Las feministas denuncian la falta de políticas ambiciosas ante el aumento de feminicidios en Francia

Es un dato que no gusta a nadie y preocupa a todos. Pero que, para las organizaciones de mujeres que llevan años reclamando medidas contundentes contra los feminicidios, supone una muestra más de que lo suyo no son argumentos vacíos. En 2109, 146 mujeres murieron en Francia asesinadas por sus parejas o exparejas, un 21% más que en 2018 (25 víctimas más), según los datos publicados este lunes. Y eso que el pasado fue el año de la lucha del Gobierno de Emmanuel Macron contra la violencia machista, una batalla que provocó además movilizaciones históricas en todo el país.

“La cifra de feminicidios, en neto aumento frente a 2018, demuestra hasta qué punto en Francia faltan políticas ambiciosas y financiadas para acabar con la violencia sexual”, lamentó la organización feminista Nous Toutes tras conocer los nuevos datos. Según el Estudio nacional sobre muertes violentas en el seno de la pareja de 2019 del Ministerio del Interior, el año pasado, 173 personas (16% más que en 2018) murieron en estas circunstancias, la inmensa mayoría, 146, mujeres (en España, fueron 55 las muertas por la violencia machista en 2019). Y las cifras podrían haber sido incluso peores: en total, se registraron el año pasado 268 tentativas de homicidio en el seno de la pareja.

La gran mayoría de los homicidas, el 88%, fueron hombres. El perfil del feminicida es un “hombre casado, de nacionalidad francesa, de entre 30 y 49 años y que no ejerce ninguna actividad profesional”, de acuerdo con el informe, hecho público el lunes.

El 76% de los feminicidios fueron cometidos en el domicilio de la víctima o del asesino. En el 31% de los casos tuvieron en su origen una disputa, el 20% por “una separación no aceptada”. Además de las mujeres, 25 menores perecieron también en 2019 por violencia doméstica, cuatro más que el año pasado.

Varios datos más preocupantes (aún): el 41% de las fallecidas había sido víctima con anterioridad de violencia machista y el 26% había interpuesto una denuncia. Sin embargo, solo una de las víctimas disponía de un dispositivo de protección (control judicial) y solo dos de los autores estaban bajo control judicial (las fuerzas de seguridad estaban al tanto de que eran maltratadores).

Las nuevas cifras se conocen casi a un año exacto del comienzo de una concertación organizada por el Gobierno de Macron para, durante tres meses, discutir con policías, jueces, médicos, trabajadores sociales y asociaciones de mujeres cómo mejorar la protección de las víctimas y reducir los feminicidios. El encuentro dio lugar a un catálogo de medidas presentado el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre otros, el Gobierno anunció una formación para mejorar la sensibilización de agentes y gendarmes ante la violencia machista —entre 2015 y 2016, el 80% de las denuncias fueron archivadas, según un informe oficial—, la supresión de derechos parentales de los agresores o la posibilidad de presentar una denuncia por violencia en los hospitales donde son atendidas las víctimas. El mes pasado, la Asamblea Nacional aprobó además el proyecto de ley para proteger mejor a las “víctimas de violencia conyugal”, que incluye una excepción al secreto médico en caso de “peligro inmediato” o la posibilidad de incautar un arma de fuego en caso de denuncia por violencia doméstica. Pendiente está aún de implementarse la ampliación del uso del brazalete eléctrico para casos de violencia machista, uno de los principales reclamos de los grupos feministas y que recibió el visto bueno parlamentario a finales del año pasado.

La responsable en 2019 de estas medidas como secretaria de Estado para la Igualdad, Marlène Schiappa, hoy ministra delegada para la Ciudadanía, defendió los pasos dados por el Gobierno que, afirmó, han supuesto una “revolución sobre el terreno” que ha permitido “una verdadera toma de conciencia y la movilización de toda la sociedad ante la violencia doméstica”. Su sucesora al frente de Igualdad, Elisabeth Moreno, aseguró estar “plenamente decidida y movilizada” para reducir la violencia sexista, aunque no avanzó nuevas medidas ni más medios.

Y esa es precisamente una de las grandes críticas de las organizaciones de mujeres, que el año pasado lograron una asistencia histórica de al menos 49.000 personas a la marcha anual contra la violencia machista de noviembre. Según denuncian, lo que sigue faltando es dinero y verdadera voluntad política: reclaman desde hace un año inversiones por 1.000 millones de euros para poner en marcha políticas de protección pero, sobre todo, de prevención de la violencia machista, una “herramienta imprescindible de todo cambio social amplio pero que es la gran ausente de las políticas públicas implementadas”, subraya Nous Toutes. Para las asociaciones feministas, España es el gran referente en la violencia machista, sobre todo por su Ley contra la violencia de género, que contiene muchas de las medidas que reclaman para Francia, como la ampliación sustancial de las órdenes de alejamiento (20.000 cada año en España, frente a 1.300 en Francia)

“Hemos recibido muchas palabras, pero ningún medio económico realmente a la altura”, lamentó también la presidenta de la Fundación de las Mujeres, Anne-Cécile Mailfert, para quien las nuevas cifras son “aterradoras pero no sorprendentes”.