El reto de fabricar 14.000 millones de vacunas

El mundo necesita este año entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacuna frente al coronavirus para dejar atrás la peor pandemia en un siglo. Y aunque el ser humano ha sido capaz de desarrollar a una velocidad sin precedentes una quincena de vacunas distintas ―y hay otras 200 en fase de investigación―, el objetivo de producir los viales necesarios para proteger a los 7.800 millones de habitantes del planeta parece una quimera. La Unidad de Inteligencia de The Economist prevé que los 85 países más pobres “no recibirán las dosis que necesitan hasta 2023”.

No alcanzar este fin, alertan los expertos, puede tener consecuencias fatales. Aunque el primer mundo se vacune, mientras el virus siga circulando en otras partes del planeta, el riesgo de que surjan variantes que hagan ineficaces las dosis ya administradas –casi 1.000 millones, nueve de cada 10 en los países ricos­– se multiplica. “Nadie estará seguro hasta que todos lo estemos”, es la frase que con más fortuna resume la situación.

Este problema ha puesto el foco en la posibilidad de aprobar en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una exención de patentes sobre las vacunas, algo que nunca se ha hecho de manera universal. “Las patentes son una camisa de fuerza que impiden a nuevos fabricantes incorporarse al mercado y aumentar la producción”, asegura Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), explica que la exención es algo que está regulado y puede hacerse, pero considera difícil que salga adelante. “A las farmacéuticas no les gustaría por el precedente que crea y estas compañías tienen su sede en los países ricos, que lo lógico es que defiendan a su industria”, afirma.

Es lo que ocurrió el pasado mes de octubre, cuando India y Sudáfrica propusieron en la OMC la exención de patentes para todos los fármacos y materiales sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia. Se toparon con el rechazo de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza y demás países ricos. La organización volverá a debatir la medida el próximo mes de mayo.

Desde octubre, sin embargo, algo importante ha cambiado: la industria ha dado señales de que no será capaz de producir todo lo que el mundo esperaba este año. Esto ha aumentado las dudas sobre que el modelo impulsado por las farmacéuticas, basado en acuerdos voluntarios entre empresas (se han firmado hasta 260), llamados “licencias voluntarias”, para que otros laboratorios fabriquen a menor precio los fármacos desarrollados por el que detenta la patente, sea capaz de poner a trabajar a todas las fábricas necesarias.

“Lo cierto es que hasta el momento esto no se ha conseguido y hay capacidad de producción sin utilizar en países como Brasil, Sudáfrica y Pakistán”, afirma Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global del instituto ISGlobal (Barcelona). Este experto considera que la exención “podría incrementar en algo” la producción global de vacunas, pero destaca que más importante sería “el incentivo que supondrá para que las empresas compartan el conocimiento”.

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Un reciente escrito del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, incidía sobre la necesidad de aumentar la capacidad de producción mundial. La falta de vacunas también ha golpeado a Covax, la plataforma que impulsa la organización para proveer de vacunas a los países más pobres, que está siendo incapaz de alcanzar unos objetivos modestos como inmunizar al 20% de la población de los países menos desarrollados.

La patronal Farmaindustria es prácticamente la única que sigue defendiendo que el sector será capaz de producir este año “entre 10.000 y 12.000 millones de dosis”, que es lo que calcula que hará falta el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke. “Serían suficientes para vacunar en todo el mundo al 70-75% de la población y lograr la inmunidad de grupo”, afirma un portavoz.

Los expertos consultados, sin embargo, opinan que es imposible que el sector fabrique suficientes dosis para proteger a la población mundial en 2021. “Las compañías sobreestimaron su capacidad de producción. Seguramente se han topado con cuellos de botella con los que no contaban por la gran demanda y los suministros limitados”, opina Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas y experta en Economía de la Salud.

Fernando Lamata, ex secretario general del Ministerio de Sanidad y actualmente miembro de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, destaca que “se están produciendo unos 15 millones diarios de vacunas, cuando se necesitarían 60 o 70 millones para tener protegida este año a la población mundial”. “La exención de patentes tendría dos ventajas: te permite aumentar la producción y reduces el precio de las dosis”, añade.

Han sido las señales de que la industria quizá no sea capaz de colmar las expectativas las que han avivado un debate en el que incluso entró el Gobierno español el pasado jueves al anunciar que “prepara una propuesta” sobre la exención de patentes y destacó que estas no pueden ser “un freno” en la lucha contra la pandemia.

Pese al giro en el debate, los expertos avisan de la complejidad que tendría la exención. Los procesos de transferencia del conocimiento en la fabricación de vacunas son “extraordinariamente complejos y los controles de calidad necesarios limitan el número de posibles fabricantes”, explica González López-Valcárcel. “A mí me daría pánico que cientos de pequeñas fábricas aquí y allí se pusieran a fabricar vacunas sin un control exhaustivo de calidad. No considero que la exención sea viable, es mejor trabajar con la industria para superar los problemas que vayan surgiendo”, añade.

López-Casasnovas avisa de que “se puede dar el caso de que, si se aprueba la exención de patentes, las fábricas capaces de producir con los niveles de calidad exigidas por los países europeos o Estados Unidos sean casi las mismas que ya están trabajando. El problema reside igualmente en la capacidad de disponer de materia prima y, no lo olvidemos, de la capacidad de administrar las vacunas de los países destinatarios”.

Este experto considera que, “sea mediante el rescate de la patente o apoyando a Covax”, lo realmente importante es disponer de unos recursos económicos de los que la OMS carece, y en este sentido ve bien iniciativas lanzadas recientemente como la creación de un “impuesto sobre las compañías que se han lucrado con la pandemia”, como propone el economista Gabriel Zucman.

El mejor ejemplo en España de la complejidad de los procesos de transferencia de conocimiento es el de Laboratorios Rovi, que inició en diciembre su colaboración con Moderna para el llenado y etiquetado de los viales de su vacuna. Ambas compañías decidieron llevar más allá su cooperación y la española también producirá el principio activo, pero las primeras dosis no verán la luz hasta el tercer trimestre de este año, según indica Javier López-Belmonte, vicepresidente de la compañía. Este defiende que “la industria farmacéutica ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy importante por encontrar soluciones a esta pandemia global”.

Lamata admite que son “plantas y procesos complejos, pero con voluntad y liderazgo es posible adaptarlos”. “Hay instalaciones industriales suficientes, como revela un estudio de la organización KEI que ha recopilado más de 140 plantas en todo el mundo. Lo que hemos visto hasta ahora es que, cuando han querido, las empresas han sido capaces de completar el proceso en un plazo de tres a seis meses”, sigue.

Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, entidad que aboga por el acceso universal a los fármacos y el fin de las patentes, destaca otro inconveniente que, para la lucha global contra la pandemia, tienen las licencias. “Son acuerdos entre dos partes, en los que el titular de la patente decide qué transfiere, cómo y en qué condiciones. No son acuerdos para nada transparentes. Esto no va a solucionar el problema de demanda que tenemos ahora mismo”, resume.

Bernal, admite que la exención “quizá tarde unos meses en dar sus frutos, pero ese es un problema que no tendríamos si se hubiera aprobado en octubre y no puede servir de argumento para no hacerla ahora”. “Sobre todo si miramos un poco más a largo plazo. Las nuevas variantes pueden hacer necesarias más dosis. La enfermedad puede convertirse en estacional. Hagamos ahora lo que no hicimos en octubre y evitemos estar de aquí un año como ahora”, concluye.