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Fernando Simón a los expertos europeos: “Los políticos no quieren poner ninguna restricción antes de las Navidades”

Las actas de una reunión del consejo asesor del ECDC en diciembre revelan las dudas de los responsables sanitarios ante la irrupción de la variante ómicron y el cansancio de la población por la pandemia

Aglomeraciones en la Puerta del Sol (Madrid) en diciembre.
Aglomeraciones en la Puerta del Sol (Madrid) en diciembre.Olmo Calvo
Oriol Güell

La explosión de contagios causada por la variante ómicron sorprendió en diciembre a una Europa fatigada. La irrupción de una nueva forma del virus más contagiosa y cuya circulación apenas se veía frenada por las vacunas disparó la inquietud de los responsables sanitarios del continente, atrapados entre el importante impacto que ya tenía la variante delta, la incipiente amenaza y el cansancio perceptible entre la población tras casi dos años de pandemia.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) publicó el 15 de diciembre un contundente informe de riesgo en el que instaba a los países a imponer nuevas restricciones y los llamaba a prepararse ante una previsible avalancha de hospitalizaciones. Entre bastidores, los expertos del consejo técnico asesor del organismo —en su mayoría, altos cargos de la respuesta a la pandemia de los países de la UE— valoraban las medidas a adoptar y no ocultaban el temor por la aceptación que tendrían entre los ciudadanos y los posibles recelos de los responsables políticos a aplicarlas.

“En estos momentos, es muy difícil implementar intervenciones no farmacéuticas [restricciones] porque la mayoría de los políticos no quieren imponer ninguna justo antes de las Navidades”, confesó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, según consta en las actas de la reunión celebrada el día 14 por videoconferencia.

La afirmación del representante español fue la más explícita, pero los temores ante los siguientes pasos a dar planearon sobre buena parte del encuentro. Andrea Ammon, directora del ECDC, admitió en su primera intervención que la comunicación sobre la situación epidemiológica era en diciembre “más difícil que nunca”. “Si ya era complicado explicar el incremento de casos por la variante delta pese a las considerables coberturas vacunales alcanzadas, ahora es aún más difícil hacerlo con la subida de la incidencia por la ómicron”, afirmó.

Ammon mencionó el informe de riesgo que el ECDC iba a publicar al día siguiente y justificó su dureza: “Esta vez se ha decidido incluir mensajes bastante contundentes para hacer la comunicación [de las restricciones] más sencilla a los responsables en salud pública de los países. Si la información disponible sobre la transmisibilidad [del virus] es correcta, solo habrá un corto margen de tiempo para actuar. Este no es un escenario favorable porque requiere mensajes impopulares justo antes del periodo vacacional”.

Carlos Matias Dias, representante de Portugal, admitió que los políticos de su país estaban preocupados por el impacto de las fiestas, aunque se mostró confiado en que las restricciones serían reintroducidas en enero. El finlandés Mika Salminen, por su parte, afirmó: “A medida que se alargue la pandemia, más difícil será para los ciudadanos cumplir con medidas estrictas”. “La gente estará dispuesta a asumir más riesgos, lo que repercutirá sobre la carga asistencial del sistema sanitario”, reflexionó el virólogo nórdico.

La directora del ECDC compartió este punto: “Si la pandemia se alarga, surgirán cuestiones éticas como lo que supone para el resto de la sociedad que cada uno haga todo lo posible para no caer enfermo y sobrecargar los servicios sanitarios”. Ammon sugirió “invitar a un experto en ética para ver cómo afrontar este asunto, ya que no es fácil”.

Un punto compartido por varios asistentes es que se había producido cierta relajación entre ciudadanos y administraciones. “En zonas como el norte de Flandes, cerca del 92% de la población había recibido dos dosis y se habían suavizado las restricciones. El resultado ha sido que la elevada cobertura vacunal no ha protegido a la población frente a una nueva ola, posiblemente porque los ciudadanos han bajado la guardia y socializado más”, explicó el belga Koen Blot. “La gente estaba demasiado confiada, olvidando que la pandemia aún no se ha acabado”, añadió la irlandesa Lorraine Doherty.

Aunque con algunas objeciones menores, el duro contenido del informe de riesgo que iba a publicar al día siguiente el ECDC fue considerado adecuado por los expertos. “El punto de que la presión sobre el sistema sanitario es previsible que crezca y, por tanto, es necesario actuar inmediatamente era un mensaje difícil de transmitir. Es necesario tomar medidas de forma inmediata ya que es solo cuestión de tiempo que la ómicron desborde los sistemas sanitarios ante la escalada de los datos”, defendió Frode Forland, representante de Noruega (el país acude a las reuniones como miembro del Espacio Económico Europeo). “Los sistemas sanitarios pueden estar aún en riesgo, incluso con altas coberturas vacunales. Debido a las bajas laborales, un número teórico de 2.000 camas de las UCI se han visto reducidas hasta 1.800″, detalló el representante belga.

El objetivo de acelerar la administración de la tercera dosis fue un tema recurrente durante el encuentro, en el que varios países comentaron su decisión de adelantarla desde los cinco o seis meses previstos inicialmente a cuatro o incluso tres. Pronto surgió, sin embargo, la cuestión de si el pinchazo de refuerzo, además de evitar los cuadros graves por la pérdida de protección observada pasados unos meses de las dos primeras dosis, podía también evitar contagios ante la oleada que se avecinaba.

John Middleton, que asistió a la reunión en representación de una organización independiente de salud pública, sostuvo que la evidencia de que la vacuna evitaba los contagios era “débil” y que el foco de la tercera dosis debía ponerse en reducir “los casos graves y fallecimientos”. Para evitar los contagios, añadió, era necesario poner en marcha todas las medidas de prevención a la vez.

El representante islandés, Thorolfur Gudnason, defendió en cambio que los datos de su país mostraban que “la dosis ha tenido un impacto importante en [reducir] el riesgo de contraer la infección” y recordó que “el principal objetivo de la vacunación ha sido también limitar la transmisión en beneficio del sistema sanitario, no solo prevenir los cuadros graves”.

Rene Niehus, experto en modelos matemáticos del ECDC, también se mostró partidario de adelantar el tercer pinchazo y aseguró que, según los cálculos elaborados, “las dosis de refuerzo contribuyen a reducir la transmisión” del virus.

El único punto discrepante parecía darlo Anders Tegnell, de Suecia, que se preguntó qué se conseguía reduciendo a solo tres meses la separación entre la segunda y la tercera dosis. La consecuencia a largo plazo, apuntó, “probablemente será la necesidad de una cuarta dosis bastante pronto, y así...”.

La reunión terminó planteando algunos escenarios de futuro con las lecciones aprendidas de la pandemia. El representante finlandés apostó por la necesidad de que “los sistemas sanitarios se adapten a la sociedad, lo que requiere inversiones”. “No es posible saber si la pandemia se habrá acabado el próximo otoño o si durará un par de años más, durante los cuales los recursos están siendo retirados de los servicios de salud mental, cáncer, odontología.... lo que es inaceptable”, afirmó Mika Salminem.

Ute Rexford, de Alemania, intervino en este punto para volver a la gestión inminente de la crisis: “Es difícil pensar en el largo plazo, dada la presión que los sistemas sanitarios están afrontando. Es cierto que es necesario invertir en salud, pero ahora resulta difícil saber cuánto. [...] Por ahora no hay otra opción que reducir la transmisión y vacunar a cuanta más gente sea posible”.

Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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