Bruselas propone prohibir la entrada de ciudadanos de fuera de la UE durante 30 días

Europa se aísla y se confina para luchar contra la pandemia del coronavirus. En una primicia histórica, la Comisión Europea ha propuesto este lunes prohibir la entrada en el Viejo Continente a los ciudadanos extracomunitarios durante al menos 30 días y someter a estrictos controles a las personas que, de manera excepcional, puedan cruzar la frontera durante ese período.

La histórica medida, que se espera aprobar este martes en una cumbre europea extraordinaria, supondrá el fin temporal de cualquier viaje no imprescindible con destino a Europa, sea por tierra, mar o aire.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, ya han comunicado el veto a los líderes del G-7 durante una vídeoconferencia celebrada este lunes. El cerrojazo llega solo unos días después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, prohibiese también la entrada en su país de ciudadanos procedentes de la zona Schengen, un veto ampliado luego también a otros países europeos como Reino Unido o Irlanda.

La propuesta de Von der Leyen prevé exenciones para los ciudadanos europeos que se encuentren en estos momentos fuera de la UE; para los ciudadanos no europeos que sean residentes de larga duración en territorio comunitario; para los familiares de ciudadanos europeos; para diplomáticos y autoridades, y para personal médico e investigador. El resto de personas serán sometidos a una prohibición generalizada, salvo para casos de viajes imprescindibles.

El veto afecta, sobre todo, a los turistas de los 62 países que pueden entrar en la zona Schengen sin necesidad de visado, así como a los millones de ciudadanos de otros países que solicitan visado para una estancia de corta duración. Los socios de la zona Schengen conceden casi 14 millones de visados al año, según los datos de la Comisión Europea.

La progresiva parálisis del tráfico internacional de viajeros y la creciente aparición de restricciones y prohibiciones de entrada en numerosos países interrumpe décadas de crecimiento de la conectividad entre continentes, en particular entre Europa y América. Solo el parón del tráfico transatlántico puede afectar a más de 550 vuelos diarios y a unos 46 millones de pasajeros, según los datos de IATA.

La experiencia reciente muestra que el transporte y las relaciones internacionales se han recuperado rápidamente incluso después de hechos tan dramáticos como los atentados del 11-S en 2001, o de crisis tan profundas como la Gran Recesión de 2008. Las heridas que dejará la pandemia son difíciles de predecir, porque aún se desconoce el alcance y duración de una crisis que, además del enorme coste en vidas humanas, puede causar un importante impacto sociológico y psicológico en la conducta de millones de ciudadanos.

De momento, el frenazo en seco de las llegadas tendrá un impacto tremendo en el sector turístico y de congresos, que ya eran dos de los más afectados por la crisis. Y podría agravar aún más una crisis económica que, según los cálculos de la Comisión Europea, mermará drásticamente la riqueza de la UE durante 2020, en que se pasará de un crecimiento previsto del PIB del 1,4% a una caída del 1%.

El objetivo de la drástica medida, ha señalado Von der Leyen, es reducir de manera tajante el riesgo de contagio de un virus que hasta el 15 de marzo se había cobrado en Europa 2.316 víctimas mortales y había contagiado a más de 50.000 personas. “Cuánto menos se viaje, más podremos contener el virus”, ha justificado la presidenta de la Comisión.

Italia es hasta ahora el país que ha sufrido un mayor impacto. Pero Bruselas parte de la tesis de que, con el tiempo, “todos los Estados Miembros de la UE se verán afectados en la misma extensión” que el país transalpino. La imperiosa necesidad de frenar la expansión de la epidemia lleva a Europa a encerrarse en sí misma hasta que tenga bajo control al virus.

El cierre de la frontera exterior para los viajeros llega acompañado de un restablecimiento generalizado de los controles fronterizos dentro de la zona Schengen. España se ha sumado este lunes a la creciente lista de países miembros de esa zona que recuperan unos controles que se habían ido suprimiendo desde 1995 y que solo excepcionalmente se habían recuperado.

La crisis migratoria de 2015 ya resquebrajó en gran parte la zona Schengen, una de las mayores conquistas de la UE, junto a la moneda única, durante sus 60 años de historia. La crisis del coronavirus podría darle la puntilla a un logro tan fundamental para la UE como la libre circulación sin pasaporte de hasta 400 millones de ciudadanos de 26 países.

La Comisión Europea, que al comienzo de la epidemia alertó en contra de la reintroducción de controles fronterizos, ahora ya se conforma con preservar la libre circulación de mercancías y el paso de trabajadores transfronterizos que operen en servicios esenciales.

Bruselas ha aprobado este lunes unas directrices para mantener ese mínimo de fluidez y preservar unos rescoldos de Schengen que permitan recuperar el histórico proyecto cuando remita el impacto del coronavirus.

Las directrices señalan la necesidad de realizar “chequeos sistemáticos” en todos los puestos fronterizos del perímetro exterior de la zona Schengen, lo que incluye puertos y aeropuertos. El chequeo incluirá una verificación sobre el estado de salud del viajero, que podrá ser “primario”, es decir, una apreciación no especializada sobre síntomas visibles, o secundario, con participación de personal médico y con posibilidad de “entrevista en profundidad”, pruebas de laboratorio y repetición de la prueba de temperatura.

Las directrices también confirman la posibilidad de imponer controles dentro de la zona Schengen, de manera temporal y excepcional. Von der Leyen tan solo pide que se haga “de manera proporcional”, “sin discriminar entre nacionales y ciudadanos de otros países de la UE” y siempre en base a razones médicas relacionadas con la epidemia del Covid-19. La Comisión también recomienda que los posibles controles internos se organicen de manera que no provoquen aglomeraciones, “dado que aumentaría el riesgo de contagio”. La gran preocupación de Bruselas en estos momentos es que esos controles no obstaculicen la libre circulación de bienes. “El flujo de mercancías en la UE debe continuar para garantizar el suministro de bienes, entre ellos productos esenciales como medicamentos, pero también alimentos y componentes que nuestras fábricas necesitan", ha señalado Von der Leyen en rueda de prensa en Bruselas tras la teleconferencia del G-7.

La Comisión recuerda que no se pueden imponer controles adicionales sobre la exportación dentro del mercado interior ni exigir nuevas certificaciones para la entrada de productos ya autorizados.

Los Estados, según la Comisión, también deben “permitir y facilitar” la entrada de los llamados trabajadores transfronterizos (residentes en un país que realizan su actividad laboral en otro). No solo a los que estén empleados en el sector sanitario y alimentario, sino también a los de otros servicios esenciales como atención infantil, cuidados de la tercera edad, o personal de infraestructuras imprescindibles.

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