez. Según Scheuch, en democracia no hubiera sido posible. Las investigaciones periodísticas han calculado ese entramado económico en mil millones de dólares. “Toda la ingente fortuna que el Sodalicio burla al Estado peruano, a la misma Iglesia y ahora a las víctimas se ha hecho gracias al concordato. Las víctimas no nos quedaremos con los brazos cruzados si el Vaticano, después de 24 años de ningunearnos y maltratarnos con comisiones amañadas, ahora nos deja de nuevo tiradas. Si un concordato sirve para amparar este tipo de delincuencia organizada, mejor que no exista”. Se están planteando una campaña para que el estado peruano denuncie el concordato. La Santa Sede, confirman fuentes vaticanas, está ultimando la investigación, aún pendiente, de todo el entramado económico del Sodalicio.

La investigación que destapó el escándalo en Perú es obra de dos periodistas, Paola Ugaz y Pedro Salinas, que en 2015 publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados. Desde entonces han sufrido una persecución en los tribunales, que dura hasta hoy. Ugaz ha ido relatando en sus reportajes que el entramado económico del Sodalicio despega con el negocio de los cementerios privados de lujo, a partir de 2000. Gracias al concordato firmado en 1980, pudieron gestionarlos como “misiones” y quedar al margen del pago de impuestos. Ganaban entre un 30% y un 50% más que la competencia. Fue posible gracias a una interpretación forzada de las reglas avalada por dos juristas canónicos, el español Luis Martínez Sistach, luego cardenal y arzobispo de Barcelona, y el italiano Gianfranco Ghirlanda.

“En un país como Perú con tanto dinero negro, principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal, aquellos negocios amparados por el aura de respetabilidad de la Iglesia, prometían pingües beneficios a los que quisieran blanquear allí dinero: la intervención de la nunciatura, en aquel momento, permitió considerarlos islas tributarias exentas de todo control”, relata Scheuch. La investigación periodística, prosigue, ha desvelado que el beneficio de los cementerios “convenientemente lavado en sociedades off shore, era invertido por los jerarcas del Sodalicio en otros negocios y empresas inmobiliarias, mineras, agrarias, educativas”.

Scheuch enumera las sociedades en paraísos fiscales constituidas por Baertl y sus colaboradores en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y, tras el escándalo de los Panama Papers, reubicadas en Denver, Estados Unidos. Una de ellas se llamó PUSAN, “es decir, puta y santa, como gustaba a Baertl denominar a la Iglesia”. Luego se denominó San Ignacio de Loyola. Siguieron otras como Alma Minerals Limited, Providential Inc y Santa Rosa de Lima.

Nueve obispos peruanos implicados en la trama

Esta trama ha implicado a nueve obispos, uno por cada cementerio en distintas zonas del país. “El obispo local recibía un pago fijo al año por callar ante lo que ocurría bajo sus narices, se volvieron cómplices de lo que ocurrió en sus cementerios”, afirma esta víctima. Sin embargo, en 2020, cuando empezaron las investigaciones judiciales y del Vaticano, según relata, “el Sodalicio los puso en un fideicomiso de la empresa Acres Sociedad Titulizadora, fundada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”.

Toda está información es pública, pero de momento Jaime Baertl sigue siendo intocable, denuncia Scheuch. “Con todo lo que se sabe hasta ahora sobre él, ni el Dicasterio para los consagrados ni el Dicasterio para el Clero han tomado medidas. ¿Por qué los superiores de la Curia romana nunca han investigado, encubriendo así a Jaime Baertl? ¿Acaso el lobby sodálite [nombre que reciben los miembros del grupo] ante la Curia romana les frena?”.

Pero además, al margen del entramado económico, Scheuch espera una respuesta a su caso personal como víctima de abusos. Relata que en 1979, cuando tenía 16 años, Baertl le obligó a desnudarse y simular una fornicación con una silla. “Aquel acto obsceno, absurdo y denigrante, realizado por un adolescente a pedido de su director espiritual y en su presencia, marcaría por siempre jamás mi vida”, explica. Sin embargo, el Sodalicio le negó en 2016 el reconocimiento como víctima y una compensación. “Lo único importante era proteger a Baertl y mantenerlo limpio de toda acusación”. También envió al Vaticano su denuncia contra el sacerdote hasta en dos ocasiones. Al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y al del Clero. “Nunca recibí una respuesta, ni siquiera un acuse de recibo”, afirma.