50.000 vidas menos en diez meses: la trayectoria del virus en Colombia

El 21 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primera muerte oficial por covid. Era un hombre de 58 años, habitante de Cartagena de Indias, y de profesión taxista. Tenía, como tantos otros millones de colombianos, hipertensión y diabetes no tratadas. Entró en la clínica el 13 de marzo, murió el 16. Parece que, para entonces, el virus que causa la enfermedad ya llevaba más de un mes circulando en Colombia. Estudios genómicos realizados posteriormente por la Universidad del Rosario permiten intuir incluso un origen probable: Francia. Y su primer destino visible: Caldas, departamento cafetero.

Pero por aquel entonces ni siquiera estaba claro que esa primera muerte lo fuera por covid: se especulaba con la incertidumbre en torno a unas pruebas diagnósticas que resultaron inicialmente inconcluyentes, y de hecho el proceso de certificación de la causa de muerte se demoró cinco días. En ese periodo, una cacofonía de voces políticas y mediáticas se movía entre el miedo, la confusión y el manejo de expectativas, lanzando pronósticos sobre cuánto iba a durar la epidemia y qué impacto iba a tener en el país. Un decreto presidencial incluso se puso a cifrar en su exposición de motivos los casos del peor escenario: cuatro millones. Pero pocas de ellas se atrevieron a prever más de un año de convivencia con el SARS-CoV-2, con 50.187 muertes en solo diez meses, algo que encaja bastante precisamente con esos cuatro millones de casos probables según la letalidad que le suponemos al virus. Cinco mil por mes. Más de 150 al día. Unas seis por hora. Una cada diez minutos, aproximadamente. Pero ese es exactamente el escenario en el que se ha encontrado Colombia hoy, junto al resto de América Latina, y todo el hemisferio occidental.

El ritmo de estas muertes no ha sido ni mucho menos constante, como podría sugerir el ejercicio de la división por tiempo. Colombia atravesó un pico muy pronunciado entre julio y agosto de 2020, y ahora se encuentra en el segundo, de tamaño y forma aparentemente similar.

El impacto no solo varió en el tiempo, sino también en el espacio. Algunas regiones se vieron saturadas más pronto. En los primeros meses, Barranquilla y Cartagena, las grandes urbes del Caribe, fueron algunas de las zonas metropolitanas más golpeadas, así como Leticia, en el Amazonas. Los departamentos de Atlántico (capital: Barranquilla), Bolívar (capital: Cartagena), y en menor medida Magdalena (capital: Santa Marta) concentraron la mayor parte del exceso de mortalidad en el primer semestre del 2020, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El segundo pico se ha traducido en un alto nivel de ocupación de UCI en varios lugares, pero ha sido particularmente preocupante en las tres principales ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali, que en su conjunto suman más de 12 millones de habitantes. Las tres grandes urbes han reportado en días recientes una ocupación de UCI por encima del 90 %, y han arrancado este 2021 entre medidas de confinamiento, cuarentenas y toques de queda –tanto nocturnos como corridos–. “No se puede hablar de un pico nacional, ya que la pandemia se ha comportado distinta según las regiones”, defendía el pasado fin de semana el presidente Iván Duque. “Lógicamente, cuando tenemos picos en las ciudades de mayor número de habitantes, se hace mucho más notorio y nos obliga a tener que tomar más decisiones”.

La realidad es que estos picos regionalizados habrían desbordado la capacidad de cuidados intensivos locales si no fuera porque la capacidad instalada creció, hasta más que duplicarse en muchos casos, en la capital y en otras muchas áreas del país.

Una médica que ha estado durante nueve meses atendiendo pacientes de covid en un hospital en el norte de Bogotá califica como “abrumador” lo que está viviendo el personal sanitario. Habla por teléfono en su primer día de descanso después de una semana con jornadas de hasta más de 12 horas. “Nos preocupa tener que hacer comités de priorización para ver a quién le damos un ventilador, a quién enviamos a la UCI”, dice. Aunque el año pasado se conocía menos la enfermedad, ahora están teniendo que tomar decisiones más difíciles. En las últimas semanas han sido frecuentes las reuniones con el departamento de ética del centro médico en el que trabaja para decidir a quién le dan una cama. “No estábamos preparados para esto, la relajación de las medidas en diciembre nos está llevando al límite”, reconoce.

Juliana Mantilla, médica internista que trabaja en una clínica privada del sur de Bogotá, dice que este mes ha sido el más difícil. A diferencia del primer pico -cuenta- ahora además de pacientes de covid, hay una cifra alta de ingresados por otras enfermedades. “En los primeros meses de la pandemia las salas de urgencias estaban casi vacías. La gente temía contagiarse en un hospital, muchos se dejaron de tratar enfermedades y hoy necesitan atención urgente”, explica Karen Álvarez, que trabaja en un hospital de la capital.

Y si esto sucede en la capital de la nación, con 1.400 unidades de cuidados intensivos más que en marzo de 2020 y unas 30 por cada 100.000 habitantes, las condiciones en regiones como la del Chocó, en la costa pacífica, donde las UCIs apenas han crecido para alcanzar las 4 por cada 100.000, puede estallar en cualquier momento.

Algunas voces dentro del país han venido sugiriendo que había regiones que podían estar más tranquilas que otras después del primer pico. Los resultados preliminares de los estudios de seroprevalencia que el Instituto Nacional de Salud (INS) reveló a finales de diciembre indican que en Leticia 6 de cada 10 personas han pasado el contagio; 55% en Barranquilla; 50% en Cartagena. En Medellín o Bogotá la cantidad es menor (27%-30% respectivamente), dejando un stock de personas susceptibles al contagio (al no contar con anticuerpos producidos por infección pasada) mayor de cara a este segundo pico. Y aunque esto es técnicamente cierto, también lo es que en las dos capitales de la costa Caribe los casos han empezado a subir una vez más, subrayando lo que han apuntado varios epidemiólogos en los meses pasados, entre ellos la colombiana Zulma Cucunubá (Imperial College de Londres): que la inmunidad de rebaño vía contagio masivo no es una opción ni recomendable, ni viable.

Ello no quita para que la incidencia territorial sea diferenciada, y con ello emerge la solidaridad regional. Hasta 629 pacientes de distintos lugares de Colombia han sido trasladados a una UCI en Bogotá. Ahora, las autoridades sanitarias han solicitado apoyo para que ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta reciban pacientes de covid-19 de la capital. Aunque de momento son solo una treintena de traslados, es una acción ilustrativa de los distintos momentos.

El peso demográfico de Bogotá, una ciudad de más de siete millones de habitantes, es enorme, y ha sido uno de los epicentros del coronavirus desde que se confirmó el primer positivo el 6 de marzo de 2020. Prácticamente desde el primer momento, la gestión de la pandemia ha enfrentado los liderazgos de la alcaldesa de la capital, Claudia López, y el presidente Duque. Las dos principales figuras políticas del país exhiben notables diferencias ideológicas, y han abundado los puntos de fricción. En varios momentos la alcaldesa, del progresista partido Alianza Verde, ha marcado el paso de la respuesta, pero en esta segunda ola se convirtió en blanco de críticas por haberse tomado vacaciones –que interrumpió para atender la emergencia– en el inicio del nuevo año, cuando la situación se agravó.

El incremento en la ocupación de camas de cuidados intensivos e intermedios en la capital se produjo desde la primera semana de diciembre. Debido a su alto nivel de contagios y su velocidad de transmisión, desde la primera semana de enero un tercio de sus habitantes regresaron a una cuarentena estricta. Desde entonces, han escalado las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad, con toques de queda nocturnos para toda la ciudad y cuarentenas localizadas que en el arranque de esta semana cobijaban a nueve de las 20 localidades de la urbe, además de cuarentenas generales durante los fines de semana.

El momento crítico ha encendido las alarmas. Tanto la alcaldesa López como su homólogo de Medellín, Daniel Quintero, han especulado en la búsqueda de explicaciones con la “posible presencia” de la nueva variante de la covid-19 reportada en el Reino Unido. El segundo pico, han argumentado, está siendo mucho más drástico de lo estimado, no solo por el mayor número de contactos y contagios sino por la mayor carga viral identificada en los positivos. El INS ha aclarado que hasta el momento no se ha detectado la presencia de la nueva cepa en Colombia, y efectivamente no hay indicio alguno desde la vigilancia genómica que permita validar la hipótesis.

Los costes de la epidemia no se miden solamente en casos, muertes y secuelas. La crisis económica que ha traído la covid ha producido una de las mayores recesiones mundiales que se recuerdan, afectando sobre todo a los hogares que dependen del salario diario para asegurar su sustento. Teniendo eso en cuenta, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, ha dicho que se relajaron las medidas a final de año porque el número de contagios hacía posible la reactivación económica, tras varios meses de cierres y cuarentenas. Ahora, cuando los hospitales están al límite reconoce que el resultado no fue el que esperaban. “No solo faltó mayor capacidad de convencimiento pedagógico por parte del Distrito y de la secretaría de Salud, sino voluntad de una parte de la población que no creyó en el riesgo de la enfermedad y en sus graves consecuencias”, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo.

Este impacto acumulado no es solo diferente por nivel de renta y capacidad de mantener un techo para capear la crisis: la brecha de género, de por sí profunda en Colombia, se ha hecho aún más pronunciada durante esta crisis, que ha erosionado de manera desproporcionada el empleo de las mujeres.

Los servicios personales y los puestos en contacto directo con el público, notablemente feminizados, son inevitablemente los más dañados por una situación que afecta sobre todo a las actividades que implican interacción social. Olga Rivera, de 43 años, se quedó sin empleo durante la pandemia. El salón de belleza en el que trabajó por más de 15 años en el norte de Bogotá cerró de un día para otro. “De repente no tenía con qué pagar el arriendo ni con qué comprar la comida”, dice. Para recibir algo de dinero limpia casas y hace tareas de albañilería, pero desde hace un par de semanas no ha podido hacerlo porque su barrio está bajo cuarentena estricta. “Si no salimos de nuestras casas no podemos trabajar”, reclama esta mujer, madre de tres hijos.

Los datos recogidos por la Alcaldía de Bogotá en sus encuestas durante el primer confinamiento (de marzo a junio de 2020) subrayan esta tesis: cuando se le preguntaba a la ciudadanía que salía durante las cuarentenas por qué lo hacían, la proporción de respuestas relacionadas con el trabajo o las acciones de primera necesidad era notablemente mayor entre personas residentes en zonas de estrato socioeconómico más bajo.

En los hogares pertenecientes al estrato medio-alto y alto, las motivaciones puramente sociales o recreativas ganaban peso.

El impacto desigual de la pandemia (tanto en su vertiente económica como en la directamente epidemiológica) encaja en la estructura inequitativa del país. Las autoridades, tanto nacionales como locales, han aprobado medidas de apoyo, pero su implementación es lenta e insuficiente. Al mismo tiempo, el vaivén de las decisiones para detener o ralentizar el avance del virus ha producido una erosión paulatina de la confianza en los gobernantes que a su vez responde a otro rasgo estructural colombiano: la falta de confianza institucional acumulada tras décadas de desencuentros entre la ciudadanía y autoridades públicas. La expresión más reciente de dicha erosión es la demanda constante a dichas autoridades para conocer más sobre lo que una parte creciente de la población lee como única salida a la pandemia: la inmunización por vacunación.

El país navega esta segunda ola en medio de una enorme zozobra en torno a la llegada de las vacunas. La Administración Duque optó por combinar una estrategia multilateral y varias bilaterales, pues hace parte del mecanismo Covax y ha alcanzado acuerdos con varias farmacéuticas. En total, ha anunciado acuerdos para inmunizar a 29 millones de personas: 10 por medio de Covax, 5 con Pfizer-BioNTech, 5 con Oxford-AstraZeneca y 9 con Janssen, de Johnson y Johnson –que a diferencia de las demás, sólo requiere una dosis–. El plan se propone inmunizar a 34 de los cerca de 50 millones de habitantes. Pero los detalles solo han trascendido a cuentagotas, y la falta de transparencia ha despertado suspicacias tanto en diversos sectores de oposición como en los propios entes de control.

“Estas adquisiciones son hechos ciertos”, ha sostenido el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al atajar las críticas y defender que todos los países se han tenido que someter a los acuerdos de confidencialidad fijados por las farmaceúticas. Salvo Estados Unidos, sostiene, los demás países no tienen un cronograma específico de la llegada de las vacunas, pues se están consolidando las cadenas de producción y distribución en un ambiente de escasez. De acuerdo a las proyecciones, Colombia contará con dosis de Pfizer en febrero, del mecanismo Covax en marzo y con las de Jansenn y AstraZeneca entre abril y mayo. “El objetivo del Gobierno no es tener protagonismo con la primera vacuna, sino ejecutar un proceso masivo con el que se logre la meta final de vacunar a más de 34 millones de colombianos, destacando que ya se cuentan garantizadas 29 millones de inmunizaciones”, ha enfatizado Ruiz. Las diferentes fases priorizan a los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades.

Colombia llega a los 50 mil muertos por coronavirus

Es muy difícil comparar procesos de negociación debido a que cada país tiene un portafolio de vacunas distinto, pero ninguno se ha atrevido a luchar por la transparencia, apunta Johnattan García Ruiz, investigador del centro de pensamiento Dejusticia y profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de Los Andes. “Al Gobierno le cuesta mucho explicarse, poder dar una información sencilla y clara a los ciudadanos, y esto genera bastante confusión”, valora. “El hecho de que esta incertidumbre se mantenga hace que las personas entren en una situación de desesperanza, e incluso de desconfianza con las instituciones públicas”, advierte. Destaca que si bien Colombia tiene un plan estructurado y una oferta seria, la crítica ciudadana ha servido para revelar más información de la que se conocía. El día y hora de la primera vacuna, sin embargo, siguen siendo un misterio.

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