Una investigación de EL PAÍS en cinco países de América Latina encontró que una red de centros afiliados a la organización conservadora estadounidense Heartbeat International (HI) se promueven en internet como sitios feministas y con lenguaje engañoso a favor del aborto, pero funcionan en realidad como vías para manipular e institucionalizar a mujeres y tratar de que lleven su embarazo a término. Cinco reporteras y un reportero acudieron a centros en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México de manera encubierta entre 2019 y 2021, como seguimiento a una investigación de OpenDemocracy sobre las operaciones de HI en la región.

En esas visitas encontraron que estos centros operan de la misma manera: ofrecen información falsa sobre el aborto, proponen la adopción como alternativa y, en algunos casos, ofrecen temporalmente estancia y comida. Sus promesas de ayudar a encontrar un hogar para su hijo suelen ir en contra de las leyes en los países donde operan. Su estrategia forma parte de la nueva embestida del movimiento ultraconservador que trabaja en la región para contener el avance de los derechos reproductivos de la mujer.

En tres de los cinco países incluidos en este reportaje, los portales utilizan publicidad engañosa o se identifican como activistas feministas. En México, Colombia y Costa Rica ofrecieron a las reporteras —que se presentaron como mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad—, un proceso de adopción por fuera de las instituciones legales.

Las expertas consultadas coinciden en que las ofertas de adopción que hacen no son reales, sino una manera de convencer a la madre de que lleve el embarazo a término. “Este es un tema súper subterráneo”, asegura Susana Chávez, directora ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), quien ha seguido la ofensiva de grupos políticos ultraconservadores en la región por décadas. La adopción como alternativa a la interrupción del embarazo “es una mentira”, asegura: “En realidad lo que busca es desanimar a la niña, a la adolescente, a las mujeres, de abortar con una falsa promesa que no van a cumplir jamás”.

Heartbeat International no respondió a dos solicitudes de comentarios sobre los hallazgos de este reportaje dirigidos a su equipo de comunicación.

Marketing digital y desinformación

Heartbeat International es una organización católica fundada en 1971, en medio de la batalla judicial por el caso “Roe vs. Wade” —que derivó la legalización del aborto en todo el territorio estadounidense— para “ayudar a mujeres a escapar de la tentación y la presión de abortar a sus preciosos bebés”. Con los años se fue convirtiendo en un paraguas institucional para todo tipo de organizaciones que trabajan contra los derechos reproductivos, con presencia en más de 60 países y vínculos directos con políticos del Partido Republicano, pero también más allá de las fronteras de Estados Unidos.

En El Salvador, por ejemplo, uno de los países con las leyes más duras del mundo contra el aborto, Heartbeat tiene una influencia explícita. Un representante de la organización, Ron Archer, ha visitado el país por lo menos tres veces para ofrecer conferencias y dirigirse directamente a la Asamblea Legislativa. En 2017, de acuerdo con Clacai, Archer reunió a pastores de iglesias en ese país con el objetivo de reducir el índice de abortos y se comprometieron a crear 16 albergues.

Según su propia página, Heartbeat opera a través de 2.850 organizaciones afiliadas en todo el mundo. Dentro de Latinoamérica existen los Centros de Ayuda a la Mujer (CAM), que se dedican a recibir mujeres con embarazos no deseados, les ofrecen información falsa sobre el aborto y, en algunos casos, la oportunidad de vivir ahí hasta que su embarazo termine. México es uno de los países con el mayor número de CAM —tiene 70— y le sigue Argentina con 32. EL PAÍS estableció contacto y visitó estos centros en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México. En Estados Unidos los llaman “centros de embarazos en crisis” (CPCs, en su sigla en inglés) y funcionan de la misma manera.

Varios de estos sitios tienen publicidad engañosa en redes sociales. En México posan como clínicas de interrupción legal del embarazo. En Argentina se identifican como “activistas feministas” y en Costa Rica utilizan colores e insignias del movimiento a favor del aborto y en contra de la violencia de género. Pero, al establecer contacto, los centros citan a las mujeres en persona, en donde les piden datos personales sensibles como el nombre y contacto de su pareja.

En 2019, la organización británica Privacy International denunció que, por medio de sus miles de afiliados internacionales, Heartbeat se dedicaba a reunir datos de mujeres que buscaban información sobre el aborto, contactarlas de alguna manera e intentar convencerlas de que no interrumpieran su embarazo, a través de programas intrusivos y sistemas de marketing digital.

A las reporteras de EL PAÍS que acudieron a los centros en México, El Salvador, Argentina y Costa Rica les mostraron videos y panfletos con información falsa sobre el aborto, como que podría llevarlas al suicidio y podrían sufrir de síndrome post-aborto, una especie de impacto psicológico cuya existencia no está probada. Dijeron que el uso de la pastilla de misoprostol puede llevar a un aborto “incompleto” que puede generar una infección; que un aborto puede ocasionar cáncer de pecho, hemorragia incontrolable, la muerte y hasta una posible amputación de piernas. En todos los casos le dijeron que no estaban solas, ya que el centro podría acompañarlas durante todo el embarazo y ayudarles en el proceso de adopción del bebé.

En Costa Rica, el centro se presenta en redes como una clínica para abortar a través del portal quieroabortarcr.com, el cual tiene un logotipo en violeta y verde, así como la insignia “Vivas nos queremos”. El portal habla de “intervención” del embarazo a través de pastillas abortivas. Y, a pesar de que en línea se presentan como “Mujer al poder”, el centro opera en realidad bajo el nombre Instituto Femenino de Salud Integral (IFEMSI).

En 2019, como parte de una primera investigación realizada por la revista OpenDemocracy, una persona que recibió a la reportera en el centro en San José le dijo que ofrecían un proceso de adopción en el que se “brincan al PANI”, que es el Patronato Nacional de la Infancia, organización del gobierno que lleva a cabo todas las adopciones legales. Le ofrecieron, incluso, que si quería podía “seguir teniendo una relación con los padres adoptivos”. En el país está prohibido intervenir en procesos o intermediar entre madres biológicas y las personas interesadas en adoptar.

En respuesta a esta investigación, el PANI presentó una denuncia por trata de personas ante la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, según informó en un correo la vocera del patronato, Fanny Cordero. Al visitar el centro este año, una mujer le dijo a un reportero de EL PAÍS que anteriormente se daba un acompañamiento en el proceso de adopción en coordinación con el PANI, pero ya no. El Patronato Nacional de la Infancia aseguró no tener relación o conocimiento alguno de esta organización.

En El Salvador, a la reportera le ofrecieron tramitar una “cesión de derechos de cuidado” una vez nacido el bebé, y le aseguraron que el centro tiene “gente esperando a una llamada” para adoptar un hijo con ellos. Por ley, ninguna organización civil puede promover la adopción en el país, y la cesión de tutela, en los artículos 206 y 207 del Código de Familia, no es un mecanismo que se pueda aplicar en caso de adopción.

En México, los portales aborto-mexico.com e interrumpir-embarazo.com ofrecen a primera vista orientación para interrumpir el embarazo, que es legal hasta las 12 semanas de gestación en cuatro Estados (y, desde septiembre, ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar). Los portales ofrecen números de Whatsapp de institutos afiliados a HI que, en el país, se llaman Vida y Familia A.C. (Vifac). En dos centros de Vifac, uno en Ciudad de México y otro en Monterrey, la reportera expresó su deseo de que no quedara rastro de su supuesto embarazo. Vifac le ofreció como opción la “cancelación” del acta de nacimiento del bebé, un trámite que no existe.

En 2019, México pasó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prohíbe explícitamente a cualquier organización de la sociedad civil dar en adopción. Esto implica que ni los gobiernos estatales ni los municipales tienen la facultad de permitir a organizaciones civiles que lleven procesos de adopción. En un reportaje publicado hace algunos años, la reportera mexicana Thelma Gómez Durán señalaba que Vifac recibía fondos tanto de instituciones privadas como de familias con mucha influencia en el país.

Albergues y promesas de adopción

En junio de este año, EL PAÍS visitó las instalaciones de la “Casa azul” de Vifac, en Satélite, al norte de la Ciudad de México. Mensualmente, según contaron de manera informal durante la visita, reciben una docena de mujeres que tocan sus puertas —algunas buscando un aborto, otras referidas por otras instituciones— y tienen entre 8 y 10 niños en sus cuneros. Una vez que deciden quedarse en Vifac, le aseguraron a la reportera, las mujeres reciben un techo, alimentos, atención médica y acompañamiento, y, la “cereza”, como lo llamaron las coordinadoras, son talleres que supuestamente en un futuro las ayudarán a salir de su precaria situación económica. En las instalaciones, varias mujeres confeccionaban rosarios con cuentas de colores.

Algunas de estas mujeres, de acuerdo con su propio testimonio, estaban agradecidas de tener un lugar donde vivir y llevar a término su embarazo; otras, de haber podido salir de una situación de violencia doméstica. Durante la visita, una mujer salió con un bebé en brazos, y una de las encargadas del centro dijo que se trataba de una abogada voluntaria que iba al juzgado porque ya estaba autorizada la adopción; aseguró que el proceso era muy rápido gracias a las buenas relaciones que tenían “con la jueza”.

01:25

Así son las tácticas antiaborto de la ultraderecha

Según Susana Vallina, encargada de comunicación de Vifac, entre 90% y 92% de las mujeres terminan quedándose con sus hijos. Sin embargo, reconoció que no hay seguimiento a estas mujeres puesto que su misión es solamente el de apoyo a embarazadas. Vifac asegura que tiene fuertes lazos de colaboración con la fiscalía y la procuraduría del Estado de México, y que colaboran con la lista de padres a los que se dan en adopción.

Al ser consultado sobre estos puntos, el Gobierno federal dijo que los procesos de adopción tramitados ante cualquier instancia que no sea la oficial “son realizados de manera irregular”, y que esto incluye “la promesa de adopción durante el proceso de gestación”. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (conocido como DIF) dijo además que ya desde agosto habían constatado que Vifac no ha entregado a las autoridades la Constancia de Autorización para operar como Centro de Asistencia Social.

En su respuesta, el DIF detalló también que, a partir de la consulta realizada por EL PAÍS, este 20 de octubre la fiscalía y la procuraduría del Estado de México emprendieron diversas acciones para obtener información sobre si existe algún tipo de relación institucional con Vifac, “debido a que se advierte la posible realización de prácticas ilícitas en materia de adopciones”, y para “indagar si se han tramitado adopciones en coordinación con dicha institución de asistencia privada”.

Dos años antes de esta visita, en un centro en el sur de Ciudad de México que entonces figuraba como afiliado a Heartbeat, una mujer le había ofrecido a una de las reporteras encubiertas “canalizarla” a una organización independiente con la promesa de que ofrecían una alternativa diferente a la del DIF, única organización autorizada para llevar a cabo adopciones por ley. En la sala de espera del centro, la reportera pudo ver a muchas mujeres jóvenes con niños de brazos esperando recibir una despensa. Consultado por la forma de operar de estos centros, Miguel Ángel Salazar, quien suele presentarse como asesor médico de la red de CAMs en América Latina, aseguró que “estas instituciones trabajan en favor de la niñez y en favor de la mujer”, y que los cuestionamientos por la manipulación a la que someten a mujeres embarazadas “son mentiras” y tienen “un sesgo ideológico”. También dijo que tenía “forma de fundamentar” de que estas eran mentiras; pero, al pedirle más detalles al respecto, cortó la comunicación de manera abrupta.

“La institucionalización cada vez es una práctica menos recomendada”, explica Susana Chávez, la directora del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), “porque lo que cada vez queda más claro, en las políticas de adopción, es que los niños y niñas deben ser insertados a hogares, a familias y esa es la tendencia mundial”. En la última década, estudios científicos y organizaciones como Unicef han puesto sobre la mesa evidencias de que la institucionalización tiene un impacto negativo considerable sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Por estos motivos, explica Chávez, organizaciones como HI y sus afiliados no promueven abiertamente los albergues en donde institucionalizan a las madres y buscan otras maneras de captarlas.

Las promesas de facilitar o resolver la adopción, así sean falsas o ilegales, se han repetido de manera similar en los otros países. En un centro de Bogotá, donde la reportera se presentó como embarazada en condición de vulnerabilidad, le sugirieron recurrir a Fundación Hogar Margarita: le aseguraron que allí tenían listas de padres en espera en caso de que quisiera darlo en adopción y le dieron mensajes confusos diciendo que la fundación se encargaría del proceso fuera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, órgano encargado de las adopciones en Colombia.

En ese país, al igual que en México, Costa Rica y El Salvador, hubo también una similitud en el ofrecimiento de supuestas modalidades de adopción parcial en donde las madres podían seguir en contacto con el bebé y de cancelaciones de actas de nacimiento o cesión de derechos paternales. En Argentina, la encargada del centro le aseguró a la reportera —quien se hizo pasar por una joven embarazada—, que nunca ha conocido a una mujer que terminara dando en adopción a su bebé después de llevar el embarazo a término.

Ese es, a fin de cuentas, el propósito real de las ofertas de adopción con procedimientos paralelos a la ley, según pudieron determinar las reporteras: que las mujeres lleguen al parto y se queden con sus bebés. Y en esa lógica funciona también el ofrecimiento de estadía en un albergue para la madre y el bebé hasta uno o dos años después del nacimiento. Una oferta que hicieron los centros en México, El Salvador y Colombia.

“La idea de una especie de refugio para luego liberar a la mujer a que sea madre, esa es una práctica que nunca había visto en ningún tipo de modelo histórico”, dice Gretchen Sisson, socióloga experta en salud reproductiva en la Universidad de California en San Francisco. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una mujer avanza en su embarazo hasta el punto en que el aborto ya no es una opción, el 90% termina criando a su hijo, aseguró la académica. “No estoy segura de que haya muchas mujeres interesadas en el aborto que luego recurran a la adopción a menos que se les dé una gran cantidad de información errónea sobre la accesibilidad o la seguridad del aborto en sí”, agrega Sisson.

Las periodistas que trabajaron en esta investigación son Carla Perelló, Megan Janetsky, Jennifer Ávila y Álvaro Murillo.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa del programa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas.