La Fiscalía pide al juzgado que se investigue a la residencia DomusVi de Llíria por posible maltrato

La Fiscalía de Valencia cree que las imágenes del posible maltrato a ancianos en la residencia Jardines de Llíria, que tiene Domus VI en la población valenciana, que se difundieron públicamente hace un mes podrían constituir delitos contra la integridad moral de las víctimas, por lo que ha pedido a los jueces que abran una causa penal contra los responsables. Telecinco, y luego otros medios de comunicación, difundieron el pasado mes de septiembre unas imágenes en las que puede ver a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo. La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación el pasado 9 de septiembre ante la gravedad de las imágenes. La multinacional DomusVi es la concesionaria hasta 2047 de la residencia de ancianos de Aloci donde murieron 73 ancianos durante la pandemia, la mitad de sus residentes.

En su escrito de este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, señala que tras la investigación preliminar considera que las situaciones de abandono y desprotección a ancianos que parecen haber ocurrido en esa residencia “pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal”. Por ello, ha remitido sus diligencias a los juzgados de esta población para que abran una investigación penal contra los responsables de los mismos. “A raíz de las actuaciones llevabas a cabo por la Fiscalía”, dice el escrito, “se infiere que existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora de la residencia, en su posición de garante, y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral”.

Este hecho, continúa, “todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección”. Por ello “se acuerda la remisión al Juzgado decano de los de Llíria, ya que los hechos investigados, prima facie y, sin perjuicio de ulterior calificación, pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal”, añade.

A propósito dela decisión de la fisclía, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que espera “que se depuren todas las responsabilidades” y se aplique el derecho penal si así corresponde. “Es un trabajo que está haciendo la Fiscalía. Nosotros ya habíamos detectado que en esa residencia estaban produciéndose hechos indeseables y, además, sancionables desde el punto de vista de la legislación administrativa”, ha señalado Oltra, que ha recordado que este centro de DomusVI tiene “la sanción más grande que se ha puesto nunca desde la Generalitat a una residencia”, de 174.000 euros. La consejería de Oltra pretende revertir la gestión privada de la residencia de Alcoi, de titularidad pública, por el funcionamiento del centro dirigido por Domus Vi durante la pandemia.

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