La decisión sobre AstraZeneca, ahora en manos del Comité de Bioética, divide a autonomías y científicos

El Ministerio de Sanidad ha puesto en manos del Comité de Bioética de España una decisión clave para que 1,5 millones de trabajadores esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan completar su pauta vacunal frente al coronavirus. Será con una segunda dosis de Pfizer, como acordó el martes la Comisión de Salud Pública, u otra vez con la de AstraZeneca, sí así lo solicita el ciudadano y firma un consentimiento informado. El Comité, previsiblemente, tomará una decisión esta misma semana.

En cualquier caso, ha dicho la ministra Carolina Darias tras el Consejo Interterritorial celebrado el miércoles por la tarde, es “imprescindible” para Sanidad que Bioética avale una posibilidad que hasta ahora había rechazado de plano: que el ciudadano pueda elegir la vacuna a recibir.

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Sanidad sale así al paso de la presión de las comunidades del PP, como Madrid y Andalucía, que habían solicitado repetidamente la posibilidad de completar la vacunación con AstraZeneca. La Junta andaluza, incluso, había anunciado que empezará a usar este suero la semana que viene.

Cuando han pasado 73 días desde que el Ministerio de Sanidad y las comunidades decidieron el 7 de abril dejar de administrar el fármaco de AstraZeneca, el debate ya no es solo médico, sino también ético y político. La segunda dosis no solo ha dividido a las comunidades, sino que también ha hecho evidentes diferencias entre la clase médica hasta ahora no vistas en relación con la pandemia.

Tras la detección de los primeros casos de trombos, que han sido muy infrecuentes en personas que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, algunos países europeos pasaron a utilizar el suero de Pfizer en la segunda. Es el caso, entre otros, de Francia, Suecia y Alemania, aunque en este último caso posteriormente volvió a recomendarse para toda la población adulta.

Otros, como Italia, siguieron administrando la de AstraZeneca, como desde el principio había hecho ya el Reino Unido. España apostó por una vía intermedia: retrasó de 12 a 16 semanas el plazo para administrar la segunda dosis a la espera de un estudio, llamado CombivacS y llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, para comprobar la seguridad de lo que ya habían hecho Francia, Suecia y Alemania.

La cuestión, apuntan muchos expertos, es que “el estudio no aporta luz al origen del problema, que era la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, sino que confirma la seguridad de sustituirla por la de Pfizer”, explica José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).

El sentir es común entre la mayoría de los expertos: el CombivacS es un estudio técnicamente muy bueno, como se reconoce a los que realiza el Instituto Carlos III, pero ni por diseño, ni tamaño de la muestra (600 personas), ni disponibilidad de tiempo podía aportar la respuesta que muchos esperaban. Es decir, si era seguro o no administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los 1,5 millones de trabajadores esenciales que habían recibido la primera.

“Seguimos pensando que lo más conveniente era poner la segunda dosis de AstraZeneca”, afirma Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Ángela Domínguez, coordinadora de vacunas de esta sociedad, recuerda que la Agencia Europea del medicamento (EMA) “ha analizado los eventos adversos registrados y concluyó que no había ningún motivo para desaconsejar la vacuna”. “Por cada millón de dosis se han registrado 3,4 efectos adversos trombóticos, cifra que desciende a menos de un millón en las segundas dosis. Como referencia, el 16% de los infectados por el virus sufren trombosis”, detalla.

Con similares argumentos, 17 sociedades científicas españolas criticaron a principios de mes los vaivenes dados con la segunda dosis de AstraZeneca. “No hay evidencias científicas que permitan delimitar franjas de edad concretas (en mayores de 18 años) en las que no esté indicado administrar alguna de las vacunas para la covid-19 de distribución en nuestro entorno”, sostenía el comunicado que hicieron público.

El portavoz de la SEMPSPH sí ve en cambio motivos para limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca. “En los datos analizados por la EMA se veía que en algunos escenarios con incidencias bajas y entre gente más joven era más probable tener un trombo por la vacuna que evitar alguna hospitalización. Ahí yo sí entiendo que las autoridades de Salud Pública tienen que pensar qué hacer”, explica Barranco.

“Todo lo que está ocurriendo es fruto de la complejidad que tiene el abordaje de una pandemia en un escenario complejo y dinámico”, sostiene por su parte Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología (AEV). Este experto considera que, pese a todo, “se va perfilando un modelo de intervención ajustado a la realidad y las necesidades”.

Una de las consecuencias negativas que los expertos achacan a las variaciones sobre la vacuna de AstraZeneca son los recelos que puede generar entre la población. “Se ha producido una creciente tensión social de desconfianza hacia las vacunas, motivada, en parte, por las decisiones cambiantes en cuanto a las franjas de edad en que podía administrarse” cada uno de los fármacos, alertaban las 17 sociedades científicas.

Preocupa no tanto el rechazo que esto pueda generar entre los menores de 60 años —la mayoría de los cuales ya no la va a recibir—, sino entre el colectivo que está siendo inmunizado de forma masiva con este suero: el de 60 a 69 años. Los datos más precisos sobre este problema los tiene el Hospital General de Valencia. “Hemos preguntado de forma activa a las personas de esta edad las razones por las que no se vacunaban y en casi el 10% de los casos la respuesta es que no quieren la vacuna de AstraZeneca, pero que sí se inmunizarían con Pfizer”, explica el jefe de servicio de Medicina Preventiva del centro, José Luis Alfonso.

Algunas comunidades han ofrecido cifras más altas. La Junta de Andalucía afirma que “el 15% de los 916.147 ciudadanos de entre 60 y 69 años han rechazado inmunizarse con la vacuna de AstraZeneca”. Un porcentaje que está disminuyendo y “que llegó a ser del 25%”.

En Murcia, la mitad de las 8.000 personas de esa edad que estaban citadas para inmunizarse el pasado fin de semana no acudieron a la cita, confirma un portavoz del Gobierno regional; mientras en la Comunidad Valenciana “un 20% de personas que no han acudido a la cita para vacunarse tras ser convocadas por la Generalitat mediante mensajes SMS o por llamadas telefónicas”.

Con estas últimas estimaciones, sin embargo, no es posible distinguir entre quien no acude a vacunarse por recelos con el suero de AstraZeneca y por otras razones. Según los datos del Ministerio de Sanidad, mientras el 95,7% de la población de entre 70 y 79 años ya ha recibido al menos una dosis (en este grupo la más utilizada es la de Pfizer, aunque en menor medida también ha sido utilizada la de Janssen), entre la de 60 a 69 años (mayormente vacunado con AstraZeneca) este porcentaje es menor en 10 puntos (el 85,6%).

Aunque con los datos disponibles no sea posible precisar más la proporción de no vacunados debido al rechazo a AstraZeneca, todos los expertos coinciden en que por pequeño que sea, en un grupo formado por 5,7 millones de personas, “hay un evidente riesgo de que se cree una bolsa importante de población de elevado riesgo sin vacunar”, precisa Alfonso.

Con información de Lucía Bohórquez, Ferran Bono, Javier Martín Arroyo, Juan Navarro, Isabel Valdés y Guillermo Vega.