“Si se observa en un hospital que todos son objetores a la eutanasia, se indagará el porqué”

Hace casi seis meses que la ley de la eutanasia entró en vigor en España y ya se han tramitado las primeras prestaciones de ayuda para morir. Cataluña es una de las comunidades que más solicitudes ha recibido, sostiene Albert Tuca (Barcelona, 64 años), presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de la ley de la eutanasia en esta autonomía. No da cifras, pero asegura que más de las que él esperaba. Tampoco un aluvión, matiza.

El circuito asistencial rueda ya con más agilidad y los profesionales se van curtiendo en la operativa de la ley, asegura Tuca, aunque “a velocidades diferentes” entre las comunidades. Madrid y Andalucía aprobaron hace unas semanas sus comisiones de garantías, el organismo imprescindible para aterrizar la ley porque tiene la última palabra en la validación de las solicitudes.

Pregunta. ¿Vuelve a pesar el código postal también para esta prestación?

Respuesta. Probablemente, sí, pero sería una especulación por mi parte, porque no tengo razones objetivas para explicar por qué en unas zonas se va más rápido que en otras. En cualquier caso, en este momento están en marcha las directrices y el espíritu de los departamentos de salud de las comunidades es dar una respuesta ágil, efectiva y segura a todas las personas que solicitan la ayuda para morir.

P. ¿Cuántas peticiones se han tramitado en Cataluña?

R. No lo puedo decir. No es una actitud hermética ni misteriosa ni oscura. Todo lo contrario. Se ha llegado a un pacto de no hablar de números hasta tener una casuística suficiente para hacer una evaluación pública de forma serena y tranquila. Tenemos el deber de preservar la intimidad del proceso individual y también del proceso social. Es una situación donde hay posiciones divergentes y en este momento no era conveniente tener voces que digan que son demasiadas o demasiadas pocas.

P. En este tiempo que lleva la ley en vigor, ¿lo que están viendo es lo que se esperaban?

R. Estábamos en un terreno desconocido. Es una impresión personal, pero yo diría que ha habido más de las que yo me esperaba. Inicialmente, uno lo que piensa es que hay muchas personas que en los últimos meses conociendo la ley estaban esperando a que entrase en vigor para solicitarla. Pero, ha pasado esa primera ola y hay un ritmo intenso. No puedo decir el número, pero es un ritmo intenso. No es exagerado, pero tampoco es poco. Al menos, en Cataluña. No será una situación anecdótica, pero no estamos al nivel de Bélgica o Países Bajos [en este país fueron el 4,1% de las muertes, 7.000 casos].

P. ¿Cómo están respondiendo los profesionales sanitarios?

R. Tengo dos informaciones: de mi entorno sanitario y de la comisión de garantías. Del primero, ninguna dificultad, todas las facilidades, interés y compromiso. Y en la comisión solo tengo información de las personas que han solicitado ayuda para morir y tienen un proceso cuidadoso y fácil. No tengo noticias de que haya ningún caso en el que haya habido problemas o barreras.

P. ¿Puede pasar como la ley del aborto que el nivel de objeción ponga en peligro la prestación del servicio dentro de la red pública?

R. Creo que no. La ley está armada sobre esto. La objeción de conciencia no se admite como colectivo, ni se admite una objeción en cascada. Si se observa en un hospital que todas las personas son objetoras, se indagará el porqué. Un centro no puede declararse objetor y una sociedad profesional tampoco. Ni pueden insinuarlo.

P. ¿Qué significa que se indagará?

R. No es una investigación policial. Es interesarse y ver qué está ocurriendo. Puede ser fruto de la casualidad, pero sería muy llamativo que en un centro hospitalario el 100% se declarara objetor. Simplemente, la investigación es preguntar, no es una persecución ni tiene una responsabilidad civil.

La eutanasia no debe entenderse como una alternativa al suicidio”.

P. El Comité de Bioética de España sí que planteaba en un informe la posibilidad de hacer una objeción institucional.

R. El Comité de Bioética de España no es vinculante y me parece, además, muy aventurado por su parte. La bioética, por definición, ha de ser laica, global, social, posibilista y pluralista. Pensar que un comité de bioética diga que un colectivo o un recurso sanitario pueda declararse objetor va en contra de todos estos principios, por muy comité de bioética que sea. Sería muy raro que el 100% se declarara objetor. Eso no es admisible éticamente, aunque, a lo mejor, lo sea legalmente.

Otra cosa es que una organización sanitaria pueda desvincularse de la atención pública de salud porque tiene una objeción de conciencia frente a una prestación que debe incluir la cartera de servicios. Aquí no entro ni salgo. Pero la ley dice que no es opcional: es un derecho del ciudadano y todos los servicios públicos tienen el deber de incluirlo en su cartera de servicios. Quien aspire a dar servicio público de salud, lo debe incluir.

P. Las entidades sociales denunciaban la falta de formación e información de los profesionales. ¿La profesión médica estaba preparada para asumir este salto?

R. Creo que sí, pero como cualquier otro procedimiento, requiere un mínimo de formación y entrenamiento. El problema fundamental está en un tema muy garantista, que es una documentación administrativa muy rigurosa, con plazos muy herméticos y seguimiento obligatorio, y esto cambia las agendas de los profesionales de una forma radical. Por otro lado, está el entrenamiento sobre el proceso deliberativo, los médicos estamos muy acostumbrados a valorar los hechos, la realidad fáctica, la enfermedad, las expectativas en el tratamiento… y no tanto a sopesar el valor que otorgan las personas a lo que les ocurre y a valorar la intensidad del sufrimiento.

P. La ley dejaba muchas incógnitas, como afrontar los casos de personas con problemas de salud mental. ¿Cómo sabes si ese deseo de ayuda para morir no está condicionado por la enfermedad?

R. La salud mental es un tema pendiente. Muchas veces el origen de la petición de avanzar la muerte es la propia enfermedad, no las consecuencias de la enfermedad. Son personas que no tienen deterioro funcional u otros síntomas, , sino simplemente, y nada menos, que no desear continuar viviendo. Eso es un motivo de discusión muy intenso que tenemos que aprender a abordar.

La eutanasia no debe entenderse como una alternativa al suicidio. Puede haber situaciones de salud mental donde las expectativas de respuesta al tratamiento sean nulas, el impacto de la propia enfermedad provoque una altísima dependencia y el sufrimiento físico y psíquico sea muy importante. Ahí los psiquiatras nos ayudarán con esto. Pero hay otros casos en lo que, como el motivo de su enfermedad es su deseo de dejar de vivir, es difícil contemplarlo como un contexto eutanásico.

P. ¿Pero cómo se resuelve?

R. No está resuelto. Tenemos que trabajar mucho para esto. Probablemente se tendrá que hacer un anexo, una ley diferente. No podemos confundir una cosa con la otra: Un sufrimiento psíquico que no provoque un sufrimiento físico ni un deterioro o amenaza de muerte —que no sea por suicidio— y que sea reversible con el tratamiento, no es contexto eutanásico por mucho que la autonomía del paciente sea esa. La ley, hoy por hoy, no da respuesta ni creo que dé respuesta tal y como está formulada. Y eso no quiere decir que en el futuro no se puedan hacer anexos, revisiones.

P. Otra cuestión que se quedó en el aire es qué es un padecimiento grave o sufrimiento intolerable para acceder a la prestación. ¿Cómo se mide?

R. El padecimiento grave se mide. Lo que no se mide es el sufrimiento, porque es subjetivo e individual. Es una experiencia vital íntegra —física, psicológica y existencial—. El valor que otorga una persona a lo que le ocurre es difícil de evaluar.

P. ¿Y cómo lo hacen?

R. No cuestionándolo. Si una persona es competente, tiene información sobre la enfermedad y el pronóstico, no tiene presión externa y es capaz de organizar el discurso de forma consistente, organizada y reiterada en el tiempo, hemos de entender que eso es intensidad del sufrimiento.

P. Como presidente de la comisión, ¿qué ha sido lo más difícil de abordar?

R. Ha habido problemas de gestión documental, de ayuda a los profesionales… También cuando un dictamen es desfavorable, te sientes mal y piensas: a ver si me estoy equivocando. Da más inquietud el desfavorable que el favorable.

Ha habido más peticiones de eutanasia de las que yo me esperaba. No puedo decir el número, pero es un ritmo intenso. No es exagerado, pero tampoco es poco”.

P. ¿Esta ley puede generar discriminación entre los profesionales por tomar una u otra posición?

R. Espero que no. La decisión de objeción es individual, pero el llamamiento a las organizaciones sanitarias a facilitar el trabajo de los profesionales es máximo y también el de preservar el derecho de objeción. Ese médico objetor lo es de conciencia para lo que hace como profesional, pero su responsabilidad frente a la institución y al solicitante es asegurar dar respuesta a esto. No abandona al paciente.

P. ¿El sistema de salud está preparado para desplegar esta norma?

R. Tiene dificultades, pero está preparado. Las organizaciones sanitarias han de facilitar la gestión del trabajo para dar respuesta prioritaria al solicitante porque hay unos plazos que cumplir, pero también deberán responder a otros pacientes que dejen de atenderse por dar prioridad a los que solicitan una eutanasia. Tiene que ajustarse y somos capaces. La dificultad está en que el sistema sanitario está tensionado.