Boris Johnson endurece las medidas de distancia social y refuerza el poder de la policía para aplicarlas
Las reuniones en interiores o exteriores no podrán ser de más de seis personas en Inglaterra
La aversión natural de Boris Johnson a imponer medidas que restrinjan libertades individuales –y, sobre todo, que pongan a la opinión pública en su contra– hizo que las reglas de distanciamiento social del primer confinamiento resultaran ambiguas, y que la cifra total de multas impuestas por la policía (a finales de mayo apenas sumaban 15.000) haya sido muy inferior a la de otros países europeos.
El temor fundado a una segunda ola del virus a medida que se adentre el otoño ha arrebatado al primer ministro la mayoría de sus prejuicios. A partir del próximo lunes, cualquier reunión de más de seis personas en Inglaterra (no en el resto del Reino Unido), en interiores o al aire libre, podrá ser disuelta por la policía y tendrá una multa de 110 euros, que podrá alcanzar los 3.500 en el caso de reincidencia. El criterio que regía la actuación de las fuerzas de seguridad hasta ahora (la mayoría de las medidas eran “recomendaciones”, y su aplicación se realizaba “por consentimiento”; es decir, la policía intentaba explicar y convencer antes de sancionar) ha supuesto un quebradero de cabeza para los agentes. Por ejemplo, no estaban permitidas las reuniones de más de seis personas en exteriores si formaban parte de más de dos núcleos familiares. Pero la policía no disponía de poderes para evitarlas. Solo los tenía para los casos de más de 30 personas.
Todo cambiará a partir de ahora. El índice de transmisión del virus se ha disparado entre la población joven –la principal causa del rebrote– y el temor del Gobierno es que, más pronto que tarde, acaben infectando a las personas mayores. Si la cifra semanal media actual es de 10,5 infectados por cada 100.000 habitantes en la franja de población con edades entre los 60 y los 70 años, el número se dispara hasta 48,1 entre los 17 y 18 años y hasta 54 entre los 19 y los 21. Este miércoles, el Reino Unido ha registrado 2.659 contagios, el cuarto día consecutivo en que la cifra supera los 2.000 casos. “Se trata simplemente de simplificar las reglas y de reforzar su cumplimiento, y sobre todo que resulten más sencillas de entender y aplicar para la policía”, ha dicho Johnson, que ha prometido tener lista cuanto antes la ley que respalde estas nuevas medidas. Junto a los nuevos poderes, el Gobierno se compromete a dotar a las ciudades de más agentes, a los que ha bautizado como covid-secure marshals (agentes de seguridad para la covid-19), para patrullar el centro y las zonas de mayor tránsito.
El primer ministro ha contado desde el primer minuto con el respaldo del líder de oposición laborista, Keir Starmer, que se ha mostrado comprensivo con el endurecimiento de las reglas, a pesar de seguir prefiriendo, ha dicho, que la policía actuara con métodos de consentimiento.
Los restaurantes y bares serán obligados a registrar detalles de contacto de todos sus clientes, y deberán preservarlos durante 21 días así como entregarlos al Servicio Nacional de Salud cuando se les requieran. Se enfrentan a multas de hasta 1.100 euros si no cumplen con las nuevas obligaciones.
Las nuevas reglas de distancia social tendrán excepciones. No se aplicarán ni a los lugares de trabajo ni a los centros escolares –los dos principales objetivos de vuelta a la normalidad establecidos por Johnson–. Y se permitirá la celebración de bodas, funerales y actividades deportivas de equipo. “Quiero que quede absolutamente claro”, ha dicho, “estas nuevas medidas no suponen otro confinamiento nacional. Su propósito último es precisamente evitar que sea necesario”.
Johnson asegura que el Reino Unido tendrá capacidad para realizar hasta 500.000 test diarios a finales de octubre, y que prepara ya “para el futuro cercano” el uso masivo de test rápidos que ayuden a identificar a las personas no infecciosas, para regresar a un tipo de vida “más normal”. Sin embargo, los retrasos y dificultades que tiene actualmente la población para hacerse pruebas en la sanidad pública se han convertido en el principal tema de enfrentamiento entre el Gobierno y los laboristas, y Downing Street ha vuelto a dar explicaciones confusas. Si el pasado martes atribuía los problemas al cuello de botella que se genera en los laboratorios, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, culpaba este miércoles a los ciudadanos que acuden a hacerse el test sin presentar síntomas de la covid-19.
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