La Conferencia Episcopal Boliviana anuncia una investigación general de los casos de pederastia del pasado

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Cercada por el escándalo de la pederastia, la Conferencia Episcopal Boliviana ha dado un paso hacia delante y ha anunciado que pondrá en marcha una investigación general de los casos de abusos del pasado. En un comunicado publicado este miércoles, los obispos bolivianos han reconocido que su trabajo hasta ahora ante este problema ha sido insuficiente y, por ello, han decidido “crear una comisión nacional de escucha y una comisión nacional de investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo que ha sucedido”. La Conferencia no ha precisado quién conformará estas comisiones, si realizarán una investigación con expertos independientes, si indemnizarán económicamente a las víctimas ni si abrirán sus archivos para recabar datos. Sí ha puntualizado que habilitará varios “lugares” para recibir denuncias y que comunicará “con transparencia a la opinión pública los avances” de sus trabajos. Los prelados también se han comprometido “a hacer todo lo posible para acompañar y procurar una reparación” a las víctimas, “con apoyo de profesionales que brinden asistencia y ayuden a sanar heridas y cicatrices”.

La decisión de los obispos bolivianos llega en un momento en el que las denuncias de abusos sexuales a menores no han dejado de crecer en el país. La mecha la prendió el caso Pedrajas, la historia del jesuita español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, que admitió en un diario secreto haber abusado de decenas de menores en centros de la orden en Bolivia durante décadas y cómo sus superiores le protegieron y encubrieron sus delitos. Ante la noticia, los jesuitas apartaron a ocho ex altos cargos como posibles responsables y la Conferencia Episcopal Boliviana pidió públicamente perdón. Junto al terremoto mediático y político —La Fiscalía ha abierto una investigación y el presidente Luis Arce ha presentado un anteproyecto de ley para frenar la impunidad de estos delitos—, nuevas denuncias han salido a luz y algunas de ellas han alcanzado a las altas esferas de la Iglesia boliviana. Es el caso del jesuita español Alejandro Mestre, fallecido en 1988 y que fue arzobispo de La Paz, denunciado por una víctima de abusos sexuales en 1961, cuando Mestre era profesor en el colegio paceño de San Calixto. Además de ocupar el cargo de obispo, fue secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana a comienzos de los ochenta, uno de los puestos más influyentes de la Iglesia en el país latinoamericano. Sobre este caso, los obispos bolivianos siguen sin pronunciarse.

La Conferencia justifica que llevan algunos años trabajando en la prevención “para crear ambientes seguros” y en “acciones orientadas a sancionar los delitos que hayan sucedido”. No obstante, este discurso no convence a las víctimas y a varios colectivos feministas, que han salido a la calle en las últimas semanas para protestar por la gestión de la Iglesia ante las acusaciones por pederastia. Algunas de las protestas han tenido lugar a las puertas de la sede de la Conferencia Episcopal, donde los manifestantes han pintado en la fachada del edificio frases como: “Curas violadores fuera de Bolivia” o “Pedófilos”. También han prendido hogueras, en las que han quemado fotografías de sacerdotes pederastas mientras pedían la expulsión del clero de los centros educativos.

Ante esta situación, los obispos afirman estar enfrentando un momento doloroso: “No porque estemos sufriendo ataques y amenazas, sino porque tenemos la certeza de haber sido parte, directa o indirectamente, de un dolor profundo causado a personas inocentes que han sido víctimas de abuso sexual y de un manejo insuficiente de la situación”. Ahora, su principal misión, dejan ver en su escrito, son las víctimas y la comunidad eclesial, “que en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían se encontraron con una Iglesia sorda a sus sufrimientos”.

En un segundo plano, los obispos también se han mostrado dispuestos a trabajar con el Ministerio Público, la Policía y los órganos judiciales para ayudar “con las investigaciones que se lleven adelante para el esclarecimiento de los hechos y la administración transparente de justicia”. No han precisado si entregarán a las autoridades civiles todas las denuncias que han llegado a sus oficinas o las que llegarán durante la futura investigación.

Una decisión tomada tras la visita del Vaticano

El comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana aterriza días después de que lo hiciera el sacerdote Jordi Bertomeu, uno de los grandes expertos en materia de abusos y enviado del Papa Francisco al país latinoamericano para tratar este problema con los obispos bolivianos. Así lo ha citado también la Conferencia Episcopal en el documento, refiriéndose a la creación de esta comisión de investigación como “fruto” de las jornadas que Bertomeu ha pasado con ellos.

Bertomeu, oficial de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es conocido por haber participado en numerosas misiones en Latinoamérica, como en los casos de pederastia del padre Maciel en los Legionarios de Cristo o en el escándalo de abusos en la Iglesia chilena, que terminó con el cese de prácticamente toda la cúpula eclesial de ese país. Su llegada a Bolivia no fue vista con buenos ojos por muchas víctimas, que se muestran preocupadas por “que una institución [la Iglesia católica] que es investigada por posible comisión de delitos en grado de encubrimiento y complicidad se reúna con las víctimas”, según publicó la asociación de antiguos alumnos del Juan XXIII, colegio jesuita donde más casos de pederastia han salido a la luz.