El Gobierno descarta el confinamiento pese a que varias autonomías y expertos lo reclaman por el auge de contagios

Más de 38.000 contagios reportados el miércoles; 35.800 el jueves; 40.200, el viernes. El coronavirus campa a sus anchas por España y el margen de maniobra para frenarlo se agota. Tras la relajación de las medidas —y de su cumplimiento— durante las Navidades, las autonomías vuelven a apretar con restricciones más duras para contener esta tercera ola. Los tambores de un confinamiento domiciliario suenan con fuerza, pero nadie se atreve a dar el paso: es la medida más eficaz contra la expansión del virus, pero los daños laborales, sociales y mentales de aplicarla son muy altos. Varios líderes regionales lo han pedido al Gobierno e incluso Ciudadanos ha ofrecido su apoyo para modificar el decreto de estado de alarma y activar un cierre total. Entre los expertos, el debate está abierto, aunque la mayoría de los epidemiólogos consultados avalan un confinamiento duro y corto. El Gobierno, no obstante, es tajante: “No contemplamos un confinamiento domiciliario”, ha insistido este sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

España ya supera los 575 casos por 100.000 habitantes y la presión asistencial en los hospitales empieza a tensionar las unidades de cuidados intensivos. “Ya estamos tardando en poner un confinamiento estricto. Si se sigue con las restricciones actuales, se va a contener el virus, pero vamos a tardar más. Y eso afectará a la economía y tendrá un coste en más ingresos y muertes”, valora Jesús Molina Cabrillana, epidemiólogo de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph). El principal motivo para aplicar un confinamiento domiciliario siempre ha sido el riesgo de colapso del sistema sanitario. España no está en ese escenario, pero muchos hospitales empiezan a acusar la saturación. Desde Navidad, el número de personas hospitalizadas a causa de la covid ha aumentado un 83% (hay más de 19.600) y la ocupación en las UCI ha crecido un 55% (cerca de 3.000 enfermos críticos).

Las comunidades apuran ahora para endurecer las restricciones que semanas atrás rebajaron para “salvar la Navidad”. Pero no las tienen todas consigo. Algunas temen que adelantar los toques de queda o aplicar cierres perimetrales no sea suficiente para frenar la expansión de un virus ya desbocado y abogan por ir un paso más allá. Andalucía, Castilla y León, Murcia y Asturias, por ejemplo, han pedido al Gobierno que considere la posibilidad del confinamiento domiciliario. Por su parte, los presidentes de Galicia, Castilla y León, Andalucía y La Rioja han recomendado a la población que se autoconfine. Illa, sin embargo, insiste en que las herramientas disponibles con el actual estado de alarma “son suficientes para doblegarla tercera ola”.

Con el actual decreto del estado de alarma (vigente hasta mayo) no hay margen para un confinamiento en las viviendas. De querer aplicarse esta medida, el Gobierno tendría que aprobar un decreto nuevo que tendría que ser validado por el Congreso. Pero, por ahora, no hay consenso para ello. Ciudadanos se ha mostrado favorable y el PP deja la puerta abierta, pero el Ejecutivo central no está por la labor y prefiere esperar a ver si surten efecto las medidas actuales. El Gobierno insiste en que el actual marco jurídico da “muchas herramientas” para combatir el virus y, de hecho, ya se logró con ellas superar la segunda ola. Pero las autonomías empiezan a cuestionarlo.

La pugna más intensa se vivió el viernes entre el Ejecutivo central y Castilla y León, cuando el Gobierno regional aprobó adelantar el toque de queda a las 20.00, algo que, según Sanidad, no está permitido por el decreto de estado de alarma, que fija el inicio del cese de la actividad entre las 22.00 y las 24.00. La Junta aduce, sin embargo, que la norma permite ”modular, flexibilizar y suspender” el toque de queda según la situación epidemiológica, y se agarra a ese “modular” para endurecerlo. Sanidad rechaza esa interpretación y apunta que la posibilidad de regular la medida se dio pensando siempre en suavizarla. Andalucía también pidió el viernes al Gobierno central por escrito que le permita adelantar el toque de queda a las 20.00 y decretar el confinamiento domiciliario en algunos municipios.

Con el órdago de varias comunidades sobre la mesa, Illa ha abierto la puerta a revisar el toque de queda, pero ha advertido que, cuando una medida afecta a derechos fundamentales, tiene que articularse “con las máximas garantías jurídicas”. “El decreto de alarma que tenemos vigente permite restricciones de movilidad nocturna de 22.00 a 7.00. Si hay que revisar esta franja horaria vamos a hacerlo con todo el mundo. El Gobierno nunca se ha negado a escuchar. Respecto al confinamiento domiciliario, pensamos que con el estado de alarma [vigente] es suficiente”, ha asegurado este sábado en una rueda de prensa en Barcelona.

Algunas voces, sin embargo, insisten en endurecer más aún las restricciones. “Con las cifras que tenemos, hay que tomar medidas similares a las de un confinamiento extremo o aplicar un cierre total radical durante un período corto”, insiste Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta y miembro de la Sempsph. Durante la segunda ola, Sanidad y las comunidades acordaron un semáforo de riesgo epidémico en base al que decidir las medidas restrictivas, pero con las cifras actuales, todo se ha quedado corto. Las restricciones más duras, como los confinamientos perimetrales o el cierre total de comercios y hostelería, estaban reservados para los niveles de riesgo alto. Estos se medían a partir de la combinación de varios factores, como tener más de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días, las UCI por encima del 25% o la tasa de positividad de las pruebas diagnósticas superior al 15%, entre otros indicadores. Todas las comunidades, excepto Canarias, superan con creces los 250 casos por 100.000 habitantes. Siete autonomías están por encima del nivel de riesgo extremo en los tres parámetros principales.

El director del Centro de Control Atención de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, admitió el jueves que la curva seguirá al alza, al menos, unos días más y que las UCI “sufrirán” aún un tiempo la saturación. Pero, en la línea del ministro Illa, insistió en que el auge de la curva epidémica se podrá contener con las restricciones actuales y “no es necesario” un confinamiento domiciliario. “La segunda ola, que en su fase más álgida venía a tener un nivel de transmisión similar al de ahora, se consiguió controlar con medidas que no supusieron el confinamiento completo. La opción del confinamiento está ahí, pero con el nivel de transmisión que tenemos y las características específicas de esta tercera ola no parece ahora necesario”, alegó.

Con todo, comunidades como Castilla y León o Andalucía se mantiene en sus trece. Fuentes del Ejecutivo de Alberto Fernández Mañueco han asegurado que van a seguir reclamando al Gobierno central que reconsidere la posibilidad de un nuevo estado de alarma para permitir un confinamiento domiciliario. “Tiene que al menos desarrollar la herramienta porque si es necesaria no tendremos tiempo. No entienden la velocidad del virus”, señalan. Una línea que sigue también el gobierno andaluz. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha pedido a Illa que “rectifique de inmediato” su postura contraria al confinamiento domiciliario. Fuentes del Ejecutivo regional, no obstante, han asegurado que insistirán al Gobierno para que propicie la medida en la Interterritorial del próximo miércoles: “Lo volveremos a poner encima de la mesa”.

Murcia también ha sido muy crítica con el Gobierno y, aunque no prevé un confinamiento domiciliario a corto plazo, lamenta no tener disponibles las herramientas para aplicarlo si fuera necesario. “Es incomprensible la total ausencia de un Gobierno central que está permitiendo qGue se combata la enfermedad por territorios”, han protestado fuentes del Ejecutivo murciano. Sobre el confinamiento, Galicia también reclama “una previsión para cualquier eventualidad”, incluyendo la posibilidad en casos muy extremos de confinar un municipio o un área de salud. Euskadi insiste en que el cierre total ha de ser “la última opción” y, a propósito de que el Gobierno se abra a ampliar el toque de queda, fuentes del Gobierno vasco celebran la decisión, máxime después de que ellos mismos se encontraran con el rechazo del Ejecutivo central en las dos ocasiones que lo plantearon: “Es una decisión necesaria poder disponer de esta herramienta, aunque no quiere decir que vayamos a modificar nada por ahora”.

Entre los expertos, el debate sobre la conveniencia de un confinamiento domiciliario está abierto. Esta semana, el exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López-Acuña, urgía un cierre total inmediato. “Estamos a años luz del semáforo de Sanidad. Ya lo rebasamos todo. Tenemos una situación que amerita decisiones sin titubeos: un confinamiento drástico temporal”, reclamaba. Una posición que compartía también Alberto Infante, de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III: “Si no hacemos más de lo que estamos haciendo, seguiremos yendo por detrás del virus”.

Los costes sociales de que los ciudadanos se queden en casa, sin embargo, no son menores. Y algunos expertos se muestran reticentes. “No soy partidario de un cierre como el de marzo. Un confinamiento sin medidas de respiro crea muchos problemas sociales, de salud mental, de violencia de género…”, tercia Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Un estudio de la Agencia de Salud Pública de Cataluña reveló que durante el confinamiento se triplicaron los síntomas de depresión, ansiedad y malestar emocional. Otra investigación del Hospital del Mar constata, además, que el 60% de las personas con deterioro cognitivo previo empeoraron durante el encierro.

Peiró apuesta por agotar todas las opciones y restringir mucho más algunas actividades antes de llegar al encierro total. “Lo que nos interesa es reducir la interacción social, que la gente no tenga a dónde ir. Me resulta llamativo que algunos no tomen las medidas que pueden tomar, pero pidan al Gobierno que cierre todo”, apunta el epidemiólogo. Andalucía, por ejemplo, ha reclamado el confinamiento, pero aún mantienen la restauración abierta (aunque con horarios reducidos).

Un ‘pseudoconfinamiento’

De hecho, la sugerencia de Peiró es, de facto, ir a un pseudoconfinamiento sin tener que encerrar a la gente en su casa. Algo a lo que, en la práctica, ya avanzan muchas comunidades, como Cataluña, que solo abre la restauración para desayunos y comidas, y ha ordenado el cierre de toda actividad no esencial los fines de semana, cuando más movilidad de carácter social se produce. O Murcia, que prohíbe las reuniones entre no convivientes. En Mallorca e Ibiza, la restauración está cerrada (solo para recogida y entrega a domicilio) y están prohibidos los encuentros sociales (excepto convivientes). Además, durante el toque de queda, “la situación ya es similar a la de un confinamiento en ese horario nocturno”, dice Ildefonso Hernández, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Esta sociedad científica ha descartado expresamente que haya que volver a las medidas de marzo.

Países del entorno, como Alemania, también han optado por la vía intermedia: los colegios y las actividades no esenciales están prohibidas, pero los encuentros sociales están permitidos, aunque solo pueden incluir a una persona que no viva en el domicilio. Francia tiene un toque de queda desde las seis de la tarde y la restauración, cines y teatros permanecen cerrados. El confinamiento más duro y restrictivo es el del Reino Unido, que además de cerrar bares, restaurantes, pubs, cines, teatros y también colegios, solo permite las salidas para lo esencial y los encuentros sociales en el exterior (en interior está prohibido con no convivientes) pueden ser de un máximo de dos personas para hacer deporte.

Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, también considera que hay margen de maniobra antes de aplicar un confinamiento domiciliario. “Tienen que agotarse todas las medidas ante de tomar una tan drástica, aunque esta sea más sencilla de explicar y más fácil de cumplir”, apunta. Si la curva de contagios se frena en 7 o 10 días, agrega, “no es necesario un cierre completo”. “Los hospitales lo vamos a pasar muy mal, eso ya lo doy por hecho. Estamos llenos, pero hay capacidad aún de hacer algo, aunque sea a expensas de paralizar parte de la actividad quirúrgica”, sostiene. Muchos hospitales españoles ya han empezado a suspender operaciones para asumir la demanda de pacientes con covid-19 que requieren ingreso.

En lo que sí coinciden los expertos es en que, ante un eventual confinamiento domiciliario, los colegios quedarían exentos. La actividad escolar seguiría funcionando porque las escuelas no se han demostrado grandes amplificadores del virus. “La evidencia científica nos dice que el colegio nos sirve de elemento de control de las medidas por parte de las familias y, excepto casos contados, no se han producido brotes”, apunta Domínguez.

Con todo, mientras no haya confinamiento domiciliario estricto, Peiró matiza las recomendaciones y las consignas más repetidas: “La medida no es quedarse en casa, como están diciendo, porque puede darse el efecto colateral de desplazar las reuniones sociales a las casas y ganamos menos que si los tenemos paseando por la calle. La medida es evitar el contacto con no convivientes”. El epidemiólogo teme, además, que un confinamiento de solo 15 días desplace los contagios al ámbito intrafamiliar y a los trabajadores esenciales, por lo que, de aplicarse, esta medida tendría que durar más tiempo.

Con información de E. García de Blas, M. Ormazábal y J. Martín-Arroyo.

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