El obispo de Bilbao reconoce el trabajo de EL PAÍS para investigar la pederastia y el esfuerzo de las víctimas para denunciar

El obispado de Bilbao se ha desmarcado de la línea de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que criticó el informe de EL PAÍS con 251 casos de pederastia por una supuesta falta de rigor que “hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”, y en un tono muy distinto ha valorado este martes el trabajo realizado por este periódico. “Reconocemos la labor realizada por el diario EL PAÍS en su Informe sobre casos de abusos de menores en la Iglesia española”, ha declarado en un comunicado. “En especial resaltamos el esfuerzo efectuado por las víctimas denunciantes. Compartimos la búsqueda del esclarecimiento de cualquier caso de abuso que se haya podido producir y que, sin duda, tendrá como uno de sus frutos el conocimiento de la verdad, con especial atención a las necesidades de las víctimas y a la no repetición de hechos como los denunciados”.

En este sentido el obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha anunciado la apertura de una investigación e invita a cualquier persona a denunciar posibles abusos a menores del pasado en su correo electrónico: “Recordamos la determinación de la diócesis, en sintonía con lo contenido en el Evangelio y citado constantemente por el Santo Padre Francisco, para conocer, siguiendo las normas vigentes, la verdad de los casos que hubieran podido haber acaecido, atender a las víctimas y erradicar cualquier tipo de abuso en la Iglesia”. Son casos como el de Leonor García, que ha denunciado en EL PAÍS abusos en el sanatorio Santa Marina de Bilbao en los años setenta. Es una de las denuncias contenidas en el informe.

En un clima de choque entre las distintas sensibilidades de la Iglesia española, la diócesis de Bilbao es una de las pocas que hasta ahora ha reaccionado públicamente a la investigación abierta tras la entrega del dosier. Este diario hizo llegar su estudio al Papa el pasado 2 de diciembre y al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, el 10 de diciembre. EL PAÍS se puso en ese momento a disposición de las autoridades eclesiásticas para facilitar el contacto con los denunciantes de los abusos y que de este modo puedan ser escuchados y atendidos, pero la respuesta hasta el momento es caótica y desigual. Cada orden y diócesis va por libre, con métodos distintos y diversos grados de voluntad y transparencia.

La lista de 251 denuncias de abusos que EL PAÍS ha entregado al Vaticano y la Iglesia española

Consulte la relación de los nuevos casos recopilados en tres años con acusados, fecha y lugar de los hechos

De parte de la Iglesia no hay ninguna iniciativa para coordinar esta tarea y la CEE no responde las preguntas al respecto, para aclararlo, desde hace una semana. Es finalmente este periódico el que está mediando para gestionar la compleja tarea de poner en contacto a más de 250 denunciantes con 70 entidades distintas, pues los casos afectan a 31 diócesis y 31 órdenes, que a su vez en ocasiones están subdivididas en provincias autónomas. La mayoría de las órdenes ya han pedido a EL PAÍS la comunicación con las víctimas, pero solo cuatro diócesis han escrito a este diario para solicitarlo: Zamora, Barcelona, Bilbao y Orihuela-Alicante. Una quinta, Mondoñedo-Ferrol, lo hizo para señalar un error, pues un caso adscrito a su diócesis pertenecía en realidad a la de Santiago de Compostela.

En otros países la Iglesia o el Estado han creado una comisión independiente de investigación que centraliza el trabajo, pero en España la CEE se niega a hacerlo (al contrario que en Francia o Alemania) y las instituciones también se desentienden (en oposición a Bélgica, Irlanda o Australia, que instauraron comisiones oficiales). Por otro lado, la mayoría de las víctimas desconfían de la voluntad de la Iglesia de investigar los abusos y reprochan la falta de transparencia del proceso. La propia CEE ha admitido estos años que apenas ha recibido denuncias, pero entretanto más de 600 personas han escrito al correo electrónico de EL PAÍS. Después de tres años de trabajo, este diario ha publicado un centenar de casos y ha recopilado otros 251 en el informe entregado al Vaticano, ante la resistencia de la Iglesia española a investigarlo y porque en muchos casos desobedecía al propio Papa. También ha puesto en marcha la única contabilidad de casos existente en España, ante la ausencia de cifras oficiales o de la Iglesia. En este momento, sumando las denuncias contenidas en el dosier entregado en el Vaticano, registra al menos 602 casos —cada uno hace referencia a un acusado— y 1.237 víctimas desde los años treinta.

La CEE incluso se desinteresó en un principio de la investigación y sus trámites, y explicó el pasado 20 de diciembre que era el Vaticano quien debía dirigir el proceso, una postura que creó sorpresa en la Santa Sede. Los obispos españoles llegaron a pedir que fuera el propio diario el que enviara la información de sus casos a las diócesis y órdenes involucradas, aunque finalmente la CEE comenzó a hacerlo esa misma semana. La Conferencia Española de Religiosos (Confer), que agrupa a la mayoría de las congregaciones españolas, recibió los casos de las órdenes y los envió a todos los superiores de cada congregación el 27 de diciembre, según confirma su secretario general, José Miguel Zamora.

“Es un borrón en la vida de las congregaciones”

Las órdenes religiosas, que afrontan el 77% de los casos del informe, abrieron de inmediato una investigación en la mayoría de los casos y han mostrado una disposición inicial distinta a la CEE. “No cabe duda de que todo esto es un borrón en la vida de las congregaciones”, reconoce Zamora. “Yo creo que en las manifestaciones que han ido haciendo los superiores de cada una de las congregaciones aludidas lo primero, evidentemente, es pedir perdón porque a ellos les ha caído de alguna forma algo que no han generado ni han iniciado. Las víctimas son lo primero y hay que tratar de ponerse en contacto con ellas. No queremos silenciar algo que es un problema y en la medida de lo posible hemos intentado darle cancha cuanto antes”.

La mayoría de las órdenes han pedido a este diario contactar con las víctimas, sin embargo, tampoco han previsto coordinarse y centralizar la asistencia y ayuda a los denunciantes, según admite Zamora: “En principio, nosotros tampoco hemos tomado ninguna resolución para hacer nada que sea conjunto. Puesto que sabemos que ya muchas de las congregaciones han empezado a hacer sus propias indagaciones y a trabajar. Cuando hablamos con la Conferencia Episcopal, lo único que nos dijo es que nos enviaba la información que tenía. Nosotros estamos en disposición de caminar con la Conferencia Episcopal a la vez sin ningún tipo de problema”.

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