Exalumnos de jesuitas piden a la Fiscalía, los Mossos y la Generalitat actuar de oficio ante los abusos sexuales

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Exalumnos del colegio de Jesuitas Casp en Barcelona consideran “imprescindible” que los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía y las consejerías de Educación y de Justicia actúen de oficio ante los abusos sexuales cometidos por parte de religiosos del centro hacia los menores que estudiaban en él.

Así consta en un informe elaborado por los exalumnos y que ve la luz un año después de que saltasen a la esfera pública, gracias a varias informaciones de EL PAÍS, los abusos sexuales cometidos por religiosos hacia varios alumnos en el centro de Jesuitas Casp.

En mayo de 2023, tras las publicaciones de este periódico, varios exalumnos del colegio se movilizaron, crearon un grupo de apoyo a posibles víctimas y 234 antiguos estudiantes del centro firmaron una carta pidiendo acciones más contundentes a los responsables del colegio ante las denuncias de abusos y que se abriese la vía de la justicia ordinaria contra el religioso Francesc Peris, acusado de abusos sexuales a menores y que en las últimas semanas ha acabado reconociendo los hechos.

El caso de Peris fue destapado por EL PAÍS 2023 cuando se hizo público el diario secreto del jesuita español Alfonso Pedrajas que admitió en un documento haber abusado de 85 niños entre 1972 y los años 2000. Tras estirar del hilo se destapó que el jesuita Francisco Peris también estaba involucrado en la comisión de abusos. Peris fue enviado por la orden a Latinoamérica a comienzos de los años ochenta tras abusar de menores en Barcelona. En el curso de 1983, abusó de varias menores en Colombia. Regresó a Barcelona, al colegio de Casp, y allí volvió a cometer abusos contra menores. La orden en España, tras dos años negando que no disponía información sobre este religioso, admitió que en 2005 le apartó por “conductas inapropiadas” a una residencia de ancianos, donde sigue viviendo. Otro caso que cobró importancia fue el de Luis Tó, condenado a dos años de cárcel en 1992 por abusar de una menor. Fue enviado a Bolivia y allí siguió abusando de menores.

En el informe redactado por los exalumnos denuncian que en este año la Compañía de Jesús “no ha dado pasos suficientemente significativos para incidir en la verdad, la justicia y la reparación de los abusos sexuales que durante décadas se llevaron a cabo en el colegio”. También reclaman que se cree una comisión de seguimiento interdepartamental sobre los abusos perpetrados por religiosos de Jesuitas Casp formada por representantes de los departamentos de Educación, Justicia, Salud e Interior, Mossos d’Esquadra y las Sindicatures de Greuges de Catalunya y de Barcelona.

“La prescripción de los casos de abuso sexual no justifica que las autoridades públicas no actúen de forma decidida y continuada” porque “la huella emocional de las víctimas no ha prescrito, la necesidad de saber realmente los hechos tampoco ha prescrito y la posibilidad de recabar nueva información que permita canalizar judicialmente casos no prescritos tampoco se puede dar por cerrada”, señalan en el texto.

En este año, al correo electrónico habitado por parte del grupo de apoyo a las víctimas han llegado 15 denuncias de abusos, algunas de ellas coincidentes con las que ya se habían hecho públicas, según consta en el informe.

Los antiguos alumnos son muy críticos con la actuación en el último año por parte de la Compañía de Jesús, de la que dependen los centros de enseñanza de los jesuitas, y aseguran que “sin la presión social y mediática no se hubieran producido pasos para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades”. “Aunque valoramos positivamente que la Compañía de Jesús haya hecho algunos movimientos, los pasos que ha realizado hasta el momento parecen más dirigidos a proteger la institución religiosa que a defender y reparar a las víctimas”, subrayan en el informe.

En concreto, denuncian que “meses después de la publicación de los hechos no se ha tomado ninguna medida contundente” en relación con el abusador confeso Francesc Peris “ni se han dado a conocer los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento”. También critican que “los hermanos jesuitas denunciados formalmente a la policía o acusados internamente nunca han sido expulsados de la orden religiosa y que, hasta hace poco, han gozado de reconocimiento social por parte de la Compañía de Jesús”. Asimismo, denuncian que la orden “todavía no ha pedido públicamente que no prescriban los casos de pederastia” ni “ha comunicado qué medidas de reparación ha tomado para con las víctimas reconocidas”.

La respuesta institucional “ha sido poco transparente y no garantiza la independencia del proceso”, ya que “la auditoría de los hechos y la mediación con las víctimas han sido contratados y pagados por la propia Compañía de Jesús, la cual es parte implicada”, señalan. “No nos consta que la Compañía de Jesús haya hecho llegar proactivamente documentos ni testimonios a la fiscalía ni a ninguna administración pública para esclarecer hechos”, añaden.

Por ello, reclaman a la orden religiosa que “entregue a Mossos d’Esquadra, Fiscalía y al Departamento de Educación cualquier información y documentación relacionada con casos de abusos sexuales en sus centros escolares”. También piden que la Compañía “detalle las medidas tomadas hasta el momento hacia los abusadores y las víctimas de los casos de abusos sexuales que se han perpetrado en el colegio de Jesuitas Casp”.

Asimismo, le reclaman “transparencia en las actuaciones que afectan a casos del pasado” y que, “cuando se tenga conocimiento de que un miembro de la Compañía ha cometido un abuso, la organización actúe en consecuencia, actuando de oficio y presentando denuncia de todos los casos que conocen”.

Otra de las demandas es la “asunción de responsabilidades de los equipos directivos” del colegio Jesuitas Casp en los diferentes cursos en los que se tiene constancia de los abusos, en tanto que eran “veladores de la integridad de los alumnos de todas estas promociones”.

Los exalumnos consideran imprescindible que las actuaciones específicas generadas por el caso Jesuitas Casp “ayuden a protocolarizar actuaciones sobre casos de abusos sexuales del pasado que hayan sucedido en otros centros escolares”.

Para la definición de protocolos y medidas de prevención, consideran que es importante “fijar especial atención a las particularidades que presentan los centros privados religiosos” dado que “los espacios de receso y consejo espiritual han sido escenarios habituales de abusos sexuales y que los sistemas de gobernanza escolar eclesiásticos —que tienen naturaleza privada y jerarquizada— parecen contribuir a estos delitos”.

Jesuitas Educación tiene activo desde 2018 el Canal Protección Jesuitas, pero los exalumnos afirman que “no reúne las garantías necesarias de independencia”. Por ello, para mayor eficacia en las denuncias, proponen “revisar y actualizar los servicios existentes para establecer un canal y unidad de atención a los abusos sexuales en entornos escolares que sea único, público, independiente, interdepartamental, vinculante, profesional, permanente, retroactivo y con recursos suficientes”.