La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para una psiquiatra de Córdoba por denegar asistencia a un paciente que se suicidó

La Fiscalía de Córdoba reclama cuatro años de cárcel para la jefa de salud mental del Hospital Reina Sofía, la psiquiatra de iniciales C. P., por denegar asistencia de manera continuada a un paciente esquizofrénico que más tarde se suicidó, lo que añade el cargo de homicidio imprudente a la acusación. En un caso inédito hasta ahora, la médica se sentará en el banquillo por una supuesta mala praxis al no fijar un seguimiento del enfermo tal y como establece el protocolo de su hospital, después de que el Juzgado de Instrucción 7 haya dictado auto de apertura de juicio oral.

El enfermo no recibió supuestamente el tratamiento ni la asistencia adecuada y antes de quitarse la vida mató a otra persona, un crimen del que fue eximido por su trastorno esquizoafectivo crónico, según fuentes del caso. “A pesar de que este [el enfermo] persistía en su voluntad de quitarse la vida y siendo conocedora la acusada de los hechos sucedidos (…) persistió en el tratamiento dispensado a aquel (…) negándose a proporcionarle la asistencia adecuada a un enfermo psiquiátrico”, reza el escrito de petición de la Fiscalía fechado la pasada primavera y que este viernes ha facilitado el ministerio público.

Las dos sociedades científicas de psiquiatría, tanto la Asociación Española de Neuropsiquiatría como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, confirman que no hay precedentes de condenas de cárcel a psiquiatras por mala praxis en la asistencia psiquiátrica. La tremenda resaca de salud mental que dejó la pandemia del coronavirus ha multiplicado los suicidios hasta el máximo histórico de 2022, con 4.097 muertes, pero esta es la primera vez que una médica es acusada por mala praxis ante una de esas miles de muertes.

La psiquiatra procesada, jefa de servicio de la unidad de gestión clínica de salud mental del hospital cordobés, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión por un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria, y otro año y medio de cárcel por homicidio imprudente, además de la inhabilitación durante siete años por ambos delitos. La titular del juzgado que instruye el caso, María Dolores Magdalena Rivas, ha dictado recientemente auto de apertura de juicio oral, por lo que en los próximos meses la facultativa se sentará en el banquillo, avanzó este jueves eldiario.es.

La familia del enfermo realizó “reiteradas demandas de asistencia hospitalaria” tras los ingresos en urgencia del Reina Sofía “por episodios sufridos con ansiedad, agitación y nerviosismo, agresividad, alucinaciones, ideas de suicidio e intoxicación medicamentosa que respondía en muchas ocasiones a un intento de suicidio”, refleja el escrito del ministerio público. Tras ser derivado a la unidad de salud mental, los psiquiatras examinaban los antecedentes clínicos del paciente y le administraban la medicación necesaria para compensarle, realizaban su evaluación y tras remitir el episodio, le prescribían seguimiento por el médico de cabecera y tratamiento ambulatorio.

El enfermo fue diagnosticado de trastorno de personalidad mixto y consumo de sustancias tóxicas y alcohol, “descartando que se tratara de un paciente psiquiátrico”, según el dictamen médico. Tras ser examinado por los psiquiatras, a menudo la jefa de servicio acusada, el paciente era dado de alta sin que se pusiera en marcha ningún protocolo de seguimiento y control de dicho tratamiento ambulatorio, lo que provocó que su estado empeorara.

Dado el aumento de los episodios de agresividad e intentos de suicidio del paciente, un familiar denunció ante la jefa de servicio “la insostenible situación creada por la falta de asistencia médica” y el peligro al que estaban expuestos, ya que el enfermo no se tomaba la medicación prescrita. La Fiscalía censura cómo la psiquiatra, “con absoluto desprecio a las más elementales normas de cuidado, no cumplió con los protocolos de actuación que el caso requería”. La actuación prevista por protocolo es la atención domiciliaria o el programa de atención intensiva comunitaria, ambos contemplados en la unidad de gestión clínica de salud mental de su hospital, subraya la fiscal.

Puesto que la jefa de servicio ignoró sus avisos, el familiar del paciente acudió al juzgado de primera instancia a denunciar la dramática situación que vivían en casa. El juez atendió su requerimiento y acordó autorizar el internamiento involuntario del paciente, por lo que libró oficio a la psiquiatra acusada, coordinadora de la unidad de salud mental, para “su inmediata efectividad”, puesto que el paciente tenía recetados antidepresivos y ansiolíticos, pero variaba las dosis por iniciativa propia.

“Elementales normas de prudencia”

El médico forense que exploró al paciente por orden del juzgado reclamó su internamiento “ante la nula conciencia de enfermedad” y dado que no se estaba medicando. “La acusada, con conocimiento de todo ello, faltando a su deber y a las más elementales normas de prudencia, omitió cualquier actividad al respecto y dicho internamiento no se hizo efectivo”, destaca el ministerio público.

Tanto la psiquiatra como una portavoz del Reina Sofía han rechazado opinar sobre el caso a preguntas de este diario. El hospital no ha aclarado en qué momento de un proceso judicial sus responsables médicos deben abandonar sus cargos en el centro, si tras ser procesados o condenados.

“Ha existido desapego, desprecio o desconsideración. Los hechos incluyen múltiples advertencias desatendidas y el enfermo, con un trastorno dual de esquizofrenia y consumo de tóxicos, se suicidó tras reiteradas peticiones de atención sanitaria por parte de su padre”, censuran fuentes del caso. “El protocolo establece que si un enfermo no acude a la cita por dos veces, los equipos sanitarios deben ir a buscarlo al domicilio, es la única manera de atender a los que no van por no tener conciencia de ello”, añaden estas fuentes.

Tras la pandemia y los graves problemas de salud mental generados, la Junta andaluza movió ficha en enero de 2021 y creó 40 equipos de tratamiento intensivo comunitario (ETIC) en las unidades de gestión clínica de los hospitales. Estos equipos estaban dirigidos a personas con trastornos mentales graves de larga evolución que ignoraban por sistema sus tratamientos o afectados por primeros episodios psicóticos. Este caso de Córdoba es anterior a la pandemia, según fuentes del caso.