López Miras: “En Murcia no hay adoctrinamiento en ningún aula”

El presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras (Murcia, de 36 años), recibe a EL PAÍS en su despacho para hablar del veto parental (él dice “autorización familiar”). Asegura que no se trata de una condición impuesta por Vox, sino que él mismo lo defendió en campaña en aras de la libertad de los padres. El derecho de los menores a una formación completa, apunta, ya la garantizan los maestros. López Miras considera la polémica "una cortina de humo" de Pedro Sánchez para tapar lo que denomina "el pin judicial": el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 

Pregunta. Defiende que antes de implantar el veto, no había adoctrinamiento en las aulas murcianas. ¿Por qué son necesarias las autorizaciones? 

Respuesta. En la región no se está produciendo adoctrinamiento en ningún aula de ningún centro. La neutralidad ideológica de los maestros y profesores de Murcia es impecable. Nadie mejor que ellos para formar y educar a nuestros hijos, pero cuando alguna persona ajena al centro [imparta un contenido] que los padres lo sepan y puedan decidir libremente. 

P. ¿Qué pasa con el derecho de los hijos a recibir formación? ¿Qué pasa cuando un padre machista no deja a su hijo asistir a una charla de prevención de la violencia de género o de igualdad?

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R. Para concienciar a nuestros hijos de la lacra que supone la violencia de género y concienciar y enseñar valores tan importantes como la diversidad y la igualdad, confiamos plenamente en nuestros profesores.

P. El sentido de las asignaturas complementarias es precisamente que una persona experta en una materia pueda ampliar conocimientos, dar una perspectiva más amplia de temas que están en el currículo y son valores constitucionales.

R. ¿Cuál es el problema de que un padre o madre sepa que alguien ajeno al colegio va a entrar en el aula de sus hijos a hablarle de religión o de política? Podemos darle las vueltas que quiera, pero no veo nada extraño ni sorprendente. Los maestros son perfectamente capaces de transmitir esos conocimientos si así lo entienden en su libertad de cátedra. Si para ello requieren de personal ajeno al centro educativo, que los padres lo sepan y lo autoricen.

P. Los padres ya tenían conocimiento de esas charlas, las publican los centros escolares. La autorización puede privar a algunos alumnos de acceder a ese contenido que, además, es obligatorio.

R. Le pongo un ejemplo. En Murcia la Semana Santa es muy importante, forma parte de la cultura, la identidad y el patrimonio. Si un día se quiere organizar una actividad con un representante de la Semana Santa de un municipio, que nada tiene que ver con la formación que imparten los profesores, los padres deben conocerlo.

P. ¿Pone al mismo nivel la Semana Santa con actividades orientadas a la promoción de valores constitucionales como la tolerancia a la diversidad o la educación afectivo-sexual?

R. No voy a entrar en el discurso de quienes intentan radicalizar la autorización. Estamos hablando de todas las materias y todas las actividades, no de autorizar o no charlas LGTBI.

P. La medida se aprobó porque fue una de las imposiciones de Vox en su acuerdo de investidura, y ahora la han repetido para firmar el acuerdo de presupuestos.

R. No responde a ningún compromiso firmado para los presupuestos. Durante mi campaña y en mi discurso de investidura yo me comprometí con esto.

P. ¿Vox les ha robado la idea?

R. Yo nunca lo he defendido con el nombre que se le llama ahora, lo que he defendido desde siempre es una autorización familiar.

P. Los decretos 198/2014 (Primaria) y 220/2015 (Secundaria), que ustedes mismos aprobaron, establecen que esas actividades complementarias son obligatorias y evaluables. ¿Cómo harán para que la orden de la consejería sobre la autorización familiar no entre en contradicción con los decretos?

R. La autorización ya se está haciendo, no hay que hacer nada.

P. Cuando se aprobó la orden en septiembre fue recurrida por el sindicato educativo STERM y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan González. El Gobierno central les ha dado un plazo de un mes para retirarlo.

R. El Gobierno central es muy valiente con los padres de la Región de Murcia, me recuerda al típico abusón que se mete con los que son más pequeños en el patio del colegio. No es tan valiente con los golpistas catalanes, ni es tan rápido a la hora de establecer acciones judiciales contra los que quieren romper España o contra aquellos que son amigos de ETA. 

P. Yo le pregunto por la posible contradicción legal entre las autorizaciones y los decretos de educación.

R. Esta decisión se toma amparándose en la Constitución, en el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, en el artículo 26 de la carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y, por supuesto, las instrucciones están en vigor desde septiembre y tienen informes de los servicios jurídicos y la inspección educativa. Si hubiéramos tenido algún informe en contra, no se habría aplicado.

P. Entonces, ¿no van a hacer ningún cambio en ese mes de plazo que les da el Gobierno central?

R. El Gobierno de España puede hacer lo que estime pertinente, e irá sabiendo a cada paso de lo que somos capaces los murcianos.