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9.300 objetores: el 1,3% de los sanitarios españoles se niega a practicar la eutanasia

Madrid concentra el grueso de los profesionales que han firmado la cláusula de conciencia, con 3.119 a finales de 2022, según los datos recabados por EL PAÍS en todas las comunidades

Eutanasia
La Asociación Española de Abogados Cristianos participa en una concentración convocada en diciembre de 2020 ante el Congreso para rechazar a la ley de la eutanasia.Luca Piergiovanni (efe)
Juan José Mateo

La España que no quiere ayudar a morir se compone de al menos 9.384 sanitarios que se han dado de alta en los registros autonómicos de objetores a la aplicación de la ley de eutanasia, según datos recabados por EL PAÍS en todas las comunidades. Esa cantidad supone un 1,3% de los alrededor de 700.000 profesionales colegiados que pueden acogerse a la cláusula de conciencia (entre médicos, enfermeros o farmacéuticos), aunque la desigual distribución de los objetores refleja que el derecho no se está asentando al mismo ritmo en todas las comunidades. España se convirtió en marzo de 2021 en el quinto país en regular la eutanasia a través de una ley. La norma entró en vigor el 25 de junio de ese año, y 12 meses después se habían registrado al menos 172 casos y una gran desigualdad entre los distintos territorios. En el segundo aniversario de la aprobación de la ley, eso no ha cambiado. Por ejemplo, en las islas Baleares aún no han desarrollado el registro de objetores a la prestación.

“Nadie me puede obligar a hacer algo que repugna a lo más profundo de mi ser”, explica la farmacéutica Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, y objetora ella misma. “La objeción no es de derechas ni de izquierdas, como nos hacen ver, sino que tiene que ver con la defensa de la vida y la dignidad de las personas. Es el juramento hipocrático, que nos enseña a salvar vidas, a curar, y, cuando no podemos, a acompañar y a aliviar el dolor”, sigue. “Por eso, la eutanasia va contra los cimientos de nuestra vocación”, añade. Y remata: “La realidad es que hay muchos más objetores que esos 9.000 que ya están en el registro, me atrevo a decir que muchísimos más, la mayoría. Profesionalmente, apuntarte te puede marcar, arrinconar según algunas ideologías que están en el poder. Y muchos no ven la necesidad de apuntarse, porque es algo que va implícito en nuestra vocación, que lo nuestro es salvar vidas. Que se apunte quien lo quiera hacer”.

“Yo soy objetor de conciencia, pero no estoy en ningún registro”, coincide el doctor Manuel Martínez-Sellés d’Oliveira, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. “Eso de apuntarse a una lista negra que puede servir luego para que las consejerías discriminen a los profesionales, por ejemplo en la renovación de sus contratos, es un error”, razona. “Yo me presenté a presidente [del Colegio] fundamentalmente por este motivo, y nuestra candidatura reunió más votos que las demás juntas [ganó con un 6% de los votos y una participación del 13% de los colegiados], así que tengo pocas dudas de que la mayoría de los médicos son contrarios a la eutanasia”, añade. Y concluye: “El médico que practica la eutanasia va en contra de la esencia de la medicina, y del código deontológico de la profesión”.

La posibilidad de que haya una bolsa oculta de objetores es aceptada por todos los profesionales. Entre los que sí han activado la cláusula de conciencia, la mayoría se concentran en la Comunidad de Madrid, donde había 3.119 a finales de 2022, el 33% del total. Aragón (1.077, el 11%) y Andalucía (1.051, otro 11%) son las otras dos regiones que tienen más peticiones para ser incluidas en el registro. No obstante, el total de 9.384 solo refleja una parte de una realidad extremadamente compleja: ni todos los apuntados van a recibir una petición de eutanasia, ni todos los que no están apuntados la practicarían, ni el registro es fijo, pues se puede entrar y salir de él a voluntad, incluso según el caso o el paciente.

Manifestación en el exterior del Congreso de los Diputados el día en el que el pleno comenzó la tramitación para la aprobación de la ley de la eutanasia.
Manifestación en el exterior del Congreso de los Diputados el día en el que el pleno comenzó la tramitación para la aprobación de la ley de la eutanasia.Olmo Calvo

“Es disparatado pensar que a esos 9.000 objetores se les haya planteado o se les vaya a plantear hacer una eutanasia”, cuenta el doctor Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. “No ha habido nunca siquiera tanta gente que se lo haya planteado seriamente”, sigue. “Están ahí por ideología, para dar testimonio de que están en contra de la ley, aunque dentro de la corriente más conservadora de la profesión, incluso se propone que no se apunten a ninguna lista”, añade. “Hay un intento de uso político de la objeción, pero no va a ser relevante para la prestación, porque el apoyo de la profesión a la aplicación de la ley es igual al de la sociedad”.

Aun así, estos dos años de puesta en marcha del derecho a la muerte digna han venido acompañados de verdaderos dramas. EL PAÍS ya explicó, por ejemplo, la tragedia de un sevillano aquejado de cáncer terminal que acabó suicidándose al tardar 10 días en conseguir un médico de referencia (un trámite que no debe tardar más de 48 horas), y casi un mes en contactar a un facultativo consultor.

Aquello ocurrió en julio de 2021. La ley ya estaba en vigor. Dos meses después, en septiembre, una paciente acudió a la consulta de su médica de referencia en el hospital Gómez Ulla de Madrid y le pidió que la ayudara a morir. Sufría desde hacía 14 años una patología crónica osteomuscular incurable, agravada por su intolerancia a los opioides. La doctora le dijo que sí, pero 48 horas después la telefoneó para comunicarle que se había declarado objetora de conciencia. La ley establece que en esos casos debe nombrarse a otro médico que examine al paciente y evalúe si reúne los requisitos que establece la norma. Pero ella se quejaba de que solo obtuvo el silencio. Unos días después, esta mujer, que había contado su caso en EL PAÍS bajo la condición de que jamás se revelase su nombre, reservó una habitación en un hotel de Madrid y se quitó la vida.

Manuel Martínez-Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, en el patio de la sede del organismo.
Manuel Martínez-Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, en el patio de la sede del organismo. Jaime Villanueva

“Los objetores han influido negativamente, promoviendo que otros profesionales se desentiendan de la eutanasia, por otros motivos”, afirma Marín. “Los comienzos han sido duros para algunas personas, que se han muerto por su enfermedad”, lamenta, achacando al número de objetores problemas para aplicar la prestación.

Los desequilibrios territoriales en la puesta en marcha de la ley son claros. Así, en el primer año de aplicación de la norma, Andalucía había realizado seis veces menos eutanasias que Cataluña, a pesar de tener un millón de habitantes más, y menos de la mitad que el País Vasco, pese a cuadruplicar su población.

“La de 9.000 es una cantidad de objetores muy alta para una ley que lleva año y medio de aplicación”, opina el doctor Álvaro Gándara, miembro de la Asociación de Bioética de Madrid, una organización que consideró que la nueva ley tendría consecuencias “negativas” cuando fue aprobada. “La gente tiene miedo a enfrentarse a una petición de este tipo, y usa el registro como arma defensiva”, añade, aunque duda de la exactitud de ese conjunto de datos. “De los médicos que hay apuntados, ¿cuántos son susceptibles de recibir una petición de este tipo? Porque muchos no la van a recibir nunca y, aun así, se apuntan, como un radiólogo”, argumenta. “Por eso, con el tiempo, el registro solo va a incrementarse. Y por eso yo he defendido que se haga un registro de quienes sí van a dar esta prestación”.

Como dijo una fuente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, “los que se apuntan al registro de objetores son profesionales que han querido declarar proactivamente su objeción de conciencia, lo que no quiere decir que el resto practiquen la eutanasia”.

Especialidades variopintas

Los profesionales que se han apuntado a los diferentes registros autonómicos son de especialidades variopintas. La mayoría son médicos [de cualquier especialidad, como radiólogos, cardiólogos...] y enfermeros, pero también hay psicólogos clínicos e incluso farmacéuticos, ya que el manual de buenas prácticas de la prestación, editado por el Ministerio de Sanidad, especifica que estos últimos podrán darse de alta “en el caso de que sea necesaria la formulación magistral de alguno de los medicamentos que se van a administrar dentro del proceso de ayuda para morir, y en la preparación de kits de medicamentos”.

Amparándose en la ley de protección de datos, todas las comunidades evitan detallar dónde trabajan estos profesionales, y la mayoría incluso rechazan desagregar a qué especialidades pertenecen. En las siete autonomías que sí dan esos datos, predominan claramente los médicos. Al menos en el momento en el que las comunidades proporcionaron la estadística. Así, entre los 1.077 objetores de Aragón hay 872 médicos, 194 enfermeros y 9 trabajadores de farmacias. De los 371 del País Vasco, 310 son médicos, 55 enfermeros, 5 psicólogos y 1 trabaja en una farmacia. De los 260 de Asturias, 209 son médicos y 51 enfermeros. De los 239 de Cantabria, 221 son médicos y 18 enfermeras. De los 200 de Canarias, 178 son de Medicina, 21 de Enfermería y uno de Farmacia. De los 167 de Cataluña, 144 son médicos, 20 enfermeros, 2 psicólogos clínicos y 1 es farmacéutico. Y entre los 102 objetores de Murcia, 25 son médicos especialistas, 73 médicos de familia, 2 farmacéuticos y 2 enfermeros.

Pero todo puede aún cambiar: el Tribunal Constitucional inició el martes en su pleno el debate sobre el recurso planteado contra la ley de eutanasia por Vox, contra la que también ha recurrido el PP.

Con información de Beatriz Olaizola, Mercedes Pedreño, Ferran Bono, Mikel Ormazabal, Eva Saiz, Sonia Vizoso, Juan Navarro y Amaia Otazu.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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