Sanidad quiere prohibir por ley nuevos copagos y asegurar la atención a inmigrantes

El Ministerio de Sanidad prepara una ley que podría considerarse una reparación de parte de los coletazos del real decreto de 2012, que supuso los mayores recortes en la sanidad pública. Aquella norma, que se aprobó gobernando el PP, dejó sin atención a los extranjeros que estuvieran en España sin un permiso de trabajo. Hasta entonces, las personas sin papeles residentes en España recibían las mismas prestaciones que el resto si se habían empadronado. Cuando el PSOE volvió al poder en 2018 intentó eliminar esta discriminación, pero la medida adoptada tenía agujeros. El propio ministerio lo admite en el documento que anuncia el anteproyecto y que ha hecho público para posibles aportaciones de “los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren”.

“En este anteproyecto se pretende, tras la experiencia acumulada en la aplicación de la norma citada, realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud”, dice el texto.

La medida tenía como excepción las situaciones de urgencias y la atención a embarazadas y menores. En la práctica hubo todo tipo de irregularidades, con personas con cáncer o gestantes a las que se les exigía pagar incluso por adelantado cuando llegaban al hospital, como documentaron varias ONG (Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad Universal). También es verdad que hubo muchos servicios que se saltaron la prohibición y buscaron la forma de atender a los extranjeros indocumentados, y que hubo comunidades que buscaron otras vías para dar el servicio.

El proyecto también quiere cerrar la puerta a que se establezcan más copagos sanitarios que los que ya hay (el de los medicamentos que se dispensan en farmacia y en prestaciones ortoprotésicas). Aquel decreto de 2012 dividía las prestaciones en tres tipos, y para dos de ellos permitía fijar aportaciones de los usuarios que hasta entonces no existían. Esto afectaba, en teoría, a productos de dietoterapia y al transporte sanitario no urgente. La medida nunca se concretó. Ahora “se pretende, tras la experiencia acumulada en la aplicación de la norma citada, realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud”, que podía verse perjudicado en las personas que no pudieran cubrir los copagos.

Otra de las iniciativas que estaban pendientes era recuperar es el Fondo de Garantía Asistencial. El objetivo es “garantizar la cohesión y equidad en el sistema nacional de salud mediante la cobertura de los desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de personas titulares del derecho a la protección de la salud”. La idea es que este fondo pague esos traslados para evitar, por ejemplo, el gasto a comunidades que tienen que enviar pacientes a otras donde se puedan tratar dolencias complicadas de las que no hay especialistas en todo el país, y el coste de su tratamiento aunque no fuera residente de la comunidad donde estaba ingresado. El documento concluye que en estas situaciones “queda descartada la opción de no hacer nada, dado que esta alternativa afectaría a la salud de la población española, así como a la cohesión y equidad en el sistema nacional de salud”.

Además, el Gobierno quiere establecer que todas las normas deban llevar una declaración de impacto en la salud, igual que lo tienen sobre su impacto económico y de género.