La Iglesia española, una excepción en el mundo católico en su crítica a la investigación de los abusos

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La actitud de los obispos españoles hacia el informe del Defensor del Pueblo, con falta de colaboración, escasa transparencia, sin dejar acceso a los archivos y tachando de “mentira” la extrapolación de cifras de su encuesta —un 1,13% de víctimas en ámbito religioso, unas 440.000 personas—, es una excepción en el mundo católico. El ejemplo más próximo, y antitético, es Francia, donde el estudio que encargó la propia Conferencia Episcopal nacional hizo en 2021 una estimación de 330.000 víctimas, por extrapolación de datos. El presidente de los obispos, Éric de Moulins-Beaufort, admitió que eran “números enormes” y una dimensión del problema “muy superior a lo esperado”, pero únicamente expresó su “vergüenza”. En su asamblea para abordar el informe, su primer anuncio fue que la Iglesia iba a vender patrimonio inmobiliario para crear un fondo con el que indemnizar a las víctimas. El Papa, en su siguiente audiencia pública, mostró su “dolor” por los resultados, que tampoco cuestionó: “Es el momento de la vergüenza”. En esta ocasión, la próxima audiencia de Francisco es este miércoles. Es una incógnita si se pronunciará sobre el informe español, aunque la diferencia es que esta vez no es de los obispos, sino de una institución pública.

El cuestionamiento de las abrumadoras cifras del informe en Francia vino de fuera de la jerarquía eclesiástica, de círculos católicos y un documento de varios miembros de la Academia Católica de Francia, que desdeñaron los cálculos del estudio. No obstante, los obispos lo defendieron. También en el episcopado de otros países, como Italia y España, se criticó el informe por su metodología. Desde entonces una extrapolación de cifras similar a la francesa era la peor pesadilla en España. Los obispos siempre han dicho que nunca harían un estudio de este tipo, y el bufete al que encargaron una auditoría en marzo de 2022 también aclaró que no entraba en sus planes. Sin embargo, es lo que se han encontrado en el informe del Defensor del Pueblo.

Los obispos, más que a Francia, miraban a Portugal. Allí, una comisión independiente, formada por la Iglesia, presentó su informe el pasado mes de febrero: sí hizo extrapolaciones, pero no con una encuesta, sino a partir de 512 entrevistas, y estimaron 4.815 víctimas. El presidente de la comisión, el psiquiatra Pedro Strecht, subrayó que era un cálculo “minimalista” de la posible realidad. Los obispos españoles estaban dispuestos a asumir una cifra minimalista de ese tipo. Lo cierto es que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ya reconoce más casos que Portugal, desde que dejó de negar el problema a partir de 2021: su presidente, Juan José Omella, dijo el sábado que le constan 1.125 casos, aunque se ignora de dónde saca la cifra, pues en la Iglesia se manejan distintos números en un caos estadístico: la CEE cuenta 728 acusados; las diócesis, 339; y las órdenes admiten 635, pero no se sabe cuántos pueden estar duplicados. La base de datos de EL PAÍS, la única donde se recogen y detallan todos los casos conocidos, actualizada constantemente, registra en este momento 1.303 acusados y 2.495 víctimas.

La Iglesia española es una excepción en muchos aspectos y es la más opaca: ha sido la última, con Polonia, en encargar un informe de los grandes países católicos, da indemnizaciones con cuentagotas, no hace públicos los casos, no permite el acceso a sus archivos a los investigadores y, sobre todo, en ningún país se han cuestionado desde la jerarquía las investigaciones realizadas, ya fueran propias o de poderes públicos. Solo se han asumido las cifras y se ha pedido perdón.

Donde empezó la oleada de escándalos fue en Estados Unidos, en 2002, a raíz de una investigación del diario Boston Globe. Los obispos norteamericanos reaccionaron con una política de “tolerancia cero” y encargaron un estudio al John Jay College de la City University de Nueva York. Para ello, la conferencia episcopal ordenó a las diócesis enviar al equipo toda la información y, es más, les obligó a hacer públicos sus archivos. Los obispados difundieron listados con nombres y apellidos. El resultado final del estudio fue que 4.392 sacerdotes habían sido acusados en el pasado, un 4% del clero, por 10.667 víctimas. En España, la Iglesia impide el acceso a sus archivos y ni diócesis ni órdenes han hecho públicos nunca los casos que conocen con todos sus detalles. En EE UU, además, los obispos pagaron indemnizaciones millonarias que, en algunos casos, llevaron a la quiebra a sus diócesis. En España, solo siete diócesis reconocieron al Defensor haber pagado indemnizaciones y la más alta era de 47.000 euros.

La Iglesia de Países Bajos tampoco reaccionó como los obispos españoles cuando, en 2011, se publicaron los resultados de una encuesta sobre pederastia a 34.267 personas, que señaló que el 1,7% había sufrido abusos en ámbito religioso: “Expresamos nuestro arrepentimiento por los abusos y estamos asombrados por las cifras”, dijo el portavoz del episcopado holandés. Como respuesta, ofrecieron indemnizaciones de 5.000 a 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En Alemania, los obispos entonaron un duro mea culpa cuando hicieron público su informe en 2018, que documentaba 3.677 casos cometidos por 1.670 clérigos en los últimos 70 años. También hubo una encuesta a 2.437 personas y el 3,1% había padecido abusos en el entorno religioso. “Durante demasiado tiempo se han negado los abusos en la Iglesia, se ha mirado hacia otro lado, se ha ocultado”, dijo el presidente de la conferencia episcopal, Reinhard Marx. Los investigadores indicaron que tuvieron libertad para acceder a los archivos y que los obispos no supervisaron el resultado de su estudio. En España, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, encargado por la Iglesia de realizar la auditoría sobre abusos, no ha pisado los archivos episcopales ni tampoco hay un compromiso de difusión pública, según consta en el contrato que firmó.

En Alemania, el mes pasado, la diócesis de Aquisgrán ha sido la primera del país en hacer pública una lista de 53 sacerdotes abusadores, todos fallecidos. “Queremos alentar a los afectados a hablar, encarar los crímenes, cometidos en el pasado (...) No hacemos una excepción con ningún presunto culpable, independientemente del rango que haya tenido a lo largo de su vida”, dijo el obispo, Helmut Dieser, que es el comisionado de abusos de la conferencia episcopal alemana.

En Bélgica, poco después de que en 2010 un aluvión de denuncias desatara el escándalo, la Iglesia abrió una comisión de la verdad para llegar al fondo de la cuestión. Se sumaron un total de 475 denuncias. No obstante, en este caso, los obispos también eludieron pedir perdón y argumentaron, como en España, que los abusos también se producen en otros ámbitos. Como respuesta, el Parlamento creó una comisión donde acudieron los prelados y reconocieron su responsabilidad. De esa investigación oficial surgió la propuesta de crear un tribunal de arbitraje para que la Iglesia pagase las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.

Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Austria (COCA) presentó en 2019 los resultados de la comisión de investigación de pederastia puesta en marcha nueve años antes. Los obispos revisaron 2.140 casos. Sufragó costes de terapias en 1.432 de los casos. En 2016, el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena y presidente de la COCA, pidió perdón en un acto formal en el Parlamento austríaco.