La justicia sanciona con 800 euros a varias feministas valencianas por las movilizaciones del 8M
Las sentencias del segundo y tercer juicio al movimiento feminista han fallado en contra de las piqueteras
La Audiencia de Valencia ha sancionado con 800 euros a varias feministas, acusadas de participar en incidentes ocurridos entre la Policía y los piquetes de manifestantes durante las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019. Aquellas huelgas feministas se saldaron con veinte multas por faltas de orden público, sanciones que ascendían a unos 11.000 euros y que fueron recurridas en vía judicial tras agotar la administrativa; la Audiencia celebró tres juicios para estudiar esos recursos, y mientras que el primero se saldó con absoluciones, los otros dos han acabado en condena.
Las sanciones impuestas suman un total de 800 euros, ya que a las multas de 100 euros deben sumarse las costas judiciales impuestas, según informan fuentes del movimiento feminista. “A un mes de la celebración del 8 de marzo, la Assemblea Feminista de València denuncia estas condenas, que castigan a las feministas que se manifestaron en la calle durante unas jornadas de huelga convocada legalmente”, explica este movimiento.
Según las feministas, la sentencia del primer juicio “reconocía la falta de objetividad del informe de los agentes y, a la vez, hacía patente cómo el principio de veracidad vulnera la legítima defensa y demuestra que el Estado prioriza sistemáticamente la sanción por encima de derechos fundamentales como son los de huelga y manifestación”. En cambio, en los dos procesos siguientes, “la justicia se ha aliado con la represión política hacia el movimiento feminista”, señalan.
La Asamblea pone en cuestión la disparidad de las sentencias: “¿Cómo es posible que la palabra de los policías en esta ocasión sí que se considere y verdadera, cuando una sentencia anterior demostraba la animadversión del dispositivo policial contra las feministas en huelga?” señalan.
En el comunicado, las feministas cargan contra la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, promulgada por el Partido Popular (PP) en 2015, y contra el hecho que hoy continúe vigente bajo un gobierno de izquierdas.
Según señalan, el movimiento feminista de València ha recibido multas tanto con el PP como el PSOE en la Delegación del Gobierno, a pesar de que tanto el anterior delegado socialista, Juan Carlos Fulgencio, como su sucesora, Gloria Calero, prometieron revisar las multas y hacer lo posible para que no llegaran a juicio.
La Asamblea Feminista recuerda que en septiembre de 2020 Calero incluso afirmó que mediaría con el Ministerio del Interior para tratar de encontrar una solución. “Si lo hizo o no, no lo podemos saber, pero el resultado está claro: feministas condenadas a pagar multas, acusadas falsamente de desorden público y resistencia a la autoridad por haber salido a la calle a manifestarse durante unas jornadas de huelga legalmente convocada”, señala el comunicado.
De las 21 multas originales impuestas a las feministas, 20 durante las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019, 19 quedan 18 todavía pendientes de resolverse por la vía administrativa.
