“La razón de dos semanas por fase no es ni política ni económica, es sanitaria”

Las fases que guían el camino hacia la denominada “nueva normalidad” no están escritas en piedra. Desde casi el primer momento en el que se propusieron se han ido modificando, flexibilizando y matizando para adaptarlas a la evolución de la epidemia de covid-19 en cada territorio. La senda no iba a terminar hasta julio, pero puede que acabe antes en algunas provincias, según las conclusiones de la reunión de presidentes del pasado domingo. Varios expertos consultados piden cautela si se acelera la hoja de ruta, algo que supeditan, en todo caso, a un refuerzo a los sistemas de vigilancia y a una bajada sostenida de las estadísticas.

La idea inicial era que las unidades territoriales permaneciera en cada una de las fases 14 días. No es un número caprichoso, es el tiempo de incubación máximo del coronavirus; es el periodo que los expertos necesitan para comprobar si las medidas de flexibilización de la cuarentena tuvieron consecuencias negativas en la propagación del patógeno. Si no las hay, se avanza. Si se detectan rebrotes, se permanece en la misma fase, o incluso se retrocede. Esto ha sucedido en Totana (Murcia) y Valencia, que ante un aumento de casos, han decidido frenar el cambio de fase que tenían previsto.

Pero las complicaciones políticas para mantener mucho más tiempo el estado de alarma, la herramienta que ha elegido el Gobierno para controlar las fases, han hecho que Sanidad se muestre abierta a acelerar los pasos. “En principio se mantiene el criterio, pero se irá estudiando la evolución epidemiológica de cada unidad territorial y se irá valorando”, explica una portavoz del ministerio. También estuvo sobre la mesa en la conferencia de presidentes una medida encabezada por el gallego, Alberto Núñez Feijoó, para anticipar también la movilidad entre provincias, algo que a priori está reservado para la “nueva normalidad”. “Esto no se está estudiando”, señalan las mismas fuentes.

EL PAÍS ha preguntado a media docena de especialistas en salud pública para consultar si, más allá del plano político y económico, acelerar el cambio de fase es aconsejable desde un punto de vista epidemiológico. No hay unanimidad. Algunos creen que es asumible. “Tiene sentido sanitario si se cumplen algunos requisitos: la evolución de la incidencia de la infección debe ser día a día descendente, debe haber garantía de verificación de la estadística y de la disponibilidad real de capacidad de recursos humanos y tecnológicos para la detección precoz de casos positivos y rastreo de contactos. Es un puzle que debe funcionar a la perfección, porque hay que ir con pies de plomo”, subraya José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Otro requisito que habría que cumplir, en su opinión, es una mayor transparencia de los planes de las comunidades autónomas. “No sabemos con exactitud sus programas para rastrear casos”, añade.

Otras voces son más tajantes en contra del cambio de fases. Es el caso de Joan Ramón Villalbí, miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas): “Desde el principio nos pareció prudente que se evaluase el cambio de fases cada 14 días y nada ha cambiado. Ya estaba contemplado que para avanzar se extremase la vigilancia y los casos fueran muy bajos”. En el mismo sentido se manifiesta Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud: “No deben apresurarse las fases establecidas porque la razón de dos semanas no es ni política ni económica, es sanitaria. Es el tiempo para poder detectar un repunte de la enfermedad que genere la amenaza de volver a la transmisión comunitaria”. Acuña se ha manifestado desde el principio favorable a una desescalada asimétrica por territorios. “Es importante no quemar etapas por presiones políticas y económicas”, concluye.

Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, recuerda que las fases son “un poco arbitrarias” y se determinaron por el desconocimiento que había de qué medidas podían producir un rebrote. Otra razón para ponerlas en marcha, continúa, era dar tiempo a que se pusieran en marcha servicios de vigilancia epidemiológica. En su opinión, siempre que un territorio tenga a punto la capacidad de rastreo y respuesta, puede ser razonable estudiar una aceleración el avance hacia la llamada “nueva normalidad” que, recuerda, “no va a ser como la antigua”.

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