Mascarillas: de innecesarias a obligatorias en menos de dos meses
Habrá que llevar esta protección en el transporte público desde el lunes 4 de mayo
Hace menos de dos meses, las mascarillas resultaban “innecesarias”, incluso “contraproducentes”. Hace uno, comenzaban a ser algo que tener en cuenta. Pasaron a ser recomendables hace tres semanas. Y, desde el próximo lunes 4 de mayo, llevarlas en el transporte público será obligatorio. El Gobierno ha pasado por casi todas las posturas posibles con respecto a esta medida de protección, que ha generado uno de los grandes debates en esta crisis sanitaria; no solo entre los ciudadanos españoles, también entre la comunidad científica en todo el mundo.
Cuando comenzó la crisis sanitaria, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Sanidad recomendaban las mascarillas únicamente a los profesionales sanitarios, a quienes estuvieran al cuidado de enfermos y a personas con síntomas. Mientras, en los países orientales se echaban las manos a la cabeza. En sus culturas, es casi una prenda más durante el invierno para protegerse de la gripe y llevarla en público (y en ocasiones también en privado) fue la norma en los que primero recibieron al coronavirus. Varios investigadores aconsejaron que los occidentales imitasen esta prevención, pero los organismos oficiales todavía tardaron unas semanas en cambiar de postura.
Lo hicieron a medida que se fueron acumulando evidencias de que el virus se propagaba también entre personas asintomáticas. El argumento antes de eso es que no servían de nada en ellas, puesto que las más comunes sirven fundamentalmente para evitar contagiar, no para estar a salvo de ser infectado. Además, argumentaban los expertos, por un lado, podían producir una falsa sensación de seguridad y, por otro, tener un elemento extraño en la cara podía causar molestias: reajustarla, tocarla y un riesgo mayor incluso de contagio que no llevarla puesta.
Esto se mezclaba con un problema de escasez. El coronavirus sorprendió a las autoridades sin suficiente material, y el poco que había se destinaba al personal sanitario. A principios de abril, Julio García, portavoz de la Sociedad Española de Microbiología Clínica (Seimc) explicaba a EL PAÍS: “Si hubiera mascarillas disponibles y todo el mundo pudiera disfrutar de ellas, no estaría de más usarlas”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció esto de forma no explícita: “No podemos recomendar algo que no se pueda cumplir”.
El cambio de paradigma llegó oficialmente el 8 de abril. El ECDC emitió una nueva recomendación a la luz de la evidencia científica. El organismo reconoció por primera vez que son útiles para toda la población: “Puede ser una extensión a la actual práctica de llevarla para los individuos con síntomas”.
Dos días después el Ministerio de Sanidad tomó nota y recomendó llevarlas en transportes públicos y en lugares donde se pudieran producir aglomeraciones o no fuera posible mantener la distancia de seguridad. Hasta entonces, había dos tipos de mascarillas homologadas, las de mayor seguridad (FPP2 y FPP3), fundamentalmente para personal sanitario, y las quirúrgicas, que disminuyen el riesgo de que las personas que las llevan contagien a otras. Entonces el Gobierno publicó una nueva norma de homologación para crear un tercer tipo y que se pudieran fabricar a gran escala en España para evitar así problemas de suministro. Cuando entró en vigor la norma, se repartieron 10 millones en el transporte público.
Pero entonces era solo una recomendación. A partir del lunes comenzarán a ser obligatorias, como ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno. Preguntado por los periodistas por el cambio de criterio, se ha limitado a explicar lo siguiente: “Lo que hemos decidido por recomendación de las autoridades sanitarias es que, como consecuencia de una mayor actividad económica y un mayor movimiento, para poder garantizar no solo la distancia social, sino también para evitar los contagios, haya obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos a partir del 4 de mayo”.
Solo tres días antes, el miércoles, Fernando Simón, que actúa cada día como portavoz de Sanidad, había dicho que aunque eran altamente recomendables no era partidario de su obligatoriedad, ya que hay personas con problemas respiratorios a los que esta medida de protección les dificulta aún más la llegada de oxígeno. Una portavoz del ministerio ha aclarado a EL PAÍS quienes padezcan este tipo de enfermedades crónicas deben tratar de evitar el transporte público.
En opinión de Fernando Rodríguez Artalejo, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid esta nueva recomendación es sensata: “En principio se decía que no hacía falta porque no se era plenamente consciente del papel de los infectados asintomáticos a la transmisión y hoy se sabe que han contribuido a propagar la enfermedad de forma muy sustancial”. Además, añade otro factor por el que esta obligatoriedad, más allá de la recomendación, es positiva: “A veces la ciudadanía necesita orientaciones claras. Hay muchísima gente que la usa y que se siente mal cuando unas pocas personas no la llevan delante de ellos porque saben que están aumentando su riesgo. Para evitar estas situaciones que pueden ser un poco tensas, en espacios tan cerrados como el transporte público es muy razonable. Además, ayudará a entender que la mascarilla es gesto de respeto y preocupación por la salud de los demás”.
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