La policía desarticula una red que captaba y prostituía a adolescentes de un centro de menores de Alicante

Dinero, drogas y ropa cara. Esos eran los ganchos que ofrecía un grupo criminal a adolescentes acogidas en un centro de protección de menores de Alicante. A cambio, debían mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la banda y prostituirse con clientes de toda la provincia. La Policía Nacional, alertada por la dirección del propio centro, dependiente de la Consejería de Igualdad de la Generalitat Valenciana, ha desarticulado esta red de prostitución. Hay nueve detenidos, entre ellos, cuatro menores. Y se busca al cabecilla, que se encuentra fuera de España.

La denuncia partió del propio centro, ubicado en Alicante. La dirección detectó que una menor inducía a otra a abandonarlo para trasladarse a una vivienda cercana. Allí, el propietario las alojaba, les proporcionaba sustancias estupefacientes y las asesoraba para que las menores cambiaran de aspecto, con el fin de aparentar más edad y pasar desapercibidas. Las instrucciones para esta alteración física y de comportamiento las impartía otra menor, según los investigadores.

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Una vez captadas y convencidas, las menores se trasladaban a otro piso, situado en el centro de Alicante, en el que entraban en contacto con el jefe de la banda, de nacionalidad rumana. Fuentes policiales señalan que este individuo había alcanzado un “alto nivel adquisitivo” gracias al entramado de trata de menores. Allí, las chicas tenían acceso a drogas y alcohol y, según la policía, sufrían ocasionalmente los abusos sexuales del líder de la red criminal. Posteriormente, las víctimas posaban en actitudes sensuales para entrar a formar parte del catálogo de la banda, que ofrecía sus servicios en redes sociales. Fotos y vídeos eran su escaparate delictivo.

A partir de ahí, la red las obligaba a trabajar a demanda. Uno de los integrantes de la red ejercía de chófer. Las llevaba en un vehículo de alta gama a su encuentro con los clientes, procedentes de diferentes municipios de toda la provincia, según las mismas fuentes. Los contactos, tanto de las chicas como de los clientes, los gestionaba otro de los integrantes del grupo. Durante el trayecto, además, el conductor ofrecía sustancias a las jóvenes e incluso llegaba a mantener relaciones con ellas a cambio de dinero.

Una vez con toda la información recabada, los agentes armaron un dispositivo de localización mediante el que detectaron y detuvieron a nueve personas. Cinco de ellos, mayores de edad, de nacionalidad española y rumana. Otros cuatro, de 15 y 16 años, tres chicas y un chico, de nacionalidad española, rumana y venezolana. El cabecilla, sin embargo, sigue libre, ya que días antes de la puesta en marcha del operativo había salido del país, sin que las fuentes consultadas hayan especificado dónde se encuentra.

Los arrestados fueron acusados de pertenencia a grupo criminal, corrupción de menores, inducción al abandono del domicilio familiar, tráfico de drogas y, también, de un delito contra la seguridad del tráfico, según especifican las mismas fuentes. El operativo localizó a dos víctimas, de 15 y 16 años, y una de ellas fue detenida.

El operativo sigue abierto, dice la Policía Nacional, con el fin de determinar la existencia de más adolescentes captadas para la prostitución. El siguiente paso de los agentes fue registrar los domicilios utilizados por la red criminal. En las viviendas, que en algún caso estaban decoradas con fusiles de asalto colgados de las paredes, encontraron “teléfonos móviles, material informático, documentación, ropa pertenecientes a las víctimas, una placa falsa de la Guardia Civil, varias armas simuladas y 400 euros en efectivo”.

Tres de los cinco arrestados, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 24 y los 59 años, pasaron a disposición judicial. Los otros dos quedaron en libertad tras prestar declaración, a la espera de que haya juicio, indican las fuentes consultadas. Los cuatro jóvenes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores y dos de ellas han sido internadas en un centro de régimen cerrado.

Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana subrayan que fue el propio centro el que efectuó la denuncia y aseguran que “se ha actuado desde el primer momento en colaboración con la justicia y la policía”. Añaden que están a la espera del resultado de la investigación para determinar si caben más actuaciones en este asunto.