La Fiscalía responsabiliza al Ayuntamiento de Sevilla por la “falta de control sanitario” en el mayor brote de listeriosis de Europa

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Sevilla incurrió en una “falta de control sanitario y de autorizaciones que le competen” sobre la empresa sevillana Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de Europa, que en el verano de 2019 provocó cuatro muertos, seis abortos y más de 200 afectados, la mayoría en Andalucía. El Ministerio Público, sin embargo, exculpa, entre otros, a la veterinaria del consistorio que elaboró los informes sobre la empresa productora de carne mechada, por la “falta de acreditación” de su participación en los delitos contra la salud pública, que se investigan. Los abogados que representan a las partes personadas en la causa han confirmado a este diario que van a presentar un escrito pidiendo que se mantenga su imputación.

En su escrito, firmado el 12 de abril, la fiscal pide que la causa continúe solo contra los responsables directos de la empresa —José Marín Ponce, sus dos hijos, su mujer y su cuñada― y que estudie la posible responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla por su “inacción, acción deficiente y acción tardía” en sus funciones de control sanitario y de las autorizaciones para la actividad de Magrudis.

La fiscal ha pedido el archivo de la causa para la veterinaria del consistorio que realizó las dos únicas inspecciones sobre la cárnica, en 2016 y 2017, y que, además, fue la que dirigió el proceso de recogida de muestras de carne tras la declaración del brote de listeriosis el 15 de agosto de 2019. Los investigadores de la Guardia Civil que analizaron los expedientes de las dos visitas que realizó la funcionaria municipal detectaron irregularidades relacionadas con una puntuación del posible riesgo a la baja en lo que consideraron “un patrón” para “espaciar el tiempo de las inspecciones”.

En su escrito, la Fiscalía considera que, aunque la actuación del Servicio de Inspección Veterinaria fue, “sin duda, deficiente”, la exención de responsabilidad penal para la investigada se solicita por “la falta de medios del propio servicio y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de la existencia de solo nueve veterinarios para todo el distrito de Sevilla”. “La frecuencia de las inspecciones con los referidos medios es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria”, abunda.

Los abogados que representan a las víctimas personadas en la causa —unas 180, sin contar aquellas que tienen pendiente de resolución recursos para su personación― no están en absoluto satisfechos con la decisión de la Fiscalía de pedir el sobreseimiento provisional para la veterinaria, según ha confirmado a este diario Germán Grima, responsable del bufete Ateneo Abogados que representa a los afectados lesionados. Su despacho, junto con la asociación de consumidores Facua y el resto de letrados que defienden a los otros grupos de víctimas, están redactando un escrito en el que solicitan que se mantenga la imputación, que presentarán en el juzgado en los próximos días. “No se duda de la buena fe de la veterinaria”, señalan fuentes cercanas a los letrados de los afectados, “pero en tanto que funcionaria ella es responsable de sus labores de supervisión y, si no había personal suficiente, debería haberlo denunciado”.

Una condena en el proceso penal de un funcionario municipal determinaría la inmediata responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento para abonar las indemnizaciones. Si se excluye a la veterinaria del proceso penal, aunque se derive responsabilidad patrimonial por parte del consistorio, habría que abrir la vía contencioso-administrativa para reclamarla, un procedimiento farragoso y que nunca se iniciaría antes de que se agotara la penal, que podría prolongarse durante años si se suceden los recursos. El seguro de responsabilidad civil que tienen contratado los responsables de Magrudis solo asciende a 300.000 euros, cifra muy alejada de los millones que demandan las partes afectadas.

La Fiscalía también alude a la escasez de la plantilla municipal cuando concluye la “patente falta de control efectivo” del Ayuntamiento en la supervisión de la declaración responsable que Magrudis entregó para regularizar su actividad, que venía realizando durante años sin licencia. La documentación —con presuntas falsedades por las que está imputado el arquitecto que la redactó― se presentó en el consistorio el 28 de enero de 2018 y, ante la falta de personal, “se metió el expediente en una caja”, de acuerdo con el testimonio de una trabajadora del consistorio. Es el 26 de agosto de 2019, una vez que ya había estallado el brote de listeriosis, cuando se reclama por parte de un jefe de servicio para, un día después, ser calificado como desfavorable, de acuerdo con el relato de la Fiscalía. El consistorio abrió dos expedientes sancionadores contra el dueño de Magrudis y el arquitecto que redactó la declaración responsable.

Además de para la veterinaria, la Fiscalía también pide que se archive la causa sobre los hermanos propietarios de la empresa cárnica que vendió la carne mechada contaminada bajo una marca blanca, el contable de la empresa y uno de sus comerciales por entender que “no hay connivencia” con los propietarios de Magrudis.

La juez considera a José Marín Ponce, sus hijos Sandro y Mario, su mujer y su cuñada como “responsables criminalmente de delitos contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto está por determinar”. Los dos primeros llevaban seis meses en prisión provisional, pero el 17 de marzo de 2020, a los dos días de entrar en vigor el primer estado de alarma, la magistrada decidió ponerlos en libertad, ya que entendió que con las restricciones impuestas por la pandemia disminuía su riesgo de fuga.