La ley mordaza lleva a las feministas valencianas a los tribunales por las huelgas del 8M

Un piquete de más de un centenar de feministas se manifestaba durante la multitudinaria huelga del 8M de 2018 por una calle de València y en torno a las once de la mañana se produjeron los primeros momentos de tensión con los policías. Que si no podéis invadir la calzada, que si súbete a la acera, que si dame tu número de identificación policial, que si insultos donde supuestamente se oyeron palabras como “pedazo de mierda” o “perros”. Amparados por la ley mordaza, los policías multaron en las citas feministas de 2018 y 2019 a varias manifestantes más, que han agotaron la vía administrativa y se han enfrentado este martes al primer juicio por presuntas faltas de orden público.

En la calle, una hora antes de iniciarse la vista judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valencia, Amparo, con mascarilla y a distancia de sus compañeras, gritaba: “Tenemos una justicia fascista y machista”. La Assemblea Feminista de Valencia había convocado una concentración de apoyo a las sancionadas, de las que no han revelado nunca los nombres por el conflicto es de todo el colectivo no individual: “Si tocan a una, tocan a todas”, han gritado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde los policías que vigilaban la protesta han identificado a otras tres participantes. “De nuevo, la policía nacional viene a un acto feminista pacífico y solidario con la intención de intimidarnos y expulsarnos del espacio público. No lo conseguirán”, han denunciado.

Las mujeres sancionadas y la Assemblea Feminista alegaron en su día, se autoinculparon de forma colectiva en señal de protesta, se han reunido con la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para pedir que anulasen las faltas y han protagonizado concentraciones en los dos años transcurridos desde que se les abrió expediente. Pero lo cierto es que los juicios siguen su curso. Denuncian que la ley mordaza las ha criminalizado.

Dentro de los juzgados, en una vista que ha durado una hora, la defensa de la manifestante sancionada ha alegado que el informe de prueba de la policía se hizo fuera de plazo y también ha lamentado que no se contraste la veracidad de la versión policial, que es supuestamente la parte ofendida. Una testigo de la defensa ha asegurado que la sancionada no insultó a los policías, solo les pidió una y otra vez su número de placa cuando estos comenzaron a identificarlas en plena calle. Además, según la defensora, en sus informes de ratificación, los agentes incluían comentarios que mostraban su animadversión hacia el uso del valenciano y del término País Valencià que habían empleado las feministas en sus alegaciones. “Estos comentarios eran innecesarios, porque en el informe solo se les pide los hechos por los cuales levantaron el acta de sanción. Esta animadversión les resta credibilidad.”

La Abogada del Estado ha insistido una y otra vez que la realidad es que se “faltó a la consideración y respeto de los agentes”, por lo que se ha ratificado en la imposición de la multa de 100 euros por una infracción leve. Este juicio ha quedado listo para sentencia pero hay otro fijado para el 28 de septiembre.