La muerte de un hombre en custodia policial indigna a México

Giovanni López fue detenido el pasado 4 de mayo por la policía municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos, un pueblo a 40 kilómetros de Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco. Al día siguiente, cuando su familia fue a buscarlo a la comisaría, Giovanni había muerto. El parte médico indica que falleció por un traumatismo craneoencefálico, una disfunción cerebral ocasionada por un golpe violento en la cabeza. En este caso, mientras permanecía bajo custodia policial. La familia denuncia que el cuerpo presentaba otras lesiones y un balazo en el pie izquierdo. López, que tenía 30 años, fue detenido presuntamente por no utilizar un cubrebocas en la vía pública. Su muerte –y el vídeo de su detención por la fuerza de al menos 10 uniformados– fue publicado un mes más tarde, después de que la familia denunciara que las autoridades no habían iniciado una investigación.

“¡Miren cómo lo traen!, estaba sentado aquí porque no trae cubrebocas”, grita desesperada una mujer mientras los policías suben a López a una camioneta de la policía municipal. El hermano de Giovanni, Christian López, filma la detención mientras cruza insultos con uno de los uniformados. Su vídeo se viralizó el miércoles, en medio del eco global que han tenido las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que murió en el Estado de Minneapolis tras haber sido asfixiado por un policía. La muerte de Giovanni López ha indignado a México que, al igual que su vecino del norte, tiene un largo y oscuro historial de abusos policiales.

El jueves por la tarde, un grupo de manifestantes se convocó en el Parque Revolución, en el centro de Guadalajara, para marchar hacia la sede de Gobierno del Estado en protesta por la muerte de López. Frente al edificio, algunos de los asistentes incendiaron al menos dos vehículos de la policía y realizaron pintadas en la fachada del Palacio de Gobierno con denuncias contra las autoridades estatales y las fuerzas del orden. La policía dispersó a los manifestantes con bombas de gas lacrimógeno cuando un grupo intentó entrar por la fuerza a la sede de Gobierno.

A un mes de los hechos, las autoridades todavía no han aclarado el motivo de la detención de López y los policías involucrados no han sido despedidos ni llamados a declarar, según ha informado el Gobierno estatal. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, ha descartado la tesis de que López fue detenido por no llevar una mascarilla porque este motivo no figura en los informes policiales. “[Los reportes] solo hacen referencia a la detención administrativa de una persona agresiva”, dijo Solís Gómez la noche del miércoles en una conferencia de prensa. “Lo primero sería establecer con claridad que se cuenta con un informe que hace la diferencia de cómo se realizaron los actos”.

Según ha denunciado la familia, el presidente municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, del PRI, les ofreció 200.000 pesos (poco menos de 10.000 dólares) a cambio de no hacer público el vídeo. También les dijo, siempre de acuerdo al relato familiar, que debían elegir entre el dinero y la muerte. Cervantes Aguilar, que había guardado silencio en los últimos días, aseguró este jueves en una entrevista radiofónica que la policía investigadora que lleva el caso le “sugirió” no alejar de la fuerza a los agentes involucrados. Cuando se le preguntó quién le había hecho la sugerencia, aseguró que no conocía a quienes se lo pidieron. El alcalde de Ixtlahuacán de Los Membrillos también se limitó a negar las acusaciones de la familia en una entrevista con un medio local, y dijo que “no ha preguntado mucho para no entorpecer la investigación". Una actitud que también ha levantado críticas porque las policías locales de Jalisco son señaladas constantemente de estas coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una poderosa organización criminal que manipula los cuerpos policiales para resolver rencillas locales.

Otra de las autoridades señaladas es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha sido duramente criticado por sus estrictas medidas de aislamiento para mitigar la pandemia y por utilizar la fuerza pública para hacerlas cumplir. Jalisco fue uno de los pocos Estados de México que impuso una cuarentena obligatoria el pasado 20 de abril, pero el uso del cubrebocas es obligatorio desde el 18 de mayo –dos semanas después de la muerte de López–, tras anunciar la reapertura parcial de algunas actividades económicas. Este jueves a mediodía, Alfaro salió a aclarar que la muerte de López era una “atrocidad” de la cual tanto la policía como las autoridades municipales eran responsables. “No hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos”, justificó en Twitter. También defendió la teoría de que López había sido arrestado por agredir a la policía, pero quiso aclarar: “No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató”.

Cuando Alfaro anunció la desescalada en su Estado, dijo que algunas medidas de distanciamiento social tendrían carácter obligatorio y que “la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir”. El caso de López no es el primero de abuso policial que trasciende en Jalisco en los últimos meses.

Giovanni López trabajaba como albañil y murió el 5 de mayo después de ser trasladado de la penitenciaria al servicio médico municipal. “Se nos pasó la mano”, es la frase con la que le explicaron a la tía de López que su sobrino terminó en un hospital. Su detención en una calle comercial mientras iba a cenar con su familia ha indignado a un país en el que, según la última encuesta sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi el 90% de la población desconfía de la policía. Las redes sociales en México han estallado con denuncias sobre la impunidad con la que fue asesinado en medio de una pandemia que ayer registró más de mil muertes para rebasar los 11.700 fallecidos.