El Gobierno alivia el coste laboral para las empresas de los afectados por el virus y las cuarentenas forzosas

El Gobierno quiere aliviar a las empresas la factura laboral que se pueda derivar del coronavirus. Este martes el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley por el que la Seguridad Social considerará accidente laboral y no enfermedad común las bajas de afectados o por cuarentenas forzosas. Esto reduce el coste a las empresas y concede prestaciones más altas a los trabajadores. Además, ultima una moratoria en las cotizaciones para sociedades y autónomos de las zonas más afectadas. Esta medida probablemente verá la luz el jueves, así como los mecanismos de la conciliación de los padres por la suspensión de clases en regiones como Madrid o La Rioja.

El cambio favorece a las empresas y a los trabajadores, y carga de más gasto a las arcas de la Seguridad Social. Cuando un trabajador sufre un accidente laboral, cobra la baja desde el día siguiente y la prestación equivale al 75% de la base reguladora (el indicador que utiliza la Seguridad Social para calcular las ayudas y que es algo menor que el salario). Además, ese coste lo asume desde el primer momento la Seguridad Social o la mutua colaboradora correspondiente con las cotizaciones sociales que gestiona. En cambio, si un trabajador cae de baja por una enfermedad común, pierde su sueldo durante los tres primeros días, entre el cuarto y el decimoquinto la empresa le paga un 60% de la base reguladora, y desde el dieciseisavo se hacen cargo las arcas públicas.

No será la única medida que busca aliviar la carga a las empresas. La Seguridad Social, además, ultima una moratoria de tres meses para el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores autónomos de las zonas más afectadas por la epidemia (Madrid, La Rioja y áreas del País Vasco). La medida, en principio, iba a aprobarse esta mañana, pero quedó pendiente hasta el Consejo de Ministros extraordinario del jueves. La moratoria, en principio, consiste en dar un año de plazo para que quienes se acojan a ella paguen las cuotas sin intereses ni recargos.

Para conocer los detalles de las demás medidas que prepara el Ejecutivo, habrá que esperar al jueves. “Vamos a adoptar medidas que atiendan la realidad social de las familias”, declaró la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en relación con la suspensión de las clases en los colegios de Madrid, Rioja y Vitoria. La medida que el Gobierno está preparando sobre este aspecto es la más esperada después de que se anunciara el lunes en Madrid y Vitoria y este martes en La Rioja.

Tanto este mecanismo como otros para afrontar la situación se están cerrando estos días en diferentes departamentos del Gobierno. En este punto, fuentes del Ejecutivo apuntan que la vicepresidenta tercera y responsable de la política económica, Nadia Calviño, está teniendo un papel importante y será quien coordinará las medidas y vigilará que el gasto no se disparare mucho.

Otro departamento que está desarrollando un papel significativo es el Ministerio de Trabajo, donde el lunes por la mañana hubo una reunión con técnicos de los sindicatos y los empresarios, apuntaron fuentes del diálogo social, que señalan que existió un alto grado de consenso. Allí se abordaron algunas de las medidas que los sindicatos CC OO y UGT pusieron sobre la mesa y han publicado. Una de ellas es una prestación extraordinaria “de carácter excepcional y temporal” para lo padres que no puedan acudir al trabajo para cuidar de sus hijos por el cierre de centros escolares.

Ayuda a padres con hijos

Además de esta ayuda, las centrales de trabajadores reivindican bastantes más medidas. La primera es “un fondo de ayuda extraordinario” y “un decreto ley que articule un conjunto de medidas laborales y de Seguridad Social que den garantías jurídicas a las empresas y los trabajadores”. Ese fondo tendría que sufragar, entre otros costes, la ayuda para que los padres puedan conciliar.

De él también saldrían los recursos necesarios para compensar a los trabajadores que estuvieran de baja o afectados por suspensiones temporales de contratos (ERTEs) y que siguieran percibiendo el 100% de su sueldo. También reclaman que la prestación por desempleo que cobran los empleados incluidos en ERTEs no consuma el derecho a percibir una ayuda si acabaran definitivamente en el paro más tarde. Esta petición está en línea con el primer anuncio que ya hizo de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la semana pasada.

Del lado empresarial no han trascendido sus demandas al Ejecutivo. No obstante, fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que entre las peticiones que están formulando al Ejecutivo reclaman que se agilicen los periodos de negociación en los ERTEs y los trámites necesarios, especialmente para las empresas más pequeñas.

Todos estos puntos estarán sobre la mesa el jueves, cuando “el propio presidente se reúna con los agentes sociales para analizar conjuntamente un plan de choque sobre medidas económicas con el que venimos trabajando en las últimas semanas”, señaló Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La intención final es “minimizar el impacto en el conjunto de la economía y evitar la destrucción de empleo o que algunas a empresas tuvieran la tentación de hacer un ERE o despidos que no fueran deseables”, apuntó la portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

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