El Gobierno ampliará el servicio del 016 para que atienda todas las formas de violencia contra la mujer

El Gobierno quiere que el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, amplíe sus servicios y cubra todas las formas de violencia contra la mujer. Es decir, que se reforzará su cobertura y atenderá también a quienes sufran violencia doméstica o sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso y acoso laboral. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado este jueves, durante una comparecencia ante la prensa, que ya cuentan con los nuevos pliegos de contratación para adjudicar el contrato y que habrá una “mejora sustancial” en las condiciones de las trabajadoras, que ahora están sujetas a un convenio de teleoperadoras, tipo “call center”, según ha dicho la delegada. Su convenio pasará al de intervención y acción social.

Rosell ha explicado que, pese a que el contrato actual venza en junio, podría prorrogarse si para entonces no ha terminado el proceso de licitación de la nueva empresa. En el anteproyecto de ley de libertad sexual, que ha pasado por Consejo de Ministros esta semana en primera lectura, ya se recoge el compromiso de que una línea telefónica atienda a todas las víctimas de violencia. La intención es ampliar la cobertura y que el 016 comience a atender a todas las víctimas, a no ser que la ley entre en vigor antes —aún es previsible que se alargue durante meses, ya que necesita recibir los informes del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, después de lo cual tendría que pasar el trámite parlamentario—. Por el momento no está decidido si cuando comience a aplicarse la norma habrá que habilitar una nueva línea o bastará con el 016.

La delegada ha afirmado que la partida destinada a este número de teléfono ascenderá a los 1,9 millones de euros —IVA incluido—, lo cual quiere decir que el presupuesto prácticamente se duplicará, dado que el contrato actual, de carácter anual, es de 1,01 millones. Rosell ha afirmado que se contratará personal —destacó el ámbito de la psicología—, a lo que se dedicará la mayor parte del incremento, según ha anunciado. Ahora mismo hay 24 personas trabajando, incluidas las que atienden las llamadas para dar información y las asesoras jurídicas. Esta línea responderá, de esta forma, a lo establecido en el Convenio de Estambul, el pacto europeo sobre los derechos de las mujeres, que instaba a atender a todas las víctimas de violencia, algo a lo que se acoge el anteproyecto de libertad sexual, ha añadido Rosell. Además, se prevé ampliar los canales del servicio a un chat online, que pueda facilitar el contacto de adolescentes y jóvenes, así como un canal adaptado para personas con discapacidad visual.

UGT ha denunciado la precariedad de las trabajadoras del 016, con la mayoría empleadas como “gestoras telefónicas” por 1.064 euros brutos mensuales, según los datos que el sindicato ofreció a final de 2018. Si el convenio las incluyera como trabajadoras sociales o psicólogas, ganarían un 27% más, según el informe. Si dependieran directamente de la Administración pública, casi la mitad más (46%).

Protección de las víctimas mayores

La delegada ha comenzado su declaración, que realizará una vez al mes para abordar la situación de la violencia de género en España, lamentando los dos últimos asesinatos machistas, de dos mujeres que no habían presentado denuncia y que tenían más de 65 años. Se ha comprometido a impulsar, en la conferencia sectorial que se convocará este primer trimestre del año, la protección a este grupo de edad en comunidades autónomas y Ayuntamientos. También ha afirmado que se coordinará con el Imserso. Se trata del colectivo que menos denuncia y que menos protección reclama.

En esa conferencia sectorial, la intención de Igualdad es abordar también el título habilitante —documento por el que los servicios sociales pueden acreditar a una mujer como víctima de violencia de género sin necesidad de que haya denunciado—. Ha reconocido que el camino para atender a todas las víctimas de violencia ya se inició con el real decreto de 2018 con el que el anterior Gobierno impulsó la puesta en marcha de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género.