Ecuador entierra 48 muertos sin nombre dos años después de la peor crisis de covid

Hace ahora dos años, Guayaquil era bautizada como la Wuhan de Ecuador. Los cadáveres de los muertos por coronavirus se apilaban de cualquier forma en las morgues de los hospitales públicos cuando no se quedaban durante días en las casas o en las calles hasta que se lo llevaban unos servicios mortuorios desbordados. Los fallecidos por covid-19 superaron los 35.400, pero hoy el país está cerca de decretar el regreso a la normalidad. Hay conciertos, fiestas y el teletrabajo ha vuelto a ser excepcional. Sin embargo, no todos pueden pasar página. Cincuenta familias siguen buscando todavía al padre, hermano o tío que se llevó la pandemia sin devolver el cuerpo y otros 55 cadáveres han sido etiquetados como NN (no name) porque no han podido ser identificados ni se han encontrado coincidencias genéticas con parientes vivos. Son más de 100 casos fruto del caos de aquellos días de 2020 que mantienen aún la herida abierta.

“Si le hubieran puesto un brazalete a mi papá, hoy sabríamos dónde está”, reprocha Laura Lindao, una de las afectadas del desorden en Guayaquil. “Se sentó en la silla de ruedas, lo entraron al hospital y jamás volvió a salir”. Ingresó a las 4.30 de la madrugada y consta como hora de fallecimiento las 4.45, pero nunca apareció en los listados oficiales de los muertos de la covid-19 que fueron enterrados por el Estado. “El mismo antropólogo me dijo: ‘Su papá no está aquí, se lo habrá llevado otra familia”, dice aún sorprendida. Se sometió a todas las pruebas genéticas, pero sigue con un hueco emocional. “Yo sí quisiera que abran hasta el último cuerpo para saber cuál es mi papá, para saber qué pasó con Galito”.

Después de dos años, hay familias sin un cuerpo que sepultar pero también cuerpos que no han sido reclamados por nadie. “Hay además un gran universo de familias que dudan firmemente de que el cuerpo que está sepultado en el cementerio sea de su pariente”, relata Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Incluso durante la indagación previa, la Fiscalía ordenó exhumaciones y en algunos casos coincidieron y en otros no”, apuntala. El también activista rememora que al camposanto de Pascuales, a las afueras de la ciudad tropical de Guayaquil, se trasladaron en contenedores los cuerpos de los fallecidos en el hospital público del Guasmo Sur. “Fue uno de los que más desorden experimentó, de ahí surgen la mayoría de casos de desaparecidos”, remata.

Entre los testimonios que ha recogido la organización que representa Navarrete, había casos que tenían la certeza de que habían enterrado a otra persona diferente a su familiar a juzgar por “el espacio de las lápidas”. Era más pequeño que su pariente en vida, aclara el activista de Derechos Humanos. “Recordemos que nunca dejaron que hubiera testigos en los cementerios. La sepultura se hacía en completo hermetismo”, denuncia. Las decisiones de entonces y las incoherencias en la entrega de cadáveres son parte de una investigación fiscal que cumple dos años sin que haya pasado de la fase de instrucción.

Greta Encalada también se sometió al viacrucis de buscar evidencias de su hermana María Dolores, pero no obtuvo ningún resultado. “De la huella dactilar pasaron con el antropólogo, que me pidió santo y seña de mi hermana y ni aún así pudieron identificarla. También prueba de ADN”, relata aún resignada. “Le echaron la culpa a los guardias de seguridad”. Cuando se despidió de ella en el hospital, tomó la precaución de sacarle una foto, pero no sirvió de nada.

El Comité por la Defensa de los Derechos Humanos documentó desde el inicio de la emergencia sanitaria y funeraria, solo en Guayaquil, más de 800 casos de cuerpos extraviados. Había cinco hospitales involucrados. El del Guasmo Sur llegó a pedir disculpas públicas, por orden judicial, por su mal manejo de la crisis de la covid-19. Esa cifra comenzó a depurarse a medida que se practicaban pruebas a los cuerpos en el Servicio de Medicina Legal. Hasta que quedaron 55 cadáveres NN. De ellos, 48 han sido recientemente inhumados en un acto cubierto por el mismo secretismo que rodeó a las sepulturas hace dos años. Ningún familiar acudió ni se convocó ningún acto simbólico. “Nos tememos que tengan la intención de cerrar el caso. La fiscalía no ha dicho que vaya a archivarse la investigación, pero no se ha hecho todo lo que se podía hacer”, reprocha Navarrete. Los otros siete fallecidos que siguen en la morgue están a falta de completar trámites.

Gabriela Díaz es la subdirectora del Servicio Nacional de Medicina Legal y defiende que se han agotado todas las vías para identificar los cuerpos. Recibieron inicialmente 234 cadáveres sin señas de identidad ni familias que los reclamaran. Según Díaz, 173 fueron identificados o por las huellas dactilares o por rasgos antropológicos -como tatuajes, prótesis, cicatrices o marcas en el cuerpo- o, en última instancia, por pruebas genéticas. “Siempre se necesita cotejamiento”, precisa la funcionaria. Es decir, hay que saber quiénes presuntamente podrían ser para poder ir a comparar las muestras. De todos los cuerpos se extrajeron muestras biológicas y perfiles genéticos, pero, recalca la subdirectora de Medicina Legal, hubo casos de ancianos en donde no había ningún pariente de referencia. Se llegaron a exhumar familiares directos para obtener ese cotejamiento.

Después de todo, todavía quedaron 55 fallecidos que carecían de cualquier tipo de coincidencia y que recibieron la categoría de NN. “Todas las inhumaciones han sido individuales”, asegura Díaz. Sobre el por qué de la sepultura en secreto de los 48 cuerpos dos años después, matiza que es la Fiscalía la que tenía que notificar a todas las partes.

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