La Fiscalía lleva a los tribunales el uso de cloro en Valencia para tratar vertidos con aguas fecales en las playas

La Fiscalía de Valencia ha presentado una denuncia contra la Entidad de Saneamiento de las Aguas Residuales (EPSAR), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, por echar cloro en acequias que vertían aguas fecales a playas en el verano de 2019. Según la sección de Medio Ambiente del ministerio público, el método utilizado, la cloración, “pudo constituir un delito medioambiental”.

El programa de desinfección con cloro llevado a cabo en agosto y septiembre de 2019 en varias acequias valencianas “constituye una medida errónea y mal implementada que no solo no garantiza la salubridad de las aguas, sino que además añade nuevos riesgos de perjuicio para la salud de las personas y el medio marino”, señala la Fiscalía. El cloro, argumenta la denuncia, “es un potente biocida que afecta tanto a microorganismos como a otros grupos de seres vivos beneficiosos desde el punto de vista ambiental, por lo que no debe ser empleado en medios naturales”.

Durante los meses de junio y julio de 2019 se tuvieron que cerrar al baño playas de la comarca al norte de la capital por contaminación microbiológica, según revelaron entonces los análisis periódicos de las aguas de baño de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Era verano y para evitar las consecuencias negativas del cierre de las playas, la consejería creó una comisión técnica de seguimiento de la calidad de las aguas del baño formada por técnicos de la Dirección General del Agua, de EPSAR, de la Confederación Hidrogràfica del Júcar y de los ocho ayuntamientos afectados (Valencia, Alboraya, Meliana, Massalfassar, Massamagrell, la Pobla de Farnals, El Puig y Puzol).

Esta comisión resolvió que la contaminación fecal de las aguas en las playas se originó por el vertido al mar de los excedentes de las acequias de riego situadas en la comarca al norte de la capital, y en dichas aguas se detectó contaminación fecal por el vertido de viviendas aisladas que no están conectadas a las redes de alcantarillado municipal. En julio se planteó la necesidad de rebajar el nivel de contaminación en las acequias y se acordó que la EPSAR prepararía lo necesario para desinfectar con cloro las aguas de las acequias más conflictivas.

De los informes recabados por la Fiscalía —del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, del Instituto Nacional de Toxicología y del Seprona— se desprende que existían otros métodos menos invasivos que emplear cloro en las acequias para paliar o eliminar los efectos de la contaminación de origen fecal en medios naturales, como un desvío del vertido de modo que no alcanzara la playa o una fuerte dilución. Además, al no ser la cloración de las playas una práctica habitual, regulada o admisible desde el punto de vista ambiental, no existen parámetros establecidos sobre dicho mecanismo de desinfección para evitar riesgos ambientales o para la salud de las personas.

La cloración, continua la denuncia, es un método de control sanitario de aguas de baño limpias o previamente depuradas que no debe aplicarse en el caso de aguas con abundante contaminación fecal puesto que enmascara la presencia de patógenos, es ineficaz debido a la presencia de materia orgánica en suspensión y favorece la formación de compuestos organoclorados tóxicos para la salud de las personas y organismos acuáticos”.

La Fiscalía ha pedido a un juzgado de Instrucción valenciano que admita su denuncia y “requiera” a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que identifique a los miembros de la comisión técnica que resolvió el uso del cloro.

Concentraciones de cloro menores

La Consejería de Agricultura, que dirige Mireia Mollà, defiende la actuación conjunta y consensuada en una comisión coparticipada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con ocho municipios y la Diputación de Valencia con el fin de asegurar la salud pública de las personas. Añade que la “desinfección adoptada fue una actuación transitoria, rápida y efectiva y niega de plano el impacto medioambiental de unas concentraciones de cloro menores a las que establece la legislación para el agua del grifo”. La consejera ha mostrado su absoluta disposición a colaborar con los órganos judiciales respecto a la actuación realizada.