La juez sienta en el banquillo a los 18 acusados del vertedero pirata de Chiloeches que salió ardiendo

Casi cuatro años después del incendio tóxico de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara), los 18 presuntos responsables de la gestión ilegal de miles de toneladas de desechos y de aquel fuego se preparan para sentarse en el banquillo de los acusados. La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Guadalajara, Cristina Vicenta Guerra, ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral contra estas 18 personas, entre las que figuran el exalcalde de Chiloeches César Urrea (PP) y el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio David González (PSOE). La juez considera que los acusados han incurrido en delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio, lesiones imprudentes y prevaricación medioambiental. Y la fiscal del caso, Patricia Vilela, ha solicitado penas de más de 144 años de prisión para el conjunto de los imputados, según los escritos a los que ha accedido EL PAÍS.

El de Chiloeches es uno de los ejemplos más claros del descontrol de la gestión de los residuos tóxicos en España. Durante una década, desde 2006, los propietarios y gestores de la planta —a través de sus empresas KUK Medioambiente SL y Grupo Layna Tratamiento de Residuos SL— operaron sin licencia municipal y sin una autorización ambiental en regla. Pese a los vertidos e irregularidades flagrantes en la gestión de la planta detectados en varias inspecciones, las instalaciones siguieron funcionando por la “dejación deliberada de sus responsabilidades en materia de prevención e impacto ambiental” de varios funcionarios y altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Pero en 2015 los cinco propietarios y gestores de las dos empresas —para los que el ministerio público pide entre 14 y 19 años de prisión para cada uno— dieron un paso más. Se dedicaron supuestamente a recibir en Chiloeches “ingentes cantidades de residuos peligrosos a los que, sin darles el preceptivo tratamiento y valorización a los mismos, fueron mezclando con residuos no peligrosos”, explica la fiscal. Luego, cargaban en camiones los residuos peligrosos camuflados y los llevaban al vertedero de desechos de la construcción de Salmedina, en Valdemingómez (Madrid). Esas instalaciones no están autorizadas a recibir basuras tóxicas y, según la Fiscalía, sus responsables sabían de la ilegalidad, por lo que pide nueve de años de cárcel para el gerente del vertedero.

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En 2016 la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil abrió una investigación sobre esas prácticas. Y determinó que entre abril de 2015 y marzo de 2016 llegaron al vertedero madrileño de Salmedina “bajo el falso concepto de residuos de construcción y demolición” procedentes del Grupo Layna “unas 54.421 toneladas de residuos”. Los agentes consideraron que los desechos peligrosos procedían de la industria farmacéutica, la limpieza en seco y la fabricación de tintes, pinturas, adhesivos, perfumes y pesticidas.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Chiloeches, que desde 2015 gobernaba Podemos tras desalojar al PP, cambió de actitud y ordenó la clausura de la planta. Las investigaciones de la Guardia Civil avanzaban y el cerco municipal se estrechaba cuando, en agosto de 2016, la planta salió ardiendo. El fuego, resalta la Fiscalía, fue “provocado de forma intencionada”, según concluyó el Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El incendio supuso emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, además de la contaminación de suelos y un río cercano. En total, la juez instructora del caso cifra en 14,9 millones la responsabilidad civil en este caso. Y las mayores sumas se corresponden con lo que tuvieron que desembolsar las Administraciones, fundamentalmente la Junta, para descontaminar la zona y retirar los residuos tras el incendio de agosto de 2016.

Las mayores solicitudes de penas son para los responsables de las empresas que gestionaban la planta, a los que la juez acusa de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio y lesiones imprudentes.

A los responsables de la Administración que permitieron operar la planta desde 2006 se les acusa de prevaricación ambiental. El exviceconsejero de Medio Ambiente —que dimitió cuando se descubrió que había tenido una relación laboral con una de las empresas implicadas— se enfrenta a tres años de prisión. La Fiscalía le acusa de ser “plenamente conocedor de los incumplimientos contumaces” de la planta y de “la ilegal gestión y tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos” que se hacía. Y, pese a todo, autorizó que llegaran más tipos de residuos tóxicos. El exalcalde se enfrenta a la petición de cinco años. La Fiscalía le acusa de haber permitido “la normal explotación de la actividad industrial potencialmente peligrosa a lo largo del tiempo” pese a conocer todas las irregularidades y la falta de permisos municipales de la instalación.