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La concertada catalana rechaza el plan para evitar ‘colegios gueto’

La patronal presenta 120.000 alegaciones contra el proyecto

Un aula de un centro concertado en Lleida.
Un aula de un centro concertado en Lleida.

Cataluña se ha decidido a poner coto a la proliferación de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos supera el 50%. En marzo de 2019, la Generalitat aprobó el Pacto contra la Segregación Escolar para asegurar la integración de alumnos con diferentes perfiles socieconómicos en todos los centros públicos y concertados, después de que el Síndic de Greuges alertara en 2016 de la “alta concentración de alumnos inmigrantes y con pocos recursos” en un centenar de escuelas —el 4,35% de las 2.295 existentes, casi el doble que en 2006— con más de un 50% de estudiantes extranjeros. Este lunes, cuando finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas al nuevo proyecto, las patronales de las escuelas concertadas presentaron más de 120.000 alegaciones ante el Departamento de Educación. Critican que la medida “limitará la capacidad de las familias para escoger centro”.

Entre las 189 medidas del plan, la Generalitat contempla un nuevo decreto de admisiones para la escolarización de los alumnos de infantil, primaria y secundaria. Hasta ahora, la escuela concertada podía ajustar el número de plazas a la demanda de las familias, de forma que podía ampliar el número de grupos por nivel educativo, siempre que la Administración se lo aprobase. Con el nuevo decreto, serán las nuevas comisiones de escolarización las que decidan cuántas plazas asumirá cada centro en función de las necesidades de la población de los barrios. El objetivo es “distribuir al alumnado de forma equilibrada”, para evitar que unos centros estén llenos y otros a la mitad de su capacidad con el alumnado más desfavorecido.

La Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar. Esta afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Las familias con mayor capital económico y cultural evitan unos determinados centros para sus hijos por el tipo de alumnado que acude, mientras que los más desfavorecidos suelen acudir al colegio más cercano a su residencia”, señala Joan Cuevas, investigador de políticas educativas de la Fundación Jaume Bofill en referencia a las conclusiones de algunos de sus estudios. “La única vía para frenar la segregación es la intervención de las administraciones en el proceso de matrícula”, añade. Cataluña es, con Baleares, la autonomía con más alumnos extranjeros, un 13,2%.

Otra de las novedades es que las familias ya no acudirán a los colegios para realizar la preinscripción y la matrícula; lo harán en las oficinas municipales de escolarización (en municipios de más de 20.000 habitantes). “La programación escolar es una herramienta muy potente para evitar la segregación escolar e incrementar el nivel de equidad del sistema”, ha asegurado este lunes el director general de Atención a la Familia de la Generalitat, Juan José Falcó. En el curso 2016-2017, el 67% de los alumnos de primaria y el 62% de los de secundaria se matricularon en centros públicos.

Las patronales de la concertada, que en marzo de 2019 firmaron el pacto contra la segregación —que suscribieron la Generalitat, agentes sociales, el Síndic de Greuges, asociaciones de familias y patronales— no están satisfechas con la forma en la que se está desarrollando el decreto. En las alegaciones, denuncian que la nueva normativa cambia los criterios para la programación escolar y que eso puede “afectar negativamente” a sus centros y a la libertad de las familias para escoger dónde quieren inscribir a sus hijos. “Esto se hace así porque la LEC (la ley educativa catalana aprobada en 2009) establece que para la programación escolar se tiene que contar con la demanda social”, explica Josep Manuel Prat, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel).

El proyecto de decreto prevé que la programación se haga antes de las preinscripciones: en base al padrón de cada zona, el departamento decidirá cuantos grupos corresponden a cada centro. “Si no ofertas todos los grupos que había el curso anterior, limitas la capacidad de elección de las familias”, afirma Prat. Las familias seguirán pudiendo expresar sus preferencias y preinscribir a los alumnos en centros concretos, siempre que haya plazas.

Las cuatro grandes patronales de la escuela concertada, que también presentó alegaciones conjuntamente, denuncian además que alterar la oferta con carácter previo puede "perjudicar el mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros concertados", al ir vinculado el salario de los profesores al número de grupos. “Si cierras uno, el centro lo tiene que despedir o integrar, aumentando así el coste para las familias”, explica Agustí Guillén, de la Federación Catalana de Centros de Enseñanza.

En este sentido, las escuelas concertadas también denuncian en las alegaciones que el decreto no propone soluciones a la “infrafinanciación” de los centros, ni prevé aumentar las compensaciones económicas por incluir a alumnado con necesidades educativas específicas. “El decreto no asegura una financiación suficiente para escolarizar a los alumnos", expresó Maria del Mar Pla, secretaria de la Confederación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, en el momento de la entrega de alegaciones. "Las políticas compensatorias son obligatorias, y tienen que quedar claramente definidas y garantizadas", afirman los firmantes en las alegaciones.

Educación admite que el decreto no podrá entrar en vigor durante el periodo de preinscripciones para el curso que viene, y esperan aprobarlo para el periodo de la matrícula. "Lo han querido hacer deprisa y corriendo", lamenta Prat, que recuerda que solo se dieron siete días hábiles para presentar alegaciones. "El Pacto contra la Segregación quiere la mejora de todos los alumnos de Cataluña, pero si no tenemos recursos, lo que hacemos es un paripé", concluye. 

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