“No nos vamos a ir de nuestras casas, pero tampoco le vamos a pagar el doble a un fondo buitre”
El informe del relator especial de Naciones Unidas alerta del “aumento sustancial” de los alquileres adquiridos por sociedades de inversión en España
La fachada del edificio de Marco Antonio Trillo Fernández está repleta de cinta aislante y restos de cartulina. Desde que Fidere, filial de Blackstone en España, compró la urbanización de Juan Gris 4, en Torrejón de Ardoz (Madrid), un par de veces por semana dos de los más de 200 vecinos afectados cuelgan pancartas para denunciar las cláusulas abusivas y las condiciones del contrato que proponía la sociedad: estas antiguas viviendas de protección social de 426 euros mensuales pasarían a costar 860 euros, con gastos de comunidad, IBI y seguros aparte. “Stop abusos” o “Fidere nos roba” son las proclamas colocadas por los vecinos y retiradas semana tras semana por el nuevo conserje.
“No nos vamos a ir de nuestras casas pero tampoco le vamos a pagar el doble a un fondo buitre. Somos familias humildes y lo que nos proponen es abusivo”, critica el mileurista. Esta realidad preocupa especialmente al relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, quien en el informe sobre la pobreza extrema y derechos humanos en España publicado este lunes critica la falta de medidas del Gobierno ante el “aumento sustancial” de los alquileres adquiridos por sociedades de inversión.
“Nadie nos da opciones ni negocia con nosotros”, reclama el madrileño de 35 años. Trillo y su hijo de 11 años llevan viviendo en este piso de 55 metros cuadrados desde 2015, pagando un alquiler de 426 euros inicialmente, que ha aumentado hasta 536 en julio de 2019. Fue entonces cuando les llegó un burofax de Fidere anunciando el cambio de contrato. Esta compañía adquirió también otras cinco urbanizaciones en el municipio madrileño. “Básicamente, lo que te decía el comunicado era: o pagas el doble o te invitamos a salir de tu hogar”, ironiza el que también es portavoz de Bloques en Lucha de Torrejón. Desde entonces, los 44 vecinos “en lucha activa” por recuperar las condiciones de la vivienda han seguido pagando el importe de la última mensualidad a través de Correos o los juzgados, cada principio de mes. Otros se han ido o han aceptado las nuevas condiciones. “No somos ni okupas ni morosos, simplemente no podemos pagar una subida del 100%”, reconoce.
“El caso de Marco es uno de muchos”, asegura Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quien lamenta no tener acceso a un censo oficial de afectados. “A partir de 2013 las Administraciones públicas empezaron a deshacerse de los parques de vivienda social y por eso hoy Blackstone es el mayor casero de España”, critica. Al adquirir las propiedades asequibles de protección social e imponer “el doble o triple” del alquiler, se produce lo que Jacinto denomina desahucios silenciosos: “No requieren de autorización judicial pero de facto tienen el mismo resultado: gente que, fruto de la presión de estos grupos acaba abandonando su vivienda”. Fidere niega estas acusaciones e incide en que el régimen de vivienda protegida de los inmuebles de Torrejón finalizó en el verano de 2016. Además, la sociedad matiza que la subida del 100% será gradual en los próximos cuatro años.
El 24% de la población estaba afectada por la exclusión en materia de vivienda en 2018 y 4,6 millones de personas habitaban una vivienda inadecuada, según el informe. El índice de la asequibilidad de la vivienda de alquiler privada en España es, además, uno de los más bajos de la OCDE. Para el relator, un país en el que más del 38% de las personas que alquilan a precio de mercado encuentran una “carga excesiva” en el pago mensual es un país en el que “se ha hecho muy poco para garantizar el derecho a la vivienda”. Alston señalaba también que las viviendas sociales son casi inexistentes (el 2,5% del parque nacional, frente al 30% en Holanda o el 16,8% en Francia).
En la urbanización de Torrejón decenas de vecinos aprovechan el calor de la tarde en la piscina. Toñi Penín García, de 63 años, sale del agua y saluda a Trillo. “¿Qué? ¿Cómo lo llevas?”. Este se encoge de hombros y sonríe. Se reconocen cansados. “Es muy duro pelear por algo que debería de ser ilegal”, dice Penín, “Pero mi marido y yo hemos trabajado mucho para regalarle nuestro dinero a esta gente”. Ella es la encargada de coser las pancartas y “la energía” del grupo. “Aunque es injusto y desgaste no nos van a echar”, sentencia.
Paula Soto Montero, 32 años, sin embargo, no pudo con la presión. Cinco meses después de recibir el aviso de cambio de contrato dejó el piso y volvió a vivir a casa de sus padres con su hijo, entonces de un año y medio. “En cuanto vi que los demás iban recibiendo demandas y que me llegaban amenazas de desahucios, empecé a sufrir cuadros de ansiedad y a pasarlo verdaderamente mal”, cuenta. Es mileurista y los 530 euros mensuales “ya eran un esfuerzo”. Cuando comunicó a Fidere que dejaba la vivienda, se interesaron por su caso. Al conocerlo, asegura, le ofrecieron seguir pagando la misma cantidad durante un año más. “Pero tuve que negarme, no era justo para mis vecinos”. Ahora, un año después, busca piso para mudarse con su nueva pareja y su hijo. “Pero la cosa no está fácil”, lamenta.
Para Enrique Quintana Romero tampoco lo es. Hace tres años que vive con su mujer y su hijo de 12 años, en un piso para familias vulnerables en la calle de Honrubia (Vallecas, Madrid). Dada la enfermedad rara que padece su hijo, Quintana es el único que puede trabajar. La familia vive apenas con su sueldo: 1.080 euros. El edificio fue adquirido también por Blackstone y el nuevo contrato le pide un alquiler de 750 euros, 220 euros más que el mes anterior. “Es inviable. Nos quieren echar de un plumazo”, explica el hombre, de 47 años. Los vecinos de su edificio también se han organizado para continuar pagando los alquileres previos al cambio de contrato y “peleando por sus casas”: “Yo quiero negociar. No creo que Blackstone vaya a quebrar porque nos hagan contratos más decentes”.
