La violencia machista se oculta mejor en la aldea
Un estudio destapa cómo el aislamiento, el férreo control social y familiar y la escasez de servicios de ayuda silencia a las víctimas en zonas rurales
A Ana Saavedra su pareja y padre de su hija le clavó un cuchillo en el cuello y le rajó la tiroides. Era 2001, no había ley ni ayudas y el agresor solo fue condenado a seis fines de semana de arresto domiciliario. A ella, vecina de Betanzos, municipio gallego de 13.000 habitantes, la gente la miraba con reprobación y desconfianza: “Me decían: 'Algo harías…” Logró salir a flote, estudió Derecho y fundó la asociación Mirabal, que desde hace una década atiende a víctimas de violencia machista en 17 Ayuntamientos rurales de la provincia de A Coruña. Ahora es testigo todos los días de las dificultades añadidas que se sufren en los pueblos para combatir esta lacra.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha presentado este viernes un estudio sobre la violencia machista en el mundo rural realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Recoge sendas encuestas a 167 vecinas de municipios de menos de 20.000 habitantes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja y a 333 profesionales de los servicios de atención, así como el testimonio de 23 supervivientes. Sus conclusiones dibujan un panorama poco alentador, con relaciones de maltrato más escondidas por culpa del aislamiento geográfico, la presión social y familiar y la escasez y poca accesibilidad de los recursos de ayuda.
El calvario de las víctimas que participan en el estudio duró de media 20 años. En su relato de horrores vividos, la palabra “vergüenza” es la que más se repite para explicar su largo silencio. “Me daba vergüenza denunciar y que todo el pueblo se enterara”, explica una. “No denuncié por no hacer pasar esa vergüenza a mi familia”, coincide otra. En un mundo donde todos se conocen, abunda el miedo a la estigmatización. “Te sientes juzgada por tus vecinos, amigos, pocas personas entendían lo que me pasaba”, dice una superviviente.
Los modos de vida de las zonas rurales ayudan al maltratador a tapar sus delitos. El estudio incide en que el aislamiento de las casas, las distancias, la dispersión poblacional y la dependencia que tienen muchas mujeres de sus parejas para poder trasladarse dificultan la detección y atención de los casos. “Estábamos en el campo a dos kilómetros fuera del pueblo… Si me mata, ¿quién se va a enterar?”, se pregunta una de las víctimas entrevistadas.
Tampoco ayuda a denunciar la presión que supone convivir con el maltratador y el resto de la familia en un entorno próximo en el que el machismo y los roles tradicionales de género se transmiten más fácilmente entre generaciones. Las supervivientes describen que las agresiones se sucedieron en familias “invasivas”, “autoritarias” y “posesivas”. “Hija, hoy no se aguanta nada” o “un cachete a tiempo tampoco pasa nada” son algunas de las frases que les soltaban sus suegros.
Tras una década de experiencia, la presidenta de la asociación Mirabal de Betanzos reclama servicios sociales más potentes y con mayor formación en violencia de género para poder detectar ese maltrato invisibilizado en los pocos lugares donde puede dejar rastro. Los agresores llevan en coche a sus víctimas al médico y entran con ellas en la consulta, ejemplifica Saavedra. Estas mujeres tampoco pueden lanzar un SOS en la botica pidiendo una “mascarilla 19” porque la farmacéutica suele ser conocida o incluso pariente de su marido. “Ellas están en asociaciones de mujeres, hacen bolillos, van a pilates… Ahí es adonde tienen que ir los servicios sociales”, sostiene. “Se gasta mucho dinero en campañas que no les llegan a las mujeres del rural y lo que habría que hacer es mejorar los servicios sociales, que en los últimos años se han recortado”.
“Te marean de un lugar a otro”
Teresa López, presidenta de Fademur, la entidad que elaboró el estudio, reclama una perspectiva de “ruralidad” a la hora de diseñar las políticas y las campañas. Las mujeres de estos entornos, esgrime, necesitan “respuestas adaptadas y accesibles”. El informe revela un “grave” desconocimiento entre las habitantes de municipios pequeños de los recursos disponibles y los técnicos que atienden a las víctimas coinciden en que la atención “personalizada y discreta” es “básica” en estas zonas. Estos profesionales denuncian horarios demasiado reducidos en las oficinas de asistencia, ausencia de transporte público, falta de coordinación con otros organismos y planes de centralización de servicios en grandes localidades que amenazan con agravar más una situación nada halagüeña.
Las víctimas que cuentan sus historias en el estudio han echado en falta más formación en los servicios de asistencia, en los centros de salud, en los juzgados y en las fuerzas de seguridad. “Te marean de un lugar a otro, tienes que contar la misma historia muchas veces, a muchas personas y en muchos sitios y al final no te dan soluciones para nada”, rememora una de ellas. “Es que el abogado de oficio y la jueza…. Recuerdo estar llorando, llorando, y ellos tratándome como una adolescente rebelde”.
En el tiempo que lleva ayudando a otras víctimas de la violencia machista en 17 ayuntamientos rurales de la provincia de A Coruña, Saavedra se ha tenido que enfrentar al negacionismo —"en este pueblo no hay víctimas", le decía un alcalde— y al vacío de vecinos que evitaban relacionarse con ella para no ser marcados bajo la sospecha de ser víctimas o verdugos. Ha sufrido amenazas y le han pinchado las ruedas del coche. Hubo un maltratador que al verla le gritó a un juez: “¡Esa feminazi que salga de mi juicio!”. Todavía para muchos, dice, ella es “la rubia que le come la cabeza a las mujeres”.
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