Lo que ahora echamos en falta

En poco más de dos meses hemos pasado de una alerta en una remota provincia china a una crisis sanitaria global que ha obligado a confinar a un tercio de la humanidad y ha provocado una parálisis económica sin precedentes. La temida epidemia global ha llegado y ha sorprendido a España sin estructuras fuertes de salud pública capaces de dar una respuesta rápida y coordinada. En 2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública, que contempla algunas de estas estructuras, pero nunca se ha llegado a desarrollar. La ley se promulgó en octubre y en noviembre tomó posesión el Gobierno de Mariano Rajoy, que la dejó en un cajón. No solo no se ha desplegado, sino que los profesionales de este ámbito han asistido con impotencia al debilitamiento, y en algunos casos desmantelamiento, de muchos recursos de vigilancia epidemiológica y salud comunitaria.

La aprobación de una ley de salud pública fue el máximo empeño de Idelfonso Hernández, que ocupó esa dirección general cuando era titular del Ministerio de Sanidad la socialista Trinidad Jiménez. En esos tiempos todavía se hacían simulacros y planes de respuesta para diferentes escenarios de crisis. El equipo de Trinidad Jiménez había tenido que lidiar con la pandemia de la gripe A, la del virus H1N1, de modo que la ley incorporaba algunas de las enseñanzas de aquella crisis. El texto se aprobó con algunos recortes sobre el proyecto inicial por las objeciones del área económica, entre ellos uno de fundamental: la creación de una agencia estatal de salud pública. En su lugar, la norma prevé la creación de un centro estatal de salud pública que garantice una a acción coordinada con las comunidades autónomas, pero tampoco se ha creado. Tenemos una estructura sanitaria casi federal, pero no tenemos estructuras federales de gestión de las crisis.

Para Ildefonso Hernández, catedrático de salud pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, en situaciones como esta es importante tener buenos sistemas de información y planes de respuesta que permitan movilizar rápidamente los recursos disponibles. No se han desarrollado. La ley prevé incluso un registro de personal disponible susceptible de ser trasladado en caso de necesidad. Tampoco se ha desplegado. Salvador Peiró, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, sostiene que deberían haberse trasladado equipos y personal sanitario a Madrid al principio de la epidemia. Y Europa debería haber apoyado más a Italia. “No hemos sabido aprovechar la diferencia de ritmo en la extensión del virus para dar soporte a las comunidades más afectadas, en este caso Madrid y Cataluña, y preparar mientras tanto los dispositivos en el resto”.

Esa falta de agilidad ha agravado la situación. Ha habido muy poca cooperación, y no solo entre comunidades. La Generalitat catalana decretó el confinamiento de Igualada el 12 de marzo y hasta el día 25 no llegaron al hospital comarcal equipos de soporte prestados por el hospital de Bellvitge. “Las comunidades autónomas han de entender que, cuanto menos solidarias sean, más se valorará la centralización”, advierte Peiró.

La ley también prevé una red de vigilancia de salud que incluya “sistemas de alerta precoz y respuesta rápida”. El reglamento todavía no se ha aprobado. Una vigilancia más eficiente hubiera permitido, por ejemplo, dictar medidas de sellado y protección de las residencias de ancianos, donde la epidemia está haciendo estragos. La situación de colapso permanente y la naturaleza del propio modelo sanitario tampoco permiten la flexibilidad necesaria en circunstancia como esta.

Es evidente, por ejemplo, que no podemos tener tanta capacidad de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) instaladas como para atender flujos excepcionales como este, que en pocos días ha recargado el sistema con 30.000 enfermos adicionales. “No se puede tener exceso de capacidad para abordar picos de demanda imprevisibles”, sostiene José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Salud y exconsejero de Sanidad del País Vasco. “No es bueno tener capacidad ociosa, pero sí estar preparados con planes de contingencia que ahora no tenemos”.

Aproximadamente el 10% de los diagnosticados por coronavirus necesita cuidados intensivos. Datos de la OCDE indican que en España hay 9,4 camas por cada 100.000 habitantes: lejos de las 29 de Alemania, pero más que en Japón o el Reino Unido. En todo caso, las UCI son el punto crítico de esta crisis. Cada día llegan a los hospitales más de 800 nuevos enfermos que requieren cuidados intensivos y la previsión es que la cifra siga aumentando. “Una cama de críticos no se puede improvisar”, recuerda José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. “No solo se necesitan respiradores. Los pacientes pueden tener fallos renales, coronarios, necesitar diálisis. No es fácil improvisarlas en un hangar. Necesitan todo un hospital detrás”.

En Cataluña había unas 600 camas de UCI antes del coronavirus. En los últimos días se han habilitado camas en servicios de reanimación y quirófanos, hasta superar el millar. El miércoles había 1.021 infectados de coronavirus en cuidados intensivos, pero los responsables sanitarios prevén que se necesitarán con toda seguridad más de 2.000 y, en el peor escenario previsto por la Agencia Catalana de Calidad Asistencial, hasta 5.000. Cuando todas las camas disponibles estén llenas ¿qué se va a hacer con los pacientes que lleguen y necesiten ese tipo de cuidados?

“Si se elimina la atención programada, el sistema hospitalario puede expandirse, como ha hecho ahora, pero esa solo puede ser una solución a corto plazo”, advierte Repullo. Si se prolongara, a las muertes por coronavirus habría que sumar otras de las patologías habituales que también deberían evitarse

Derrumbe moral

La respuesta de los servicios de salud pública y del personal sanitario ha sido ejemplar y abnegada, pero la crisis ha puesto al descubierto los grandes descosidos de un sistema muy debilitado por los recortes. Entre 2009 y 2014 perdió un 10% del presupuesto y, según algunos informes (Funcas, CC OO), más de 30.000 profesionales. Para José Ramón Repullo, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, “el sistema ha aguantado los recortes bastante bien. Lo que ha habido es un derrumbe moral. Fue resiliente durante la crisis, pero en la recuperación se ha sentido abandonado”. José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad del País Vasco, resume la situación en una cifra: “No puede ser que en Madrid, hasta el 44,3% del personal sanitario sea temporal”.

Ocho años de desinversión repercuten en todo, desde la escasez de plantillas a la obsolescencia del utillaje y, sobre todo, provocan un cansancio inmenso. Si los servicios ya van justos de recursos con la demanda normal, lo que les llega ahora es un tsunami. No es de extrañar que a gestores sensibles como el director del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, se les escapen las lágrimas al dar cuenta de las dificultades para conseguir mascarillas y elementos de protección. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Cataluña, lo resume así: “Que en una crisis como esta no tengamos medios de protección individual crea una angustia enorme”. No es casualidad que los sanitarios figuren entre los más golpeados por la epidemia. Este viernes había ya 9.444 infectados, el 14,7% de todos los casos, lo que significa, además del riesgo y el sufrimiento personal que el contagio comporta, una merma de la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

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