El plan de Alemania para legalizar el cannabis: posesión de hasta 30 gramos, cultivo limitado y venta con licencia

Alemania quiere ser el primer gran país europeo que legalice el consumo y el cultivo de cannabis para uso recreativo, y este miércoles ha dado el primer paso para conseguirlo. Los tres partidos que forman la coalición de Gobierno han acordado los puntos clave de la futura ley, que el ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, cree que podría entrar en vigor en 2024. Antes deberá obtener el visto bueno de la Comisión Europea y superar otros escollos internos, como la oposición de los farmacéuticos y de Estados federados como Baviera, que alertan de que puede favorecer un posible “turismo de la droga” hacia Alemania.

El principal objetivo de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales es “proteger a los jóvenes” y “acabar con el mercado negro” y las redes criminales que lo dirigen, ha asegurado Lauterbach ante la prensa después del Consejo de Ministros que ha acordado las medidas. El Gobierno quiere despenalizar la compra y la tenencia de “entre 20 y 30 gramos” de cannabis para uso recreativo, tanto en espacios privados como en públicos. También pretende permitir el cultivo privado, pero con limitaciones que aún no se han fijado. Lauterbach habla de “unas tres plantas por persona”.

El Gobierno tripartito pactó el año pasado en el acuerdo de coalición trabajar en una ley para permitir la distribución controlada de cannabis en establecimientos autorizados. En Alemania, como en otros países europeos, el cannabis ya está legalizado para uso medicinal. El recreativo, en cambio, solo está permitido a los adultos en Malta mediante una ley, aprobada en diciembre de 2021, que autoriza la posesión de hasta siete gramos y el cultivo de cuatro plantas para uso propio.

La futura ley alemana pretende controlar todo el proceso, desde el cultivo hasta el precio de la venta minorista, de forma que no haya huecos por los que puedan colarse las redes criminales. Se trata de evitar lo que sucede en Países Bajos, donde el consumo está despenalizado pero no legalizado. La política de tolerancia hacia las drogas blandas permite allí al consumidor comprarlas en los coffeeshops y llevar encima hasta cinco gramos, pero la producción es ilegal, por lo que el suministro está en manos de las mafias del tráfico de drogas.

Cuando entre en vigor la norma, que según el ministro será “la más permisiva de la Unión Europea”, en Alemania será posible comprar cannabis en establecimientos autorizados, que deberán contar con una licencia específica, y que no necesariamente serán farmacias, aunque el Gobierno cree que las boticas son el tipo de local más adecuado. La norma incluirá especificaciones como la distancia mínima de colegios e institutos a la que podrán situarse los puntos de venta.

El documento previo con las líneas maestras del plan se va a presentar a las autoridades comunitarias, ha informado Lauterbach, que espera una respuesta en los próximos meses. Cuando llegue el visto bueno de Bruselas se redactará en forma de proyecto de ley y se llevará al Parlamento, previsiblemente durante el primer trimestre de 2023. Entrará entonces en fase de alegaciones y podrá sufrir modificaciones que alargarán un proceso ya de por sí “complejo”, según el ministro. La luz verde de Bruselas es necesaria, ha explicado en rueda de prensa, para evitar objeciones legales una vez esté aprobada la ley.

5.000 millones de euros de recaudación

Los farmacéuticos han dado la voz de alarma ante los planes del Gobierno. Aseguran que se encontrarán en una encrucijada si la ley sale adelante. Por un lado, las farmacias son el establecimiento ideal para la venta controlada y el asesoramiento a los consumidores; por otro, sus titulares son profesionales de la salud que conocen los riesgos del consumo y no lo aconsejan. En Baviera, donde gobierna la conservadora CSU, las autoridades están en contra del plan de Berlín: “Manda una señal peligrosa no solo para Alemania, sino para el resto de Europa”, aseguró al Augsburger Allgemeine el ministro regional de Salud, Klaus Holetschek, que alertó de un posible “turismo de drogas”. Lauterbach cree que esa crítica no tiene sentido porque hay otros países europeos donde el consumo está liberalizado o tolerado.

Un estudio reciente de la Universidad de Düsseldorf calcula que la legalización supondría casi 5.000 millones de euros al año para las arcas del Estado en forma de impuestos. El argumento de los ingresos fiscales es uno de los que enarbolan los liberales que forman parte del Ejecutivo de Olaf Scholz. El cannabis supone el 39% del consumo de sustancias ilegales en la UE y genera “ingresos masivos para el crimen organizado”, lo que da lugar a “crecientes amenazas para la seguridad”, concluyó un encuentro ministerial de alto nivel entre las autoridades de Alemania, Luxemburgo y Malta en julio pasado.

Para Lauterbach, médico de profesión, la prioridad es proteger la salud de niños y jóvenes. En los últimos años se ha detectado un aumento del consumo de cannabis y de los niveles de THC (tetrahidrocannabinol, una de las sustancias psicoactivas del cannabis), que ha derivado en conductas adictivas “cada vez más problemáticas”, explicó. Se está examinando establecer un límite a la cantidad de THC que se venda a jóvenes de entre 18 y 21 años.

El Gobierno está convencido de que la política de drogas actual no funciona. La delincuencia asociada al “floreciente” mercado negro genera además enormes costes, recordó el ministro: consume muchas horas de trabajo policial y agota los recursos de la justicia.