La crisis del coronavirus

Las altas coberturas frente al coronavirus permiten a España eludir el debate de la vacunación obligatoria

Sanidad y las comunidades ven innecesario seguir la estela de Francia y Grecia gracias a una aceptación entre los sanitarios que supera el 90%

Una sanitaria pone una vacuna en el Estadio Olímpico de Sevilla.
Una sanitaria pone una vacuna en el Estadio Olímpico de Sevilla.PACO PUENTES / EL PAÍS

Valor social además de beneficio individual y persuasión antes que coacción. Estos son los principios que han inspirado durante décadas la vacunación de la población infantil en España y, vistos los buenos resultados —el país disfruta de una de las mejores coberturas de la Unión Europea—, las Administraciones no han considerado necesario cambiarlos en la lucha frente al coronavirus. Tampoco entre el personal sanitario ni entre los trabajadores de residencias de mayores, donde un posible caso positivo podría tener efectos devastadores para los pacientes o residentes.

Los datos disponibles en España muestran que las plantillas de hospitales y centros de salud han participado masivamente en la campaña de vacunación frente al coronavirus, con porcentajes que se acercan al 98%. La aceptación es algo menor entre el personal de las residencias, donde se sitúa por encima del 90%.

No es la situación de otros países del continente. Francia y Grecia anunciaron este lunes la vacunación obligatoria de su personal sanitario ante la irrupción de la quinta ola y la evidencia de que se mantienen las reticencias entre muchos profesionales del sector. “Los profesionales sanitarios deberán haber recibido la segunda dosis el 15 de septiembre”, declaró el ministro francés de Sanidad Oliver Veran, que informó de que aquellos que no acepten inmunizarse no podrán ir a trabajar y dejarán de percibir su sueldo.

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La medida se ha adoptado tras varias semanas en las que el porcentaje de sanitarios vacunados en el país apenas avanza tras haber llegado al 60%. “Tenemos que ir hacia la vacunación de toda la población francesa, es la única vía para volver a tener una vida normal”, afirmó el presidente Emmanuel Macron, que incluyó la vacunación obligatoria del personal sanitario en un paquete de medidas destinadas a toda la población en un país en el que las resistencias a las vacunas han crecido de forma notable en las dos últimas décadas.

En Grecia, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se mostró igual de contundente. “No vamos a cerrar el país otra vez por culpa de algunos. No es Grecia la que está en peligro, sino los griegos que han decidido no vacunarse”, proclamó. Aunque el Gobierno no ha hecho públicos datos de la vacunación entre el personal sanitario, la tendencia en el país no es halagüeña: el ritmo de vacunación se ha ralentizado cuando apenas el 41% de los griegos ha completado la pauta, seis puntos menos que España.

El Comité de Bioética de Grecia había recomendado la vacunación obligatoria del personal sanitario y que atiende a los mayores “como último recurso” si los esfuerzos para promover la vacunación entre ellos no surtían efecto.

“En España, afortunadamente, tenemos muy asumidas las ventajas que tienen las vacunas para cada uno de nosotros y para el conjunto de la sociedad. Las coberturas que estamos consiguiendo entre la población y las alcanzadas entre el personal sanitario son muy elevadas”, afirma Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

Con los porcentajes actuales, este especialista considera que imponer la obligación de inmunizarse sería incluso “contraproducente”. “Siempre es mejor persuadir que obligar. Y hacerlo cuando no es necesario puede tener un efecto indeseable de provocar un rechazo a la vacunación y dar fuerza y argumentos a los pocos que se oponen a ella”, defiende Amos García.

José Miguel Cisneros, jefe de servicio de enfermedades infecciosas en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), coincide en que “el rechazo a la vacuna es marginal en España, a diferencia de lo que ocurre en países como Francia”. Pone como ejemplo la aceptación obtenida en su centro sanitario, por encima del 99% entre los cerca de 9.000 trabajadores.

“España debe seguir con la estrategia seguida hasta ahora porque ha dado muy buenos resultados y porque la libertad individual debe ser preservada siempre que sea posible. Cuando disfrutamos de una situación que se acerca mucho a lo óptimo, con las vacunas aceptadas como algo que contribuye al bien común de una forma que va más allá del beneficio individual, no veo motivos para introducir cambios”, concluye Cisneros.

El Ministerio de Sanidad ha insistido en la voluntariedad como uno de los principios que deben inspirar la campaña de vacunación frente al coronavirus desde que esta arrancó el pasado mes de diciembre. Con una cobertura en hospitales y centros de salud que cifra en “el 99%”, tampoco ve motivos para seguir la estela de Francia y Grecia.

Los datos ofrecidos por las comunidades autónomas son también muy elevados, aunque en algunos casos algo menores. Cataluña informa del 90,2% con la pauta completa entre el personal sanitario (el 92,5% con una primera dosis) y del 88,1% entre los trabajadores de residencias (90,4% con una dosis).

Andalucía lo sitúa por encima del 90% en ambos colectivos. La Comunidad Valenciana tiene el 95,6% de los sanitarios y el 88,3% de los sociosanitarios con las dos dosis, porcentaje que se eleva al 100% y el 97,5% con un solo pinchazo, respectivamente.

Canarias tiene el 99,4% del personal sanitario y el 81,3% del sociosanitario con la pauta completada (en ambos casos los que han recibido la primera dosis se acercan al 100%), mientras en Baleares estos porcentajes rondan el 90%.

Extremadura afirma que el “porcentaje de rechazo a la vacuna ha ido reduciéndose hasta el 0,45%” entre los profesionales sanitarios desde el inicio de la campaña y La Rioja y Castilla-La Mancha sitúan la aceptación de la inmunización en “prácticamente el 100%” de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

La Región de Murcia afirma que el 97,5% de los profesionales sanitarios tiene ya la pauta completa (y el 100% la primera dosis), mientras entre “los sociosanitarios, el porcentaje de vacunados alcanza el 93,3% con una dosis y 89,3% con pauta completa”.

El resto de comunidades no han aportado datos porcentuales o han declinado contestar, aunque todas las fuentes apuntan a que no existen grandes diferencias entre ellas y que los porcentajes son parecidos a los anteriores.

Y pese a estos buenos datos, insisten los expertos, es necesario “seguir trabajando para obtener el máximo de cobertura posible”, defiende Amos García. El peligro es evidente, como ocurrió en mayo en una residencia de Esponellà (Girona), en el que el virus causó la muerte de una anciana con un estado de salud delicado pese a estar vacunada. De los 37 trabajadores del centro, 17 habían declinado inmunizarse. Varias residencias en España han sufrido brotes en los últimos meses en los que la presencia de personal sin vacunar ha facilitado la circulación del virus.

“En los casos en los que se atiende a personal muy vulnerable y se está poniendo claramente en riesgo la vida de personas, sí considero necesario abrir la puerta a abrir el debate de la obligatoriedad. Pero es mejor que el enfoque sea caso a caso y buscar soluciones concretas”, sigue el presidente de la AEV.

La posición común entre expertos y autonomías es que antes de plantear grandes cambios que luego pueden ser complejos de llevar a la práctica y generar resistencias, los buenos resultados de la estrategia española invitan a seguir el camino marcado hasta ahora adoptar medidas más drásticas solo cuando resulte imprescindible. Baleares, por ejemplo, se ha dotado de un “decreto que permite establecer la vacunación obligatoria en determinados colectivos si se considerara necesario”, aunque por el momento no ha considerado necesario recurrir a él.

Sanidad y comunidades coinciden en que, en todo caso, cualquier cambio debería ser acordado en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Solo Galicia ha planteado hasta la fecha la vacunación general obligatoria frente al coronavirus. Fue recurrida en marzo por Sanidad ante el Tribunal Constitucional, que la dejó en suspenso. “Solo es posible restringir derechos fundamentales a través de legislación estatal”, afirmó entonces la portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero.

Con información de Margot Molina, María Fabra, Mikel Ormazabal, Isabel Valdés y Lucía Bohórquez.

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