Los abortos legales en Brasil se disparan durante la pandemia y exponen el drama de la violencia sexual

Además de desencadenar una crisis sanitaria global, la pandemia del nuevo coronavirus ha agravado la violencia de género en muchas partes del mundo. En Brasil, el aislamiento social impuesto por la cuarentena ha provocado un aumento del 40% de los casos de violencia contra la mujer, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública. La cifra incluye también un mayor número de casos de violencia sexual, lo que se plasma en los registros de los servicios de salud que atienden a las víctimas de este delito y llevan a cabo la interrupción de los embarazos contemplados por la ley —es decir, en casos de violación, riesgo de muerte materna o anencefalia del feto—. El Hospital Pérola Byington, en São Paulo, un referente en el país en este tipo de procedimientos, realizó 275 abortos legales en el primer semestre de este año. En 2019, durante el mismo periodo, se realizaron 190, de un total de 377 en todo el año pasado, según la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo.

En el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Uberlândia (UFU), en Minas Gerais, además del aumento de los procedimientos de aborto legal, también se ha registrado un mayor número de víctimas de violación que acuden al centro sanitario con una gestación avanzada. “La violencia contra la mujer ha aumentado y la gravedad de los casos es mayor, nos llegan más casos de gestación más avanzada porque las niñas y mujeres creen que, por la cuarentena, no se realiza ese servicio”, dice la médica Helena Paro, jefa del servicio de violencia sexual en el Hospital de la UFU. Durante 2019, se realizaron 19 interrupciones de embarazos contempladas por la ley. En los seis primeros meses de 2020, ya han sido 24. “Estimamos, hasta que acabe 2020, un aumento de casi el 100% con respecto al año pasado, algo que tiene que ver con la pandemia.”

Entre marzo y mayo de 2020, se produjo una reducción del 50,5% en los registros de violaciones a mujeres y violaciones de personas vulnerables del sexo femenino (niñas menores de 14 años o mujeres con alguna discapacidad intelectual) en relación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública. No obstante, los técnicos encargados del informe explican que dicha cifra “no indica la reducción de estas agresiones; al contrario, lo que quiere decir es que las víctimas no consiguen acudir a la Policía para denunciar”. Según Daniela Pedroso, miembro del Grupo de Estudios sobre el Aborto (GEA) y psicóloga que lleva más de 23 años atendiendo casos de violencia sexual y aborto legal, solo el 10% de las víctimas buscan ayuda inmediata tras una agresión sexual.

“Con un aumento del 40% de la violencia doméstica, especialmente los niños son quienes están aún más expuestos a la violencia sexual. Y sin colegio, que es un lugar de protección. El propio caso de la niña de Espírito Santo demuestra que su embarazo duró exactamente el periodo en el que estamos en cuarentena”, afirma la psicóloga, refiriéndose al caso de la niña de 10 años que tuvo que abortar tras ser violada por su tío de 33 años en la ciudad de São Mateus. “La falta de conocimiento del propio cuerpo y la dificultad de percibir el riesgo de un embarazo, sumado a las amenazas sufridas, hacen que esas niñas tengan una percepción tardía del embarazo”, explica Pedroso.

En el Hospital Pérola Byington, el 45% de las atenciones por violencia sexual son de víctimas infantiles de hasta 11 años. Entre enero y junio de este año, el centro atendió a 1.600 personas, 728 de ellas de hasta esa edad. Durante el mismo periodo del año pasado, fueron 1.954 atenciones, 855 de ellas de víctimas infantiles. “En todos los servicios, la mayoría de las víctimas son adolescentes que han sido abusadas; las niñas son minoría, pero, cuando llegan, ya están en una fase de gestación más avanzada. Primero, porque no entienden su propio cuerpo ni lo que es el embarazo”, dice Helena Paro, la jefa del servicio de violencia sexual en el Hospital de la UFU.

En el contexto de la crisis sanitaria, estas víctimas se topan con una dificultad más: el acceso limitado a los centros que realizan la interrupción legal del embarazo. De los 76 hospitales registrados en el Ministerio de Sanidad que ofrecen este procedimiento, solo 42 siguieron en funcionamiento el primer semestre de este año, y 17 de ellos informaron que suspendieron sus servicios específicamente a causa de la pandemia.

Infancias robadas

En los cuatro años que el servicio de referencia de la Universidad Federal de Uberlândia está en operación, la víctima de violencia sexual más joven que acudió embarazada tenía 11 años, y estaba de 17 semanas.

—¿Sabes cómo se quedan embarazadas las mujeres? —le preguntó la médica Helena Paro a la niña.

—No, porque eso no me lo enseñarán en el colegio hasta el año que viene.

“A veces, las niñas a las que atendemos ni siquiera menstrúan y ya son víctimas de violencia sexual. Entonces, cuando les debe llegar la primera menstruación, no les viene, porque ya están embarazadas”, lamenta la médica. Cada hora, se viola a cuatro niñas brasileñas de hasta 13 años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. La mayoría de las víctimas no tiene más de cinco años. El 90% de esos casos de violencia ocurren en casa, y el 72% de los testigos no lo denuncia. “Uno de los principales problemas es que la inmensa mayoría de las niñas y mujeres que se quedan embarazadas tras ser violadas no saben que tienen derecho a un aborto seguro, con un equipo especializado, contemplado por la ley desde 1940″, añade Paro.

A pesar de que la niña de 11 años haya sido la víctima más joven en someterse a un aborto legal en Uberlândia, no ha sido la única de esa franja de edad que ha tenido que atender el Hospital de Clínicas de la ciudad del Estado de Minas. La médica cuenta que la mayoría de las niñas que atienden se encuentra en el limbo de la adolescencia, con 13 o 14 años, desean realizar el procedimiento, pero, por influencia de sus familiares, acaban desistiendo. “No nos queda otra que respetarlo y, como sigue siendo una víctima de violencia sexual con un embarazo de riesgo, le proporcionamos toda la atención prenatal a la niña. Dos años después, muchas de esas niñas padecen trastornos mentales graves debido a esa infancia robada”.

La médica opina que la responsabilidad sobre la divulgación de los derechos de las mujeres, incluido el acceso a un aborto legal y seguro no es solo obligación del Ministerio de Salud, sino también de la cartera de Educación, que, según ella, debería incluir los derechos sexuales y reproductivos en las clases de educación sexual en las escuelas. Pero a Helena Paro no le gusta hacer abortos. Y, como ella misma dice, a ninguna mujer le gusta tener que someterse a este procedimiento.

“Querríamos que ninguna mujer tuviera que elegir. Pero cada vez que le doy el alta a una paciente que sufrió un aborto legal, siento que he salvado una vida, porque ellas mismas dicen que volvieron a vivir. Ser provida es devolverle la vida a esa mujer a la que una agresión sexual le robó su vida”, concluye.