El municipio de Los Alcázares aprueba una iniciativa legislativa para dar derechos propios al Mar Menor

El Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares aprobó este jueves una iniciativa legislativa para dotar de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, y reconocer a este ecosistema como sujeto de derechos, una medida de la que solo existen unos pocos precedentes en el mundo. El apoyo de un municipio con un censo de más de 10.000 habitantes era el requisito para llevar esta propuesta a la Asamblea regional de Murcia y ahora corresponde a la Mesa de esta cámara decidir si la admite a trámite para proceder a su tramitación como ley o incluso elevarla al Parlamento nacional.

En el arranque, el proceso para lograr algo así parece lleno de obstáculos. De hecho, la iniciativa legislativa sale del Ayuntamiento de Los Alcázares con un informe desfavorable de su propio servicio jurídico, al considerar que “queda extramuros del vigente marco normativo y fuera del alcance legislativo reconocido a la Asamblea regional”. Sin embargo, esto no ha frenado a seguir adelante al alcalde, Mario Cervera, del PSOE, que recordó en el Pleno que su municipio es uno de los más afectados por la degradación actual de la laguna, causada en gran medida por la eutrofización de sus aguas.

Ante las duras críticas de la portavoz del PP, Cristina Sánchez, que calificó de “puro postureo” y “circo” mandar a la Asamblea regional una iniciativa legislativa con el dictamen desfavorable del servicio jurídico, el alcalde defendió que de esta forma se obliga al Parlamento de Murcia “a mojarse”. “No se trata de un brindis al sol, se trata de empezar un recorrido que debió comenzar hace muchos años”, señaló Cervera, que afirmó que en caso de no considerarse competente la Asamblea regional espera que la propuesta sea enviada al Congreso en Madrid.

De solventar todos estos escollos, dotar de personalidad jurídica al Mar Menor significaría que sus representantes legales podrían acudir directamente a los tribunales para defender sus derechos, tal y como sucede hoy en día con las personas o las empresas.

Para la impulsora de la idea, Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, la aprobación de la iniciativa legislativa en Los Alcázares supone ya de por sí todo un hito. “Independientemente de lo que ocurra a partir de ahora, con este paso nos estamos sumando a la lucha internacional por reconocer los derechos de la naturaleza”, destaca esta abogada, que dice estar acostumbrada al rechazo de algunos colegas: “Esta es una figura jurídica muy nueva, es algo completamente desconocido para alguien que no haya estudiado sobre ello”, incide Vicente, que recalca que el Derecho moderno también excluyó antes a los niños o las mujeres.

Si bien nunca se ha hecho nada parecido en España o Europa, existen precedentes en otras partes del mundo. En Colombia, la Corte Constitucional resolvió en 2016 reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos. Y dos años después, en 2018, la Corte Suprema de este mismo país se basó en esa misma sentencia para reconocer también a la Amazonia colombiana como entidad “sujeto de derechos”, ante el alarmante incremento de la deforestación en la región. En Nueva Zelanda, el Parlamento del país reconoció en 2017 la personalidad jurídica del río Whanganui a través de la Ley Te Awa Tupua.

Sin tener el éxito de los ejemplos anteriores, uno de los casos más parecidos al del Mar Menor es el del lago Erie, el cuarto en tamaño de los Grandes Lagos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Con graves problemas de eutrofización y de algas tóxicas, en 2019 el municipio estadounidense de Toledo (Ohio) sacó adelante un referéndum para dar derechos a este humedal, por primera vez en EE UU. Sin embargo, de forma posterior un juez invalidó la Declaración de derechos aprobada al considerarla “inconstitucionalmente vaga y exceder el poder del Gobierno municipal en Ohio”.