La Audiencia mantiene el secreto de la investigación sobre la paliza mortal a Samuel Luiz mientras recaba más pruebas
Un informe de la policía revela que uno de los migrantes senegaleses que auxilio al joven también fue agredido por los autores de la paliza mortal
La Audiencia de A Coruña ha decretado que la investigación del crimen de Samuel Luiz, ocurrido en la madrugada del pasado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña, continúe bajo secreto de sumario, tal y como ordenó la jueza instructora tras los hechos. Esta medida, que es temporal, impide a las partes personadas en el caso acceder al contenido de las diligencias de investigación practicadas hasta el momento. La Audiencia ha estimado así el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha dejado sin efecto el auto dictado el 14 de julio por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña que levantaba el secreto de las actuaciones, según informó el Tribunal Superior de Galicia.
Hasta el momento hay seis imputados por la muerte de Luiz. Tres de ellos se encuentran en prisión preventiva y dos, que no alcanzan la mayoría de edad, en un centro de menores, uno de ellos con antecedentes penales, mientras una chica supuestamente implicada en la agresión grupal se encuentra en libertad condicional.
Para mantener esta medida procesal, el tribunal ha tenido en cuenta la gravedad del delito, principal objeto de investigación, la pluralidad de los implicados y la existencia de una serie de diligencias de investigación policiales y judiciales todavía pendientes de practicar y que, según el auto, “son de carácter indudablemente urgente”. Además, los magistrados indican en su resolución que esta situación de secreto debería prolongarse, al menos, hasta que se realicen “los actos de instrucción sustanciales”, entre ellos los testimonios recogidos de las personas que presenciaron los hechos.
El secreto, según la Audiencia, es necesario para “velar por el adecuado desarrollo de la instrucción, garantizando las fuentes de prueba, la plena normalidad de su desarrollo y evitando situaciones de riesgo para la pluralidad de los testigos pendientes de prestar declaración”. Así, el tribunal advierte de que la labor de indagación policial “no está concluida”.
Los magistrados explican en el auto que la figura del secreto de las actuaciones, como toda norma limitativa de los derechos fundamentales, es temporal y, en este caso, necesaria. Por ello, recuerdan que la “limitación temporal del ejercicio del derecho de defensa” está destinada a establecer precauciones de salvaguarda cuando la intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar lugar a interferencias, manipulaciones u obstaculizaciones de investigación”. Además, matizan que la medida es “necesaria, excepcional, temporal y prorrogable, de forma que la operatividad del derecho de defensa no quede relegada al juicio oral”.
Esta decisión de la Audiencia de A Coruña llega más de dos semanas después de producirse el crimen grupal contra el enfermero de 24 años. La paliza mortal desató una ola de indignación del colectivo LGTBI con movilizaciones en toda España, ya que durante la paliza mortal los agresores profirieron insultos como “maricón” y “maricón de mierda”.
Residencia para los dos senegaleses
La decisión del tribunal coincide con la publicación del oficio de la subdelegación de Gobierno en favor de otorgar la residencia a Ibrahima y Magatte, los ciudadanos senegaleses que ayudaron al joven coruñés cuando fue mortalmente agredido la noche del 3 de julio. En el documento consta un informe de la Brigada de la Policía Judicial que revela que Ibrahima también fue agredido por quienes acabaron con la vida del auxiliar de enfermería, por lo que además de testigo de los hechos se le considera víctima en el proceso judicial. El documento se adjuntó a un oficio que la Subdelegación de Gobierno ha enviado este martes a la Secretaría de Estado de Migraciones mostrándose a favor de otorgar la residencia a Ibrahima y Magatte. La subdelegada, María Rivas López, ha destacado la “actitud humanitaria” de los migrantes que pusieron en “riesgo” su vida. La solicitud de residencia para Ibrahima y Magatte contemplaría, según las recomendaciones de la subdelegada, un permiso de trabajo, toda vez que figura acreditada una oferta de empleo para ambos.
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