Media docena de víctimas de pederastia se reúnen con el nuevo presidente de los obispos: “Nos hemos sentido escuchadas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La primera frase pública del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, cuando fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se la dirigió a un grupo de víctimas de pederastia en la Iglesia que se manifestaba a las puertas de la CEE en Madrid: “Nos reuniremos”. Era el cinco de marzo y ese gesto avivó la esperanza de justicia de los afectados, que observaban la llegada del nuevo líder de los obispos como una señal de STOP ante la lucha contra los abusos. Argüello, como secretario general de los obispos, defendió durante cuatro años un discurso negacionista del problema, diciendo que en España había “pocos casos” y que la intención de la Iglesia no era investigar cada caso “proactivamente”. Dos semanas después de pronunciar esa promesa, el nuevo presidente cumple su palabra y se ha reunido este lunes durante dos horas y media con media docena de víctimas en la sede de la Conferencia Episcopal. “Nos hemos sentido escuchadas. Hemos avanzado en cuanto a reconocimiento de los errores cometidos [por la Iglesia], crear una agenda de trabajo y abrir a otras asociaciones que se quieran sumar”, ha informado Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos y presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).

Junto a Argüello, como representantes de la Iglesia, también han participado el presidente de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, el secretario general de esta organización, Jesús Zamora, y el vicepresidente de la CEE, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Este último fue de los primeros obispos en ponerse del lado de las víctimas, acudiendo a conferencias, haciendo autocrítica y creando la oficina de atención Repara, la más transparente del episcopado español. Entre las víctimas, se encontraba Jesús Zudaire, como presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra, Teresa Conde, Francisco Javier Méndez y Ciro Molina en representación también de las asociaciones Justice Initiative y Lulacris. Algunas de sus solicitudes han sido recibir una reparación por el daño que han sufrido (también con terapias gratuitas), mejorar la comunicación y trabajar en sistemas de protección para las víctimas. “[Los obispos] han admitido que haya representación de víctimas en las tomas de decisión, se han terciado a que haya una agenda de trabajo con medidas y fechas concretas y les ha parecido bien que se haga un tratamiento individualizado de las víctimas, más allá de los perdones e indemnizaciones genéricas”, ha explicado Cuatrecasas. Del mismo modo, Argüello y Cobo se han comprometido a volver a reunirse en unos meses con el grupo de víctimas para seguir trabajando conjuntamente.

Las víctimas, no obstante, son cautas. No es la primera vez que se citan con la jerarquía de la CEE para pedir justicia (y mostrar su malestar ante la gestión) y no ocurre nada. La primera vez fue en febrero de 2019 con el cardenal Ricardo Blázquez, por entonces presidente de los obispos. ANIR le entregó 13 propuestas, entre las que se incluía la investigación general sobre todos los casos de pederastia en las últimas décadas, pero Blázquez hizo caso omiso. La siguiente fue en marzo de 2022, esta vez con el cardenal Juan Jose Omella y en medio del escándalo después de que EL PAÍS entregase a la CEE y al Vaticano un informe con más de 250 casos inéditos de abusos (los siguientes meses le siguieron otros tres más que sumarían más de 500) y que forzó a la cúpula eclesial a encargar una auditoría al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Las víctimas le pidieron que “colaborara con el Defensor del Pueblo” en la investigación paralela que le había encargado el Congreso de los Diputados, también ante el terremoto mediático. Hace unos meses, en octubre, cuando el Defensor publicó su estudio, este informó que la Iglesia no cooperó plenamente ni entregó toda la información que se le había solicitado.

La reunión de Argüello con estas víctimas puede ser un signo de un cambio de timón en su política para afrontar el problema. Hace 10 días, en una entrevista a El Norte de Castilla, el nuevo presidente admitió la mala gestión de los obispos: “Hemos reaccionado tarde”. En el periódico vallisoletano también dejó caer varias líneas de acción que, hasta ahora, siguen ausentes en la mayoría de las investigaciones de la Iglesia: “reparar incluso cuando la persona que ha producido el abuso ha fallecido”, la necesidad de “la presencia de las víctimas y de los victimarios y sus representantes legales” en los procedimientos canónicos y que estos sean más transparentes.

Y es que el arzobispo de Valladolid llega en un momento donde nuevas polémicas están sacudiendo a la CEE. A comienzos de este mes, este periódico destapó que el informe de los obispos, Para dar luz, excluyó al menos 325 casos reconocidos por las diócesis y órdenes religiosas. Un escándalo que llevó hace dos semanas al director de comunicación de la jerarquía eclesial a admitir un “error muy significativo” en la redacción de dicho estudio. “Posiblemente, fue precipitado [haber publicado el documento]”, dijo. La controversia avivó el malestar entre algunas diócesis, que han visto la ocultación de estos casos como “una manipulación”, y entre las órdenes religiosas, que conocieron el contenido de Para dar luz a través de los medios de comunicación. “Las congregaciones estamos cansadas de cómo los obispos toman las decisiones sobre este tema unilateralmente”, señaló entonces una fuente religiosa.

De cualquier forma, Argüello no tiene la última palabra sobre cómo encaminar el problema. La Conferencia Episcopal Española es un organismo colegiado, formado por todos los obispos de las 70 diócesis españolas. Todos tienen voz y voto. Además, también está la Comisión Ejecutiva, un órgano similar al Consejo de Ministros de la CEE que deciden qué iniciativas se llevan a las plenarias para ser votadas por todos los purpurados, y que está formada por prelados de corte conservador, como Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, acusado de encubrir dos casos de abusos sexuales en su diócesis.