Siete asociaciones canarias denuncian el incumplimiento de la ley para atender a menores con problemas de desarrollo

La Plataforma de Atención Temprana en Canarias (Patdi), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otras cinco organizaciones denunciaron el pasado lunes a la Fiscalía General Provincial de Santa Cruz de Tenerife el incumplimiento de la ley de atención temprana. Esta normativa, aprobada en marzo de 2019 ―con un presupuesto de 5,2 millones de euros― prometía 11 unidades, en siete de las ocho islas, compuestas por un amplio equipo de especialistas con cinco años de experiencia con menores o formación en esta disciplina, así como la creación de una comisión técnica responsable de los protocolos de detección y valoración de los 9.000 menores que presentan problemas en su desarrollo en Canarias.

Sin embargo, 19 meses después del compromiso y la dotación económica, apenas hay dos centros operativos que funcionan “a medio gas” y tan solo 38 menores atendidos. “Nos hemos cansado de dialogar”, zanja Ana Olmeda, portavoz de la Patdi, “Se está violando el derecho a la sanidad de miles de niños canarios. ¿Dónde están esos cinco millones de euros? Es decepcionante”.

La atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a menores entre cero y seis años que presentan una alteración del desarrollo o un riesgo de padecerla. En España, no existe una ley estatal de atención temprana y son las autonomías las que se encargan de gestionar ese servicio. Por lo que los cuidados son muy dispares. En Cantabria, este servicio está integrado desde el 2006 en la cartera de servicios públicos de Sanidad y no existe lista de espera. El tiempo medio para ser atendido desde que el pediatra lo prescribe es de cuatro días. Sin embargo, Canarias ni siquiera contaba con este servicio hasta hace apenas un par de meses. El archipiélago inauguró en agosto un centro en Gran Canaria y otro en Tenerife a pesar de no cumplir con los requisitos de contratación establecidos en la normativa, que también contemplaba un trabajador social y un experto en psicomotricidad por unidad y carecen de ellos. “Se hizo deprisa y corriendo. Y se hizo mal: los especialistas contratados no están cualificados, solo figuraban en las listas de los hospitales vinculados”, incide la portavoz y madre de una niña afectada.

La composición de estas unidades y sus funciones es uno de los cinco artículos que, según las entidades demandantes, no se están cumpliendo. Además del retraso de los otros nueve centros, que la Consejería de Sanidad espera abrir en 2023. La falta de coordinación entre las carteras responsables –Sanidad, Educación y Derechos Sociales– y la inexistencia de un comité de expertos que ponga en marcha protocolos comunes entre las unidades es otra de las exigencias de las organizaciones y familias denunciantes. Miguel Llorca, coordinador del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna añade: “La comisión es un órgano de control de la ley. De esta depende la creación de un plan integral de atención temprana que atienda a las necesidades en cada isla. Y ni siquiera existe. Sé que con la pandemia la comunidad tiene muchos calderos en el fuego, pero no nos podemos olvidar de los derechos del menor”.

“Es notorio”, dicta la denuncia “que la dejación de funciones de esta administración y el retraso en la aplicación efectiva de la Ley de Atención Temprana de Canarias está ocasionando un notable perjuicio a un sector de la población especialmente vulnerable y protegido por la legislación. Debe prevalecer el interés superior del menor ante cualquier otra circunstancia”. La Consejería de Sanidad no ha respondido las consultas de este medio.

Detrás de los 9.000 niños, están las historias de familias como la de Raquel Fumero, que reconoce haberse sentido “muy frustrada y sola” cuando nació su hijo Daniel. El pequeño presentó serios retrasos en el habla, no reaccionaba a estímulos y apenas dormía por la noche; lo que se traducía en fuertes alteraciones en su comportamiento. Le diagnosticaron trastorno del espectro autista cuando tenía cinco años. “Perdimos mucho tiempo hasta que empezaron a tratarle. Hasta los tres años, además, pagábamos de nuestro bolsillo las terapias”, lamenta. Los Fumero gastaban más de 300 euros mensuales en los tratamientos privados de logopedia y psicopedagogía, que suplían “de aquella manera” la atención temprana. Actualmente, Daniel tiene 14 años y recibe una prestación por dependencia y la ayuda del ministerio de Educación. “Aprendió a mantener una conversación con diez años y sobre todo gracias a mi empeño. Si hubiera tenido acceso a la atención temprana, igual todo habría sido más rápido. Y menos agotador”, narra.

La mayoría de los problemas en el desarrollo se producen en niños que han nacido antes de los nueve meses de gestación. Es por ello que la Asociación de Prematuros de Tenerife (Apremate) ha sido otra de las entidades denunciantes. Vanesa Hernández, la presidenta, lamenta que la ley haya quedado solo en “una carta de buenas intenciones”: “Cuando tienes un hijo prematuro, en el hospital te cuidan y te miman pero desde que te dan el alta, sientes el vacío. No es justo que no exista una red de atención y que su mejoría dependa del nivel adquisitivo de los padres. Son niños”.