Una causa de explotación sexual de menores conmociona a Uruguay

Invitaciones a fiestas, viajes en yate, drogas, ropa, perfumes y dinero a adolescentes a cambio de sexo. La ‘Operación Océano’ que investiga la presunta explotación sexual de menores en Uruguay cuenta hasta ahora con seis denunciantes y 21 imputados. La Justicia no descarta ampliar la lista de sospechosos, en la que figuran, entre otros, un exjuez, empresarios, abogados, profesores y arquitectos de distintas nacionalidades.

El escándalo que conmociona a Uruguay saltó a la luz el pasado marzo, tras la aparición del cadáver de una adolescente de 18 años en la desembocadura del arroyo Solís Chico, en el departamento de Canelones. La joven estaba en paradero desconocido desde hacía cuatro días. Al investigar su muerte, las autoridades descubrieron que en 2019 había denunciado al exjuez de menores Washington Balliva por explotación sexual.

La causa pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales e interviene también la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, ya que las autoridades buscan a un ciudadano argentino y a uno brasileño por su supuesta participación en los abusos. Hasta la fecha, la Fiscalía ha reunido las denuncias de seis víctimas. Sospechan que las menores eran captadas en redes sociales y posteriormente explotadas sexualmente. El pago podía ser dinero en metálico pero también drogas e invitaciones a salidas exclusivas. La Fiscalía no tiene pruebas por ahora de la existencia de una red delictiva, aunque no la descarta. Sí ha encontrado vínculos entre las jóvenes que le han permitido llegar a los acusados.

El último imputado ha sido el empresario argentino Ricardo Orestes Cirios, de 63 años. Cirio, quien dirigió un colegio privado cerca de Punta del Este, está acusado de "reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

Por intermediación de su abogado, Cirios ha reconocido su relación con una de las adolescentes, pero alega haber sido “engañado” sobre su edad. Los investigadores buscan pistas en los teléfonos celulares, ya que muchos de los imputados abusaba de más de una víctima.

La mayoría de imputados son acusados del mismo delito que Cirios, aunque la Fiscalía ha presentado cargos por presunto proxenetismo contra dos empresarios. Según el relato de una de las víctimas que consta en la acusación difundida por la Fiscalía, el proxeneta la obligaba a mantener relaciones con él siempre que quería, trabajaba “todos los días, todo el día”, la perseguía y escuchaba sus conversaciones telefónicas.

“No me sorprendió la magnitud porque intuíamos desde hace tiempo la existencia de este fenómeno y la profundidad”, declaró la semana pasada el jefe de los fiscales uruguayos, Jorge Díaz, al referirse a la investigación en curso. En Uruguay se radican cerca de 350 denuncias por explotación sexual de menores al año.