Tres detenidos en Extremadura por un supuesto caso de vientre de alquiler

Dos mujeres y un hombre han sido detenidos por un supuesto caso de vientre de alquiler en el hospital comarcal Don Benito-Villanueva, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Según explican a EL PAÍS fuentes de la Policía Nacional, los agentes fueron alertados por el servicio de urgencias de este centro hospitalario, que avisó de que existían discrepancias con una paciente que acababa de dar a luz en el momento de facilitar sus datos de filiación. Los documentos de identidad de la parturienta no coincidían con su apariencia, sino con los de la otra mujer, de 43 años.

Una vez que los agentes de Policía Nacional se personaron en el hospital, tomaron declaraciones al responsable del área de urgencias y concluyeron que podría tratarse de un presunto caso de vientre de alquiler. Es decir, que la gestación había sido contratada por otras personas, un procedimiento ilegal en España.

Uno de los tres detenidos es la madre, de 28 años. También ha sido arrestada otra mujer, de 43 años, y su pareja, un hombre de 42, quienes supuestamente abonaron 2.000 euros (el pago se habría hecho en Rumania) a cambio de quedarse con el niño. A los detenidos se les atribuyen delitos de suposición de parto, alteración de la paternidad, suplantación de identidad y falsedad documental.

Francisco Mendoza, delegado del Gobierno en Extremadura, ha subrayado que la investigación sigue abierta. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Don Benito-Villanueva.

La investigación tiene indicios de que la gestante y un acompañante viajaron desde Rumania, su país de origen, a España, para que la primera diera a luz. Los investigadores no descartan de momento que el caso pueda desembocar en una acusación por trata de seres humanos.

Posibles penas

El abogado Fernando Cumbres, consultado por EL PAÍS en calidad de jurista, apunta a que estas personas habrían incurrido en un delito del artículo 221 del código penal, lo cual podría conllevar penas de cárcel de uno a cinco años, tanto para quien entrega como para quien recibe el bebé a cambio de dinero, así como para los intermediarios. La condena implica, además, una inhabilitación para la guardia y custodia de menores durante un periodo de hasta 10 años. Cumbres añade que el castigo aumentaría si se confirma que ha habido usurpación del estado civil.

En cuanto al futuro del recién nacido, el abogado explica que la Junta de Extremadura iniciará ahora un proceso de oficio de tutela del menor.

Cumbres opina que en torno a los vientres de alquiler existe un cierto vacío legal en España: “Es ilegal que las clínicas lleven a cabo en España esta práctica, pero muchos ciudadanos optan por llevar a cabo el proceso en otros países como Estados Unidos, Colombia o Ucrania”. La pasada semana, la policía detuvo en Sevilla, en el Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío, a cuatro personas por su presunta participación en la venta de un recién nacido. A los detenidos se los acusa de los delitos de tráfico ilegal por la compra del bebé y falsedad documental.