La BBC anuncia 382 despidos y la reducción de su Servicio Exterior

La BBC se ha referido siempre a su Servicio Exterior (World Service) como la joya de la corona, el escaparate mundial del prestigio y rigor de la corporación pública británica. Los planes de digitalización de la nueva dirección, combinados con la decisión del Gobierno de Boris Johnson (heredada y confirmada por la nueva primera ministra, Liz Truss) de congelar durante los próximos años la tasa por emisión que paga cada televidente, han obligado a la empresa pública a apretarse el cinturón.

La corporación dejará de emitir espacios radiofónicos en al menos 10 idiomas, entre los que se incluyen el chino, el hindi o el árabe, y transmisiones como BBC Persia, dirigida a Irán, cesarán su programación, justo en un momento en que la revolución de las mujeres por la imposición del velo hace más necesaria que nunca en ese país la información desde el exterior.

La BBC calcula que deberá recortar unos 382 puestos de trabajo para poder culminar un plan con el que pretende ahorrar unos 32 millones de euros anuales. 156 de los empleos se suprimirán de puestos fuera del Reino Unido, y unos 226, de la organización en territorio británico. Aun así, la corporación asegura que la información al exterior seguirá alcanzando a una audiencia global de unas 364 millones de personas.

Hasta la era de la austeridad impuesta por el Gobierno conservador de David Cameron, y su ministro de Economía, George Osborne, el presupuesto del Servicio Exterior de la BBC era financiado directamente por el presupuesto público, porque se entendía que era un arma muy potente para extender la influencia política y social del Reino Unido por el mundo. Desde esa época, el servicio pasó a depender también del dinero recaudado directamente a los ciudadanos a través de la tasa.

La BBC designó hace dos años como director general a Tim Davie, un veterano ejecutivo del área comercial de la corporación, para sustituir a Tony Hall, que anunció su dimisión poco después de la llegada a Downing Street de Boris Johnson. El Gobierno conservador tiene una guerra abierta con la institución, a la que acusa de no haber mantenido su imparcialidad durante la crisis del Brexit que dividió a los británicos. El Ejecutivo ha amenazado con despojar de sanción penal el impago de la tasa de 174 euros que los británicos deben pagar por el uso de los servicios de la BBC. Una decisión de esas características debilitaría notablemente las ya escasas finanzas de la cadena pública.