La crisis del coronavirus

La encrucijada de las cuatro comunidades descolgadas del acuerdo de fin de curso escolar

Andalucía y Castilla y León no descartan ahora sumarse al plan del Gobierno ante la alternativa de tener que aplicar la Lomce

Dos niños estudiando en una casa de Madrid.
Dos niños estudiando en una casa de Madrid.Carlos Rosillo / EL PAÍS

Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco, las cuatro autonomías que han manifestado que no quieren aplicar el acuerdo consensuado por el Ministerio de Educación y la mayoría de autonomías, que contempla facilitar que los alumnos pasen de curso, puedan titularse y presentarse a las pruebas de Selectividad salvo en casos muy excepcionales, se encuentran en una encrucijada. Tienen que elegir entre aplicar el contenido del pacto, que el departamento espera convertir en orden ministerial a principios de la semana que viene, o la Lomce, que establece condiciones mucho más estrictas para los alumnos en materia de repetición y obtención de los títulos: como norma general no prevé que se pueda pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y Bachillerato ni presentarse al examen de acceso a la Universidad si no se han aprobado todas las asignaturas.

La perspectiva de la enorme desventaja que la segunda opción implica para sus alumnos —que entre las cuatro comunidades suman 2,7 millones entre Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato—, provocó un cambio en el tono de Castilla y León y Andalucía: el jueves rechazaban aplicar la orden ministerial si no fijaba un máximo de asignaturas suspendidas para poder pasar de curso y titular, mientras que ayer no lo descartaban. Esperarán, afirmaron los portavoces de las consejerías de Educación de ambos territorios, a ver el contenido de la orden antes de tomar una decisión.

Un portavoz del Departamento de Educación del Gobierno vasco insistió en que sus responsables no rechazan el documento elaborado por el ministerio que dirige Isabel Celaá; lo ven positivo, pero consideran que forma parte de sus competencias y están elaborando su propio plan. Cataluña tampoco desveló qué hará finalmente, aunque en la conferencia sectorial de Educación del miércoles mostró sintonía con la solución propuesta por el Gobierno. Murcia ha rechazado, de momento, adherirse a la orden, pero su consejera, Esperanza Moreno, aseguró a este periódico que si finalmente el ministerio publica la orden sin fijar en ella un número máximo de suspenso para pasar de curso, su Ejecutivo “la acatará”. Solo Madrid dice claramente que piensa usar la Lomce para cerrar el curso.

La Junta de Andalucía dará instrucciones a los centros tras consultar a la comunidad educativa, señaló un portavoz. Las organizaciones más representativas de familias, estudiantes y profesorado se han manifestado a favor de una solución que facilite la promoción de curso. Para los docentes, contar con un listón de asignaturas suspendidas que decida la repetición simplifica la tarea, pero a pie de centro cunde la impresión de que no debería aplicarse una ley educativa pensada para la normalidad en un contexto de confinamiento. “El momento que vivimos es tremendamente excepcional, y como tal exige una visión y una adaptación muy realista a las circunstancias que están viviendo nuestros alumnos. No podemos hacer como si no pasara nada ni tampoco dar un aprobado general. La salida debería ser la misma en todas las comunidades para que haya igualdad”, afirma Carmen Torres, directora de instituto en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El ministerio ha decidido regular el final del curso mediante una orden ministerial que recogerá el acuerdo alcanzado con la mayoría de comunidades. La solución le evita ir al Congreso (como habría tenido que hacer con un decreto ley), muy fragmentado. Pero exige la unanimidad territorial para que no haya agravios entre alumnos. La orden saldrá adelante, como gran parte de las resoluciones administrativas durante la epidemia, apoyándose en el decreto del estado de alarma, a pesar de que aborda materias reguladas por una ley orgánica, señala un responsable educativo. Nadie sabe si en el futuro eso podrá ser recurrido ante los tribunales con visos de prosperar porque las Administraciones se mueven en un territorio inexplorado. Los pasos generan dudas jurídicas, admite la fuente, “pero tenemos que avanzar”.

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