El aborto, un derecho en riesgo permanente
España revisa su ley para garantizar una prestación efectiva en todo el país y en la sanidad pública. Texas y Polonia dan un giro y prácticamente lo prohíben en medio de la ofensiva mundial para socavar la interrupción voluntaria del embarazo
El acceso a un aborto libre y seguro es imposible en gran parte del mundo. Y donde se reconoce y permite sufre el riesgo de retroceder. En menos de un año, Polonia o el Estado de Texas, en Estados Unidos, han dado un giro y ahora prácticamente lo prohíben. En España, donde la interrupción voluntaria del embarazo es libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación, el Gobierno prepara una modificación de la ley para que el aborto sea totalmente efectivo e impedir que existan hospitales que no los realizan porque toda su plantilla es objetora de conciencia o que haya autonomías enteras donde no se puede abortar. El 86% de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizan en clínicas privadas con concierto sanitario.
A las puertas de esas clínicas acuden periódicamente grupos de personas contrarias al aborto que intentan disuadir, y en ocasiones hostigan, a las mujeres que van a abortar y a los sanitarios que las asisten. Justo este miércoles empiezan unas jornadas convocadas en todo el mundo, 40 días por la vida, que movilizan a voluntarios para rezar delante de las clínicas. En España, se hará en ocho ciudades hasta el 31 de octubre. Cinco voluntarios han acudido este miércoles por la mañana a la Clínica Dator, en Madrid. A unos 20 metros del centro y con rosarios en mano, los asistentes han recitado oraciones a la virgen María y han pedido por las mujeres, sus “bebés” y los médicos de la clínica. “Nosotros solo venimos a orar, somos un grupo pacífico, no interactuamos con nadie”, ha afirmado uno de ellos. Otra participante en los rezos dice entender que “estas mujeres están pasando por una situación muy dura”, pero cree que “los bebés tienen derecho a vivir”, informa Paola Nagovitch. Distintas personas entran a la clínica en las dos primeras horas sin cruzarse con los voluntarios que rezan al otro lado de la calle.
El Congreso de los Diputados sacó adelante el martes, en una sesión tensa, la toma en consideración para cambiar el Código Penal e incluir como delito penado con hasta un año de cárcel a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. El pleno tuvo que ser suspendido diez minutos, después de que un diputado de Vox llamara“bruja” a la parlamentaria del PSOE que defendió la iniciativa, Laura Berja. El partido de ultraderecha lleva en su programa electoral la “defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, están contra el aborto y contra la eutanasia. También defienden desterrar totalmente de la sanidad pública los abortos, que consideran intervenciones quirúrgicas “ajenas a la salud”. Pablo Mariñoso, organizador en España de la campaña 40 días por la vida, ha asegurado que no les preocupa ese cambio. “Nosotros no venimos a increpar. Si alguna mujer se nos quiere acercar es bienvenida, pero venimos a rezar”. El plan del Ministerio de Igualdad prevé regular la objeción de conciencia y garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos en todo el territorio, además de eliminar el requisito del permiso de los progenitores para menores de 16 y 17 años.
En los últimos 25 años, 47 países han despenalizado el aborto —el último, México― y permiten a las mujeres decidir sobre sus propios cuerpos, según el Centro para los Derechos Reproductivos. Pero queda camino por recorrer. La interrupción voluntaria del embarazo está siempre en el punto de mira, sometida a una ofensiva que se recrudece cada cierto tiempo y en la que participan partidos ultraconservadores y grupos religiosos. “El aborto es un homicidio. Sin medias palabras. Quien aborta, asesina”, ha dicho hace una semana el papa Francisco. El Vaticano respaldó en 2014 la iniciativa de 40 días por la vida y alabó a sus voluntarios “implicados en promover el respeto por la vida de todos los niños no nacidos”. La inspiración de esa campaña mundial que hoy se replica en Madrid, Barcelona o Córdoba viene de Texas, donde desde el 1 de septiembre está prohibido abortar tras las primeras seis semanas de embarazo, incluso en casos de violación o incesto. Esto, en un país donde es legal desde 1973 y donde han sido los tribunales los que han logrado frenar hasta ahora los intentos de dar pasos atrás. Los médicos de los estados vecinos de Texas han denunciado la llegada de mujeres “desesperadas” a sus clínicas tras el cambio legal que, en la práctica, impide el aborto en un periodo muy corto, casi el que transcurre entre una regla y la siguiente y en el que a muchas mujeres no les da tiempo ni siquiera a sospechar que pueden estar embarazadas. “Uno de los casos más desgarradores es el de una menor, violada por un miembro de su familia, que condujo entre siete y ocho horas” para abortar fuera de Texas, señala en documentos judiciales Joshua Yap, médico de la organización Planned Parenthood, según recoge la agencia AFP.
No es la única democracia que ha dado un paso atrás en los últimos meses. En la Unión Europea, Polonia aprobó limitar el acceso al aborto hasta casi hacerlo inaccesible para el 97% de las mujeres. Se persigue además a quienes ayuden a las mujeres a abortar. “Los médicos tienen miedo y es casi imposible acceder al aborto en caso de amenaza grave para la salud de la mujer. En plena pandemia, con la necesidad de cuarentenas entre países, ha hecho complicadísimo que las mujeres pudieran salir a países de alrededor”, señala Irene Donadio, consejera de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Los grupos feministas preparan una propuesta en el parlamento que lo vuelva a despenalizar. “Es un recorrido con pasos atrás y pasos adelante, pero las mujeres no han perdido el ánimo. Hay conexión con movimientos feministas de todas partes del mundo, unas aprendemos de otras”.
“¿Quiere que se permita a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación?”. Esta pregunta se somete a referéndum el domingo 26 de septiembre en San Marino, el microestado de 33.800 habitantes que comparte con Andorra, Malta y ahora también Polonia la prohibición al aborto en Europa. Las mujeres que quieren abortar viajan a las ciudades italianas más cercanas, como Rimini, y pagan entre 1.000 y 2.000 euros, explica Rosa Zafferani, integrante de la Unión de las Mujeres de San Marino. Hace casi 20 años que pelean para llevar la despenalización del aborto al Parlamento, que nunca les atendió. “Decidimos que era el momento de preguntar a la población porque la política no asume este tema, pero la ciudadanía sí está preparada para respaldarlo”. Su iniciativa ha contado con el respaldo de activistas de otros países, como Irlanda que lo despenalizó en 2018 tras un plebiscito. Si vence el sí en el referéndum, la obligación es legislar en un plazo de seis meses. Dice Zafferani que revisarán la letra pequeña, para evitar que en la práctica se restrinja el acceso al aborto con “obstáculos” como objeciones de conciencia masiva. “Estaremos vigilantes porque las mismas personas que han impedido durante años que el debate entre en el Parlamento son quienes tendrán que hacer la ley”.
Esa conexión entre movimientos feministas de la que hablan Donadio y Zafferani el contagio de avances entre distintos países se ha visto sobre todo en América Latina, espoleada el pasado diciembre por el triunfo de la marea verde de las argentinas, que consiguieron una ley de plazos largamente reclamada. México acaba de despenalizar el aborto tras la decisión de la Suprema corte de anular la cárcel con la que castiga la interrupción voluntaria del embarazo en algunos estados mexicanos. El resto de países de la región esperan que cunda el ejemplo.
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